Cuando tomé posesión de la Presidencia de la República, el primero de diciembre del año pasado, hace 9 meses, sostuve que asumía el compromiso de convocar a los ciudadanos para emprender juntos la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Este informe nos permite explicar cómo se ha venido ejecutando la política para la transformación y ha empezado a convertirse en realidad, en práctica cotidiana.
Separación del poder político del poder económico
Ya es un hecho, por ejemplo, la separación entre el poder económico del poder político. El gobierno actual representa a ricos y a pobres, a creyentes y a libres pensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del Siglo XIX: “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
Por decisión explícita, el Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales; no se entromete en las decisiones de órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y partidos políticos.
Hacia una democracia participativa
También estamos transitando hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.
De igual modo, para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental, consideramos necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato, como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y representantes. En consecuencia, espero que en el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia, el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia.
Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y a que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el Presidente de la República.
El gobierno federal pone por encima el respeto a las libertades por sobre las prohibiciones, impulsa los comportamientos éticos y no las sanciones y respeta escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos: en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en preferencias sexuales.
Política Exterior. Recuperación de los principios y cooperación para el desarrollo como solución de raíz al fenómeno migratorio.
El Ejecutivo Federal ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y, particularmente, para las naciones hermanas de América Latina y el Caribe.
Tales lineamientos son especialmente evidentes en el caso de las naciones centroamericanas, a las que nos unen estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida.
Asimismo, hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son sin duda los fenómenos migratorios de Sur a Norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el país vecino y las expresiones de la delincuencia transnacional: el tráfico de personas y el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas.
El actual gobierno federal defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance; el principal de ellos es la red de consulados, que ya operan como defensorías de los migrantes, en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadunidenses, a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina.
Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas, reiteramos nuestra condena a ese crimen de odio motivado por el racismo y la xenofobia y reiteramos la exigencia de que se aplique el más severo castigo al responsable de este abominable suceso.
Mediante la negociación y el diálogo franco se busca involucrar, como se está haciendo, a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte centroamericano –Guatemala, Honduras y El Salvador– en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo, a fin de desactivar el fenómeno migratorio. El propósito final de esta política es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad.
Así superamos en el mes de junio la amenaza de imponer aranceles y una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia, sin violar derechos humanos y rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza y la coerción sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en su lugar de origen.
Economía moral
Se está poniendo en práctica el olvidado mandato constitucional según el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional.
Existe la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal.
La misma idea se aplicó en el Porfiriato y ello condujo a la Revolución. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es políticamente inviable y está condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales.
La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Es un hecho demostrable de que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos reiterado durante años. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, si me piden que exprese en una frase cual es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.
En este objetivo hemos avanzado mucho; por ejemplo, cuando llegamos al gobierno empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente “huachicol”. Este ilícito consiste en perforar ductos e instalar tomas clandestinas para extraer grandes cantidades de combustibles. Existían miles de esas tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. En noviembre del año pasado se robaron 80 mil barriles diarios de gasolinas, equivalente a 800 carros-tanque por día. En 2018, esta cantidad de combustible robado a la empresa Petróleos Mexicanos, significó una pérdida de alrededor de 60 mil millones de pesos. Pero nadie hacía nada por impedirlo; por el contrario, en los sexenios anteriores la Secretaría de Hacienda lo veía como algo normal y de antemano lo daba por descontado de la contabilidad pública. Y nos tocó decir “basta”.
No fue fácil, porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante tres semanas y con la activa participación de las Fuerzas Armadas hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva. Agrego que, como parte de las acciones para acabar con el huachicol, y en una de las primeras aplicaciones de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, se impulsó el empleo y el bienestar entre la gente necesitada que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles recoger de una toma clandestina un bidón de 20 litros de gasolina.
Lamento mucho que, en ese tiempo, cuando se estaba aplicando el plan contra este ilícito, ocurriera la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde la operación de una toma clandestina causó la explosión y el incendio de una zanja o canal que se cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones de diversa consideración a decenas más.
Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año.
Aprovecho también este mensaje para exponer que mediante decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Este ofensivo privilegio significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del Presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos. Solo en los dos últimos sexenios, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 213 mil millones. Asimismo, hemos propuesto al Congreso que la expedición y uso de facturas falsas para evadir impuestos se convierta en delito grave.
En apego al marco legal, el gobierno federal ha concentrado funciones y tareas de las dependencias y ha reorientado los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.
Las compras del gobierno, que equivalen a un billón de pesos, se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En estos primeros nueve meses hemos conseguido ahorros por 145 mil millones de pesos.
Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial, han llegado a su fin. El gobierno actual ha eliminado los privilegios y prebendas de que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Había en el Ejecutivo federal funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales. También se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; por ejemplo, se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo, llamadas ProMéxico, dedicadas supuestamente a la promoción del país. Algo hasta ridículo, porque en ninguna parte existen oficinas ProAlemania, ProCanadá, ProFrancia, etcétera. De igual manera se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes; se eliminó el pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos y la caja de ahorro especial para altos funcionarios; se suprimieron los viajes sin sentido al extranjero y se redujo en 50 por ciento el gasto de publicidad. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado, subsecretarios y funcionarios de nivel equivalente pueden disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignan escoltas a aquellos funcionarios que por la naturaleza de su trabajo requieren de medidas de seguridad.
Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, que contaba con ocho mil elementos, los cuales ganaban más que los militares, marinos y policías y tenían mejores prestaciones. Pues bien, esta institución mantenida por décadas, desapareció y sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para cuidar al pueblo. El actual Presidente cuenta con una ayudantía de 15 civiles y, como lo he dicho, muchas veces lo cuida la gente. Además, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.
En el Poder Ejecutivo los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones y helicópteros privados. Ya está en venta el avión presidencial y se encuentran en proceso de subasta 71 aeronaves más que estaban al servicio de altos funcionarios. La austeridad nuestra se inspira en el criterio del presidente Juárez, quien decía: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.
Otro elemento básico de nuestra política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza; el fin último es conseguir la felicidad de la gente; el crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población. Y preciso aún más: el bienestar material y el bienestar del alma.
La nueva política productiva que estamos llevando a la práctica, consta de cuatro acciones fundamentales: fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la intensificación del comercio exterior y la captación de inversión extranjera.
En cuanto al fortalecimiento de la economía popular, ha sido fundamental considerar como prioridad la recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales.
Debe considerarse que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal: abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país: tierras, aguas, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales. Son recursos en extremo valiosos si pensamos no solo en lo material. En el campo aún existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.
De manera puntual explico qué estamos haciendo:
Se entregó un apoyo económico para la siembra a 1 millón 500 mil ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; esto incluye a integrantes de comunidades indígenas y a los cultivadores de caña y de café.
Se protege de prácticas arancelarias injustas a productos agropecuarios de alta densidad económica y comercial. Así lo demuestra la reciente intervención a favor de los exportadores de tomate a Estados Unidos.
Se entregaron 147 mil toneladas de fertilizantes de manera gratuita a 270 mil productores del estado de Guerrero.
Estamos procurando aumentar el crédito al sector agropecuario por medio de la banca nacional de desarrollo, pero también a través de la banca comercial con garantías de la Hacienda Pública.
Se estableció el programa de precios de garantía para comprar alimentos básicos a los pequeños productores en almacenes y centros de acopio de Diconsa y Liconsa, del nuevo sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). Este año se fijó un precio justo de compra al maíz, el frijol, el arroz, el trigo harinero y la leche. Esto significa un aumento de 35 por ciento en las percepciones de 2 millones de pequeños y medianos productores.
Se está invirtiendo en la construcción y terminación de obras de infraestructura agrícola. Están en proceso de ejecución presas y canales de riego en los estados de Jalisco, Nuevo León Sonora, Michoacán, Nayarit y Sinaloa entre otros.
