Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comentó que en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados, “se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad”.
“No es momento de callar ni de olvidar”, afirmó el titular de la CNDH al presentar el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” que sugiere, entre otras cosas, la comparecencia de nueve elementos militares y la obtención de las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el Río San Juan.
“En seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en este asunto”, la comisión estimó convenientes las comparecencias de “cuatro elementos militares cuya actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública”, para precisar el contenido de los reportes generados sobre el caso.
Además sugirió la comparecencia de “los tres militares que con posterioridad acudieron a los lugares de las agresiones”, y de “dos elementos militares, uno que rendiría testimonio relacionado con actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que sucedieron los hechos y, otro, que podría rendir declaración sobre las circunstancias tangenciales”.
La Comisión advirtió en el documento “la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales y la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de Iguala”, después de la tragedia.
En total, la CNDH realizó 32 observaciones y propuestas a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y el ayuntamiento de Iguala.
A la FGE, por ejemplo, la Comisión le recomienda “determinar, en definitiva, a través de un dictamen en materia de mecánica de lesiones, el origen de las lesiones que presentó el rostro de Julio César Mondragón Fontes, “ya que existen dos peritajes contradictorios entre sí dentro del expediente”.
Familiares y compañeros del normalista fallecido denunciaron que un peritaje de la fiscalía concluyó que el desollamiento que sufrió el rostro de Mondragón se debió a la acción de "fauna nociva" y no era producto de la tortura.
“Para este organismo nacional la investigación sobre el ‘Caso Iguala’ no ha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos”, concluyó el documento presentado.
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