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jueves, 8 de agosto de 2019

Rosario Robles sabía de los desvíos y no actuó: Fiscalía

Foto: @Rosario_Robles_
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron acusaciones contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu, por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Como elementos de prueba, la FGR y la ASF presentaron 27 convenios que realizaron las dependencias que Robles encabezó. Los convenios se efectuaron con: Universidad de Morelos, Universidad Politécnica de Hidalgo, Televisora de Hermosillo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad de Chiapas, Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Teresa Maldonado, agente del Ministerio Público Federal (MPF) declaró que las imputaciones directas a Robles Berlanga son “por el posible ejercicio indebido del ejercicio público, porque supo por el cargo que ella tenía, de estos actos y no informó al presidente [Enrique Peña Nieto], y no actuó en contra a pesar de que ambas cosas están estipuladas en los reglamentos de Sedesol y Sedatu”.
“Usted, señora María del Rosario, estando en la Sedesol y Sedatu, de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018, respectivamente, sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era Secretaria de Estado (…) En junio de 2014, usted tuvo conocimiento de los actos, por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015”, dijo Maldonado.
La MPF enlistó las acusaciones y recalcó lo que se hizo en la Sedesol se repitió en la Sedatu. Lo que pidió fue “el auto de vinculación a proceso por los hechos conocidos como la 'Estafa Maestra'; por las irregularidades de las que tuvo conocimiento de manera interna y por la ASF, por hechos cometidos por servidores públicos de sus secretarías”.

LA DEFENSA

Al inicio de la audiencia, los abogados de Robles Berlanga, encabezados por Julio Hernández Barros, solicitaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, un recurso de revocación para argumentar que Auditoría no tenía facultad de víctima en el caso.
Argumentaron que la ASF no se podía considerar como parte ofendida, ya que la Auditoría sólo se limita a regular bienes jurídicos y el patrimonio es “derecho del pueblo”.
Explicaron que se trata de un órgano técnico designado por la Cámara de Diputados y que entre sus facultades no estaba la regulación. Esto por la participación de la ASF en el caso, luego de que una organización de la sociedad civil realizara una denuncia.
La Fiscalía y el representante de la ASF aclararon que a pesar de que se trataba de un órgano técnico, este tenía como objetivo la fiscalización de las cuentas públicas del erario federal y que es el órgano encargado de salvaguardar la Hacienda Pública Federal.
Explicaron que dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de coadyuvancia con el MPF y por lo tanto su participación era aplicable en este caso concreto.
El juez concluyó, luego de 15 minutos de análisis, que había calidad constitucional en la participación de la Auditoría porque tiene la facultad de velar por los fondos presupuestales y las metas que tengan estos; además de que tiene la capacidad de señalar las fallas y la obligación de coadyuvar con el MP.
En el segundo intento por parte de la defensa de Robles por no realizar la audiencia, se dijo que hasta ahora no se presentaron pruebas en contra de su cliente, y cuestionó a la FGR directamente de si tenía más cosas qué agregar. La Fiscalía lo negó.
El tercer intento fue por parte de uno de los abogados de Rosario Robles que habló de un acuerdo realizado en un juicio de amparo en Chiapas a un tercer imputado, del que dijo se reservaría el nombre porque esa podría ser una probable causal de la audiencia.
El juez calló y en tono enérgico, le pidió guardar silencio y acatar su determinación. Dijo que no permitiría “diferir la audiencia tramposamente por un amparo que se promovió a otra persona”.

RECIBEN A ROBLES CON GRITOS DE CORRUPTA

Rosario Robles Berlanga acudió al Reclusorio Sur de la Ciudad de México a comparecer ante el juez.
“Solamente quiero decirles que estoy bien. Lo único que les quiero decir… en este momento voy entrar [a la audiencia] a conocer apenas. Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y estoy muy tranquila”, dijo la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga arribó en punto de las 10 de la mañana a los juzgados del centro penitenciario. Estuvo acompañada de su hija, Mariana Moguel y sus hermanas.
Ante la pregunta de si sabía de alguna orden de aprehensión en su contra, dijo: “Al final platicamos”. Robles llegó una hora antes de su cita.