El programa de crédito ganadero a la palabra beneficia a seis mil 500 productores.
Ya inició la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sureste. La importancia de esta acción transformadora es fundamental; con ella se han creado 230 mil empleos permanentes en el curso de este año; se ha logrado arraigar a los campesinos jóvenes a la tierra, con lo que se atempera el fenómeno migratorio; se produce madera, fruta y otros alimentos; se rehabilita la selva y el bosque; se rescata y protege la flora y la fauna nativa; en fin, se siembra vida, como se llama el programa.
Estamos evitando la sobreexplotación de los mantos acuíferos mediante el impulso al crecimiento poblacional en el Sureste, que es donde se cuenta cerca del 70 por ciento del agua del país; reconvirtiendo cultivos por otros que requieren menor consumo de agua e impulsando la tecnificación y el revestimiento de la infraestructura existente de riego para aprovechar mejor los recursos hidráulicos.
Se está fomentando, con criterios de sustentabilidad, la actividad pesquera y la acuacultura. Este plan inició con el apoyo a pescadores mediante la simplificación de trámites para la obtención de permisos de pesca, con reglas claras de conservación; y ayuda económica directa.
En suma, estamos rescatando el campo del abandono al que fue condenado por la política neoliberal y una vez que se obtenga más crecimiento económico, cuando se fortalezcan las finanzas públicas, se dará un apoyo aun mayor a los productores nacionales mediante subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria, es decir, para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos.
Como complemento al fortalecimiento de la economía popular, estamos entregando créditos a la palabra con el programa Tandas para el Bienestar. Hasta el día de hoy se han otorgado 344 mil créditos, sin intereses ni papeleos, a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se ganan la vida como pueden.
Avanza en los municipios de Oaxaca la construcción de caminos de concreto; 45 de ellos están en proceso y el año próximo se abrirán 50 frentes más. Nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres, ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras, se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria.
Debe reconocerse que un factor principal para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo, con la gente y para la gente, ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto de la historia.
En cuanto a proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional, expongo aquí que, con estricto apego a criterios de sustentabilidad, hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que estarán terminados el 13 de diciembre de este año para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.
En cuanto al desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, se trabaja ya en la ampliación del puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará las costas del Océano Pacífico con las del Golfo de México. Se ha llevado a cabo la consulta a las comunidades para su aceptación e integración al proyecto, y se están atendiendo sus demandas. Tengamos presente que esta angosta franja de 230 kilómetros de nuestro territorio será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá y con mayores ventajas: tendremos disponibilidad de gasolinas y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán; se utilizarán los ductos ya existentes de Pemex para transportar gasolinas, diésel y gas; se cuenta con energía eléctrica, y a ello debe agregarse que se establecerá en el istmo una zona libre o franca. Se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios.
Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, pero afortunadamente ya se liquidaron bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. Aun con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido de que fue la mejor decisión y menciono algunas razones: en ese sitio, en el Lago de Texcoco, la terminal aérea habría estado condenada a sufrir hundimientos.
Se evitó la destrucción del Lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias; vamos a resolver la saturación del actual aeropuerto en tres años, que será menos tiempo que el que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco, con una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción, y con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México. Con este propósito estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez, la plena utilización del aeropuerto de Toluca y la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía.
Desde enero pasado se inició el programa de la zona libre o franca a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esa franja se redujo el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento; el IVA pasó de 16 al 8 por ciento; los combustibles se abarataron y aumentó al doble el salario mínimo.
Se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad, y se obtuvo la concesión para ofrecer servicio de Internet sin fines de lucro en todo el país. El mes próximo comenzarán los trabajos para comunicar por este medio a 13 mil 500 centros integradores de servicios y a 166 mil pueblos marginados del país.
