Otra vez hay controversia en México por el caso de de la desaparición de 43 los estudiantes de la escuela Normal Rural "Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
El juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dejó en libertad a Gildardo López Astudillo, conocido como "el Gil".
El "impartidor de justicia" desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía contra "el Gil" y, con base en el resto de evidencias, concluyó que no había elementos para condenarlo.
En la conferencia de prensa presidencial, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró que aunque la sentencia puede ser revisada por instancias superiores, se sienta "un precedente muy grave".
"Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada", declaró Encinas.
El funcionario explicó que por este caso hay 142 personas detenidas "particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como policías municipales de Iguala y de Cocula".
Asimismo, a la fecha han sido liberados 53. Muchos de ellos por irregularidades en la investigación, en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales y tortura.
Verdad histórica
Encinas Rodríguez arremetió contra la "verdad histórica" de la PGR, aquel montaje sobre la desaparición de los normalistas considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.
La versión argumentaba que los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron y después quemaron los restos en un basurero del municipio guerrerense de Cocula.
"Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas", aseguró Encinas.
El funcionario añadió que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iniciará una investigación para deslindar las responsabilidades de autoridades "donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito".
No descartó que se investigue a Tomás Zerón, que estuvo a cargo de la investigación y a Jesús Murillo Karam, quien era procurador general de la República y férreo defensor de "la verdad histórica".
Cayó la "verdad histórica
En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la "verdad histórica".
Los expertos concluyeron que "no existe ninguna evidencia" para la "verdad histórica" ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos y defensores de los derechos humanos pidieron que se continúe con otras líneas de investigación.
El caso fue reabierto por el gobierno de AMLO y puso en marcha una comisión especial.
Luis Tapia, coordinador del área jurídica del centro Prodh, que representa a los familiares de los desaparecidos, cree que "la 'verdad histórica' ya se cayó".
Tapia declaró al la BBC de Londres que ya fueron liberados desde 2018 los principales detenidos por la supuesta quema de los estudiantes, Agustín García "El Chereje" y Felipe Rodríguez "El Cepillo".
"Ahora preocupa que otros pudieran tener información relevante sobre los estudiantes por su participación en estos primeros momentos de privación ilegal de la libertad también sean liberados y uno de ellos es 'el Gil'", explicó.
Tapia cree que "el Gil" podría estar vinculado o tener información relevante sobre el paradero de los estudiantes.
"'El Gil' era una de los líderes de Guerreros Unidos y también, según unas llamadas que interceptó la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), se le menciona como una personas involucradas en el trasiego de droga entre Iguala y Chicago".
Una línea de investigación que mencionó el GIEI decía que el móvil de la agresión contra los estudiantes podía ser que éstos por error habían tomado un autobús con un cargamento de droga.
Con información de BBC
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