La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al presidente mexicano Vicente Fox Quesada, y los de su hijo, Rodrigo Fox de la Concha por el delito de defraudación fiscal.
Según datos revelados en "Historias de Reportero" de El Universal, el columnista Carlos Loret de Mola asegura que existen al menos 13 empresas vinculadas con el guanajuatense y su hijo –Centro Fox, Fundación Fox, entre ellas-, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un período de cuatro años.
Esta cantidad no habría sido declarada en su totalidad ante el SAT, por lo que la dependencia dirigida por Santiago Nieto, está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal, para proceder penalmente contra Vicente Fox.
En julio de este año, tanto como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) revelaron que un ex presidente estaría en la mira del gobierno.
“Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT… Tanto decían que de qué vivía yo, pero yo sí pago mis impuestos”, dijo entonces AMLO.
Loret de Mola, en su texto, escribe que considera que la UIF se ha convertido en un organismo que intimida a los críticos del nuevo gobierno.
El Traidor
Según las declaraciones del hijo de “El Mayo”, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” en el libro más reciente de la periodista Anabel Hernández El traidor: El diario secreto del hijo del “Mayo”, Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García, entregó tres millones de dólares al Gobierno de Vicente Fox.
Esta transacción se habría llevado a cabo a través del titular de la AFI, Genaro García Luna, para que se nombrara a Norbeto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, refiere la publicación.
Además, en mayo de este año Fox fue acusado por delitos de lesa humanidad junto con Felipe Calderón, así como del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias llevadas a acabo en 2006 y 2007, durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
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