Es un orgullo informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo. En 2018 esa producción disminuyó en 200 mil barriles diarios y en 9 meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción; por el contrario, en diciembre contaremos con 50 mil barriles diarios adicionales. También se están rehabilitando las seis refinerías del país y, en lo que va del presente año, la producción de estas plantas aumentó del 32 al 42 por ciento de su capacidad. Asimismo, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
En materia de obra pública estamos dando prioridad a la conservación de infraestructura y a la terminación de obras en proceso. La inversión para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales es de 42 mil 500 millones de pesos; de este monto, 20 mil millones se destinan a la conservación de la red de carreteras del país, algo que nunca había sucedido. Concluyó la construcción del Túnel Emisor Oriente, que tomó terminarlo más de 10 años y significó una inversión total de 32 mil 189 millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una buena parte del Valle de México. También se terminará este año el Tren Ligero de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca-Ciudad de México.
La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria y es una realidad. Informo que la Comisión Federal de Electricidad llegó a un arreglo con las empresas nacionales y extranjeras que construyeron ductos para el transporte de gas. Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares para la CFE. Se logró, de esta manera, evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del particular, por legítimo que éste sea. Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo, destaco la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Con este arreglo queda garantizado para los próximos 20 años el abasto de gas, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de México.
En cuanto a la llegada de inversión extranjera, vamos bien. En los primeros seis meses de este año se captaron 18 mil millones de dólares, la cifra semestral más alta de la historia.
Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y consideramos que se aprobará en el Congreso de ese país y en el de Canadá el nuevo tratado comercial, con lo que se fortalecerá la economía de América del Norte.
En el segundo trimestre del año, el país obtuvo un superávit de 5 mil 143 millones de dólares en su cuenta corriente, el mayor desde que se iniciaron los registros en 1980. En julio las exportaciones llegaron a más de 39 mil millones de dólares, un incremento en relación con el mismo mes del año pasado del 7 por ciento.
La nueva política económica significa mantener finanzas públicas equilibradas, sanas y no deficitarias. Al cierre de este año vamos a cumplir con la meta de superávit primario del 1 por ciento del Producto Interno Bruto.
Informo de manera puntual que no hemos aumentado impuestos en términos reales y que no se han creado nuevos gravámenes. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. En julio la inflación anual fue de 3.8 por ciento, la más baja desde diciembre del 2016. No han aumentado, en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad.
Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso ha resistido fuertes presiones externas y se ha mantenido estable en relación con el dólar, mientras que la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado.
De diciembre de 2018 a julio de 2019, las reservas internacionales han crecido en 54 mil 200 millones de dólares.
En julio el índice de confianza del consumidor se ubicó en 104 puntos, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 10 años. Ese mismo mes las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento del 1.2 por ciento en las ventas en relación con el mismo mes del año pasado.
La Bolsa de Valores se ha mantenido estable. En el tiempo que llevamos en el gobierno, ha aumentado en 2 por ciento.
Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 2.6 por ciento en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso; es decir, hay más desarrollo y bienestar.
Construir un país con bienestar
El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que, en 2024, tengamos una sociedad mejor, que la población esté viviendo en un entorno de bienestar.
Vuelvo a proclamar: por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no sólo eso; sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad ni paz social. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos.
De manera resumida informo lo siguiente: En los primeros siete meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que, en conjunto, superan el millón de empleos adicionales.
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es una realidad; hasta hoy están trabajando como aprendices 930 mil jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis: porque “ni estudian ni trabajan”, así los siguen describiendo algunos, hasta la fecha, de manera despectiva. El próximo año, o a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio. Nunca más se les dará la espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido.
El salario mínimo aumentó este año en 16 por ciento, como nunca, en 36 años de neoliberalismo y según el Seguro Social, en julio el promedio del salario obtenido por los afiliados en esa institución fue de 11 mil 580 pesos mensuales, la cantidad más alta registrada en toda la historia.
Ocho millones de adultos mayores, el 94 por ciento del total, han recibido sus pensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; y ahora este apoyo es universal; es decir, se convirtió en un derecho de todos.
790 mil personas con discapacidad reciben también una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales; este programa beneficia en especial a las niñas y niños pobres del país. Pronto llegaremos a un millón de beneficiarios.
