Este programa migratorio temporal responde a una directriz emitida por el presidente Barack Obama el pasado 15 de junio que le ha valido críticas de oportunismo político en pleno año electoral por parte de líderes republicanos y grupos conservadores opuestos a una reforma migratoria.
Para los grupos proinmigrantes, se trata de un “momento histórico”. La última vez que el gobierno estadounidense otorgó un alivio migratorio masivo fue con la “amnistía” de 1986 para tres millones de indocumentados, sólo que ellos recibieron la residencia permanente.
Para celebrar, varios grupos han programado mítines y talleres informativos en ciudades de costa a costa y con alta presencia de inmigrantes, en particular California, Texas, Illinois, Florida y Nueva York.
Centros de apoyo a la comunidad inmigrante en todo Estados Unidos han abierto sus puertas para ofrecer desde ayuda legal gratuita a los llamados Dreamers (soñadores), como se conoce a los estudiantes que obtendrían la residencia permanente si el Congreso aprobase finalmente la ley del Dream Act.
Dicha legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2010 pero quedó estancada en el Senado, en medio de agrias disputas partidistas sobre cómo reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos.
La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reiteró el miércoles que la directriz, conocida como “acción diferida”, no ofrece estatus legal alguno o una vía hacia la residencia permanente o ciudadanía pero los estudiantes que se acojan al programa “no serán deportados de Estados Unidos durante un período renovable de dos años, y pueden además solicitar un permiso de trabajo”.
De esta manera, y con el pago de 465 dólares, los estudiantes indocumentados podrán obtener un permiso de trabajo temporal y licencias de conducir sin temor a ser deportados.
Sin embargo, tendrán que demostrar con documentos válidos que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, que entraron a la Unión Americana cuando tenían menos de 16 años, que llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal.
Asimismo, deberán presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos.
USCIS revisará las solicitudes “caso por caso”, y los que sean rechazados -por fraude o por tener antecedentes penales, por ejemplo- serán referidos a Inmigración para su posible deportación o procesamiento judicial.
El consenso de los activistas proreforma es que este alivio migratorio es un buen primer paso mientras el Congreso negocia una solución permanente para los 11 millones de indocumentados en este país.
Redacción con información de EFE.
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