En el proyecto de presupuesto 2015, Peña Nieto continúa con la reducción a ese programa pues solicita 40 millones y medio de pesos, pese a que éste funcionó al menos hasta 2013 con 263 millones, 677 mil pesos.
Este programa —inscrito en la Secretaría de Salud— busca prevenir “los procesos de discapacidad que puedan afectar a la población”, pero también atiende en los centros de rehabilitación del país a las personas con algún tipo de discapacidad, entrega recursos para formar a especialistas en la atención de las personas con discapacidad y promueve la integración social de ese grupo.
Según las Reglas de Operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación, con este programa, el gobierno federal también diseña y ejecuta “estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación al sector productivo”.
Los recursos los ejerce el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que los reparte entre los sistemas estatales y municipales y a organizaciones de la sociedad civil que apoyen en los objetivos del programa.
Sin embargo, el DIF entrega por entidad federativa un porcentaje máximo de recursos con base en el porcentaje de población con discapacidad por estado, el cual se calcula con el Censo del Población 2010, el último dato oficial sobre la Población con Discapacidad en México.
Según el censo, en México el 5.1% de la población tiene algún tipo de discapacidad —es decir, cinco millones 729 mil personas—, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos el 10% de los mexicanos presenta alguna discapacidad.
Lo anterior será uno de los temas que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad evaluará el próximo 16 y 17 de septiembre durante su sesión 146, pues organizaciones civiles han acudido a la ONU para denunciar que en el país no existen estadísticas reales sobre discapacidad, lo que, argumentan, se traduce en un problema al momento de crear e implementar políticas públicas, pues no hay certeza sobre cuál es la población objetivo.
La tabla de 2014 para la asignación de recursos del Programa de Atención a Personas con Discapacidad señala que las entidades con el porcentaje más alto de habitantes con discapacidad son: Zacatecas, Yucatán, Oaxaca y Durango. Aunque el promedio por estado es 4%.
Durante la gestión de Felipe Calderón, el programa tuvo un presupuesto promedio de 260 millones de pesos, pero con Peña Nieto, desde 2014 —y se propone que también en 2015— tiene sólo 40 millones pese a que los objetivos y población son los mismos.
Con información de Animal Político
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