223 mil niñas y niños de lo que eran las estancias infantiles reciben su beca de manera directa, sin intermediarios, de mil 600 pesos bimestrales.
6 millones 200 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias pobres están recibiendo becas de mil 600 pesos bimestrales.
Se otorgan becas a todos los estudiantes de nivel medio superior del país; hasta el día de hoy han recibido este beneficio 3 millones 500 mil estudiantes.
También reciben becas de 2 mil 400 pesos mensuales 300 mil estudiantes universitarios de familias pobres.
En total, están recibiendo becas en todos los niveles escolares 10 millones 90 mil estudiantes, lo que significa una inversión en el año de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México.
Todos los recursos que entrega el gobierno mediante los programas sociales y de bienestar, llegan directamente a los beneficiarios. Así se evitan la intermediación, el clientelismo, el famoso “moche” y la corrupción.
Ya se canceló la mal llamada reforma educativa y estamos dialogando con maestros y padres de familia para mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de escolaridad.
Con el nuevo ciclo escolar comenzó el programa La Escuela es Nuestra que consiste en entregar el presupuesto para la construcción, reparación de aulas y mantenimiento de las escuelas públicas, a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAPs), formados por alumnos, maestros y madres y padres de familia de cada plantel educativo. Se va a hacer de manera directa, sin intermediarios, –ya sean dependencias burocráticas u organizaciones civiles– y sin trámites engorrosos.
Con ese propósito, desde este fin de semana se están celebrando 26 mil asambleas de padres de familia y maestros para la formación de esos comités.
Ya se abrieron 100 universidades públicas y gratuitas del Sistema Educativo Benito Juárez en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian 39 mil 170 jóvenes y trabajan 815 maestros.
Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica, el fomento a la lectura y el Fondo de Cultura Económica ha editado 23 libros de grandes escritores con un tiraje de 40 mil cada uno, llegando a un total de 920 mil; dichos libros se venden a precios accesibles que van de los 9 a 20 pesos. Asimismo, se reimprimieron 8 millones 500 mil ejemplares de la Cartilla Moral, escrita por Alfonso Reyes.
El CONACYT incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales de los que ya las recibían.
Se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar a fin de remplazar al llamado Seguro Popular. Se garantizará lo más pronto posible el derecho a la salud a toda la población, con prioridad para quienes no tienen seguridad social. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar está empezando a resolver cuatro demandas básicas: que haya abasto de todos los medicamentos hasta en las unidades médicas y centros de salud ubicados en las comunidades más apartadas del país; hemos comentado sobre esto que, si los refrescos industriales y los alimentos chatarra se distribuyen en todo el territorio nacional, es injustificable que no ocurra otro tanto con las medicinas.
Otras tareas pendientes son la asignación de los médicos, enfermeras y paramédicos en todas las poblaciones; rehabilitar y ampliar la infraestructura de salud, incluido el mejoramiento de equipos médicos, y la basificación de más de 80 mil trabajadores que han sido contratados como eventuales y por honorarios. El sector salud tendrá un incremento de 40 mil millones de pesos para financiar las acciones destinadas a mejorar la atención médica y a garantizar la gratuidad en los medicamentos.
La delegación de atletas que nos representó en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, celebrados del 26 de julio al 11 de agosto, logró 136 medallas: 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, el mayor número obtenido en competencia fuera de México. A los 544 atletas y a sus entrenadores se les otorgaron apoyos económicos por un año. Lo mismo haremos con los deportistas de la delegación que nos representan en los Para-panamericanos que hasta hoy han conseguido 55 medallas de oro (un récord histórico), 58 de plata y 45 de bronce, 158 en total. Los recursos que se entregan a los deportistas y a los pueblos más pobres de México, se obtienen de la venta de bienes incautados a la delincuencia común y de cuello blanco; joyas, ranchos, residencias, vehículos, barcos, aviones y dólares, que entrega el recién creado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
La apertura al pueblo de la antigua residencia oficial de Los Pinos ha sido un éxito. La que era mansión presidencial ha sido visitada por un millón 600 mil personas y ya se está elaborando el proyecto para convertir, en coordinación el Gobierno de la Ciudad, el Bosque de Chapultepec, más los terrenos donde se encontraba la Fábrica de Armas del Ejército, en un espacio artístico y ecológico con una extensión de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo.
