La detención de Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se da después de 53 años de militancia y 23 años de dirigencia del gremio más grande de América Latina con una plantilla de un millón 200 mil agremiados que recibía al mes alrededor de 200 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales.
Gordillo Morales sobrevivió cinco sexenios. Se encumbró en la Secretaría General en 1990 durante el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari. Ahora, otro gobierno priista, el de Enrique Peña Nieto, en el que predominan funcionarios salinistas, ordenó su aprehensión.
A 66 años de creación del SNTE y casi 30 bajo el control de Gordillo Morales, en 2007 fue declarada “presidenta vitalicia” del sindicato magisterial, cargo que se le quitó porque fue considerado ilegal, lo que no impidió que siguiera en el liderazgo manteniendo los mismos mecanismos del sindicalismo corporativo arraigado en sexenios priistas.
Así se entregaron créditos hipotecarios a la estructura sindical burocrática, se brindó atención pronta en clínicas y hospitales a los leales a la dirigencia, se les gestionó vivienda, se negociaron plazas o ascensos para los trabajadores, se crearon cacicazgos regionales y se controlaron las cuotas sindicales de alrededor de 120 millones de pesos mensuales.
El maestro Artemio Ortiz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia del sindicato oficial, denunció lo anterior y sumó el uso del gremio para fines electorales como en el 2006, cuando le brindó apoyo al panista Felipe Calderón, luego de que Andrés Manuel López Obrador rechazó su ayuda.
Gordillo Morales tenía poder económico derivado del 1% del salario que se le descuenta a los maestros por cuotas sindicales, así como por las asignaciones discrecionales de recursos a la organización y poder político que le entregó Calderón, al darle posiciones de poder a sus más cercanos colaboradores.
El poder político de la maestra le fue brindado por Calderón en 2007 al entregarle la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a Miguel Ángel Yunes, quien fue su asesor jurídico cuando fue diputada federal. O a su cuñado Fernando González, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, cuando ésta estuvo a cargo de la panista Josefina Vázquez Mota.
A través del ISSSTE, la maestra maniataba los créditos hipotecarios, complementarios o a corto plazo para los trabajadores en todo el país y decidía a quién se los entrega. Sus allegados o fieles tienen preferencia en la atención médica y sus detractores luchan por los servicios de salud y los obtienen “a presión”. Además, entregaba prebendas a dirigentes sindicales locales que controla porque sabe su negro historial y sus cuentas pendientes, acusó.
A esto, dice el maestro michoacano de la Sección 18 de la CNTE, se sumaron las negociaciones que logró con la SEP como las 400 mil computadoras que le dio en 2006 y no se repartió ninguna porque parte del dinero se jugó en las elecciones.
En 2007 se realizó la XXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE en Tijuana, Baja California, para “prorrogar la gestión de la actual dirigencia sindical del SNTE por un único periodo” que primero se dijo “indefinido”, pero luego aclaró que era hasta el 2012. En octubre de 2012 se reeligió hasta el 2018.
Criptograma Noticias, con información de Proceso.
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