El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, con el que analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México en la última década.
Entre los datos a destacar, el estudio apunta que entre 2008 y 2016 se presentó un panorama mixto ya que la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas pero, al mismo tiempo, 2.9 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza extrema.
En esos 10 años se registró una reducción en la mayoría de las carencias sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas.
De las carencias antes señaladas, la que obtuvo una mayor reducción en el mismo periodo de tiempo fue la de acceso a los servicios de salud con alrededor de 24 millones de personas, seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda con 5 millones de personas menos.
Sin embargo, la carencia de acceso a la alimentación prácticamente no tuvo cambios en este periodo, producto de un incremento entre 2008 y 2010 y, posteriormente, de una reducción de casi la misma magnitud entre 2010 y 2016.
En el informe se enfoca también en el panorama económico de los mexicanos, en especial de los jóvenes de entre entre 15 y 29 años, a quienes señala con las mayores dificultades para insertarse en empleos formales. Tan solo en 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento, se encontraban en empleos informales.
Además, señala a la informalidad como una de los principales factores que afectan la economía. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo.
Por otro lado, se explicó que la situación de México revela una brecha en el acceso de los trabajadores a la seguridad social al ubicarse en niveles de informalidad laboral semejantes a los de países como Guatemala (64.9 por ciento) o Bolivia (61.4) y muy distante de la situación en países con economías semejantes, como Chile (15.5) o Brasil (22.8).
El Informe de Evaluación 2018 señala que la pobreza, si bien debe ser un tema prioritario, no debe ser la única problemática que guíe la política pública, por lo que hace un diagnóstico del ejercicio de derechos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (alimentación, educación, medio ambiente sano, salud, trabajo, seguridad social y vivienda), para lo cual examina para cada derecho tres dimensiones analíticas: acceso, disponibilidad y calidad.
De dicho diagnóstico, se encontró que en lo que respecta al derecho a la alimentación el alza en los precios de los alimentos puede ocasionar episodios en los cuales se vean afectadas la frecuencia y la cantidad de consumo de alimentos requeridos para una dieta nutritiva. Es por eso que “En México, quienes reciben los ingresos más bajos o viven en zonas rurales son los que ven más vulnerado el ejercicio de su derecho a la alimentación debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar alimentos adecuados”.
En el asunto educativo, el informe señala que que el presupuesto dirigido a la educación ha hecho posible que en el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización llegara a 98.4 por ciento en primaria y 86.2 por ciento en secundaria.
Sin embargo, la permanencia de los estudiantes de educación media y superior se ve afectada negativamente por la falta de recursos económicos en los hogares.
Este informe tiene como propósito mostrar la situación actual de México de acuerdo con los avances y los retos en la pobreza y en el ejercicio de los derechos sociales de la población. Los grupos en condición de rezago son priorizados en este informe.
Además, proporciona información de relevancia que funcione a las administraciones federales, estatales y municipales, como una guía para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno. Para luego ofrecer una serie de medidas a tomar en aspectos como medio ambiente, educación, salud, población indígena, niños y mujeres.
Por otro lado, el organismo señala que es necesario que la política pública, especialmente la de desarrollo social, tenga como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos como mecanismo principal y que, a la vez, permita cerrar las brechas económicas y sociales que todavía se observan entre diferentes grupos y generar una mayor igualdad de oportunidades.
Para la publicación de 2018, el Coneval, además de realizar mediciones de pobreza y evaluaciones a políticas y programas de desarrollo social, se ha enfocado también en otras áreas como el análisis del cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.
¿Qué propone el Coneval?
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