Las Islas Marías dejaron de ser prisión y está en marcha el proyecto de convertirlas en un centro de educación ambiental.
Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Los programas de bienestar ya están llegando a cinco de cada 10 hogares del país, pero en comunidades indígenas son nueve de cada 10 y antes de que termine el año la cobertura alcanzará el 100 por ciento.
El programa de mejoramiento urbano en colonias populares de ciudades fronterizas y de centros turísticos ha llevado a cabo siete mil 600 acciones de vivienda y están iniciados los trabajos de introducción de agua, drenaje, pavimento, escrituración y otros servicios en colonias populares de 14 ciudades del país.
En cuanto al programa de atención a damnificados por los sismos, informo que se han otorgado apoyos para vivienda a 10 mil 800 familias. Están en proceso de reconstrucción escuelas y centros de salud y se avanza también en la restauración de iglesias y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional.
Por su parte, INFONAVIT ha reestructurado 49 mil 500 créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban, y cuyas deudas crecían en vez de bajar. Además de este programa, que será permanente, se acordó que a quienes hayan pagado el 90 por ciento de su crédito se les condonará el resto y podrán recibir su escritura. Asimismo, hemos hecho el compromiso de que nadie será desalojado de su departamento o vivienda.
Se aprobó la creación del Banco del Bienestar, que tendrá sucursales hasta en las comunidades más apartadas del país.
Cambio de paradigma en seguridad
El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social.
Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana. Entre las acciones principales para conseguir la paz, destaca el hecho de que se están creando mejores condiciones de vida y de trabajo para atender las causas que originan la violencia; es decir, lo principal es que haya empleos, buenos salarios, bienestar y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo. En todo ello estamos actuando, pero también nos ocupamos de auspiciar la regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.
También informo que ya se tiene un mando coordinado en materia de seguridad pública. El Gabinete de Seguridad es encabezado por el Presidente de la República, sesiona diariamente de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí, en Palacio Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad a otros servidores públicos. Este modelo se replica a escala estatal y regional, con la participación de representantes del gobierno federal, los ejecutivos estatales y sus comandancias de policía y seguridad pública. Hasta ahora se han desplegado 58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional que actúan en 150 coordinaciones territoriales del país, aunque la meta es llegar a 140 mil elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México.
Añado que la nueva estrategia en materia de seguridad pública ha consistido también en no tolerar la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos. Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia.
No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.
Se está brindando protección a 337 periodistas y a 639 defensores de derechos humanos. Han sido puestos en libertad 45 presos políticos.
Ya iniciaron los estudios y preparativos para rescatar los restos de los 63 mineros que desde 2006 no han podido ser recuperados en la Mina Pasta de Conchos, Coahuila. Los expertos han diagnosticado que es posible realizar con éxito esta acción humanitaria.
Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada; ya no se permiten redadas ni masacres ni la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.
Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las fuerzas armadas que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. No olvidemos: el marino y el soldado es pueblo uniformado. Es el pueblo cuidando al pueblo.
Termino diciendo que, aunque todavía no tenemos buenos resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país, y que ésta constituye nuestro principal desafío, estamos seguros que vamos a lograr pacificar a México con trabajo coordinado de todo el gobierno, con perseverancia, con profesionalismo, con honestidad y, sobre todo, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia.
Amigas y amigos:
Es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas nueve meses, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno sino un cambio de régimen y que esto no ha sido ni será más de lo mismo; por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política.
No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir un grupo o facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, están moralmente derrotados, porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México.
Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos, seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino.
Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos. Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social: invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México.
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
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