Niegan suspensión definitiva

El miércoles 7, un juez federal se negó a otorgar una suspensión definitiva para frenar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en contra de Rosario Robles debido a que no existe un mandato del cual deba ser protegida.
“Se niega la suspensión definitiva que solicitó, de los actos y autoridades precisados en el considerando Segundo, por lo motivos expuestos en el considerando Tercero de esta interlocutoria”, dijo Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, en su resolución.
Con información de SinEmbargo

jueves, 1 de marzo de 2018

Pide Morena a PGR investigar a Eruviel Ávila por presunto daño al erario por 1,551 mdp en 2016


Karen Hurtado, diputada Federal por Morena, promovió un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que investigue al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por probable daño al erario por un monto superior a los mil 551 millones de pesos del ejercicio fiscal 2016.
Asimismo, demandó pidió la comparecencia del ahora vicecoordinador general de la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, para que explique el destino de los recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras la revisión de la Cuenta Pública 2016.
“No es la primera vez que Eruviel Ávila, como gobernador del Estado de México, ha sido señalado por no salir bien librado de la revisión de la Cuenta Pública. No queremos otro Javier Duarte, no queremos otro César Duarte ni otro Guillermo Padrés; es urgente que explique en dónde está ese dinero”, dijo Hurtado.
La legisladora recordó que las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos durante 2016 revelaron daños a la hacienda pública por mil 551 millones 456 mil 316 pesos en rubros como desarrollo regional, educación, infraestructura social y seguridad pública.
“Dicho monto se compone por salarios excedentes a trabajadores dados de baja, de rendimientos y subejercicios no reintegrados a la Tesorería de la Federación, de transferencias que la Secretaría de Finanzas estatal no hizo o hizo a cuentas equivocadas, entre otras anomalías”, explicó.
Detalló que el tercer informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2016 arroja un monto sin solventar por 3 mil 627 millones 400 mil pesos, producto del incumplimiento normativo en el manejo de recursos públicos federales.
Agregó que en el informe de la Cuenta Pública 2015, la ASF refiere que hasta enero de 2017 el gobierno mexiquense aún no solventaba las observaciones con impacto económico por 20 mil 190 millones 600 mil pesos de los ejercicios fiscales 2011 a 2015.
Recordó que en irregularidades del ejercicio 2016, el monto asciende a 23 mil 818 millones de pesos, con lo que se ubica como la tercera entidad del país con más observaciones pendientes de solventar y aclarar.. 
Al respecto se refirió la diputada Delfina Gómez en conferencia con medios:

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martes, 20 de febrero de 2018

Entre 2012 y 2016 hubo desvío de recursos públicos por 6 mil 879 mdp: ASF


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que entre los años 2012 y 2016 se ha detectado un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante la figura que permite la contratación entre dos dependencias gubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.

Durante la entrega del Tercer Informe de Resultados para Analizar la Cuenta Pública del 2016, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, explicó que el trabajo de ese organismo autónomo permitió al Estado mexicano recuperar un total de 7 mil 896 millones de pesos, producto de las observaciones que se hicieron durante los dos primeros reportes de la Cuenta Pública del año 2016.

El informe omite de manera deliberada dar una cifra global de los eventuales daños al patrimonio público que se podrían desprender de los 2 mil 557 pliegos de observaciones que se hicieron a las dependencias públicas durante el ejercicio fiscal del 2016, con el argumento de que una cifra global no es definitiva, puesto que todavía se pueden solventar las irregularidades detectadas durante la fiscalización.

El auditor en funciones explicó que ese organismo emitió un total de 10 mil 346 observaciones sobre el gasto público auditado en 2015, de las cuales 2 mil 557 son pliegos de observaciones por presuntos daños al erario y otras 2 mil 504 corresponden al inicio de procedimientos para tratar de fincar responsabilidades administrativas a funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades.

Pérez Saavedra añadió que en 184 casos más se generaron avisos de la Auditoría Superior para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), derivado de que algunos proveedores de obra y beneficiarios de contratos públicos incumplen con sus obligaciones fiscales.

El titular de la ASF dijo que a partir del año 2001 se han reintegrado a las arcas de la Federación más de 123 mil millones de pesos a través de las observaciones que se hacen al gasto a todas las dependencias públicas, organismos autónomos, estados y municipios; así como a los Poderes Legislativo y Judicial, puesto que los pliegos de observaciones tratan de ser solventados por los servidores públicos.

Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios
Pese a que el auditor en funciones no dio un monto global de daños al erario que se desprenden de las observaciones, el documento que fue entregado a la Comisión de Vigilancia si destaca que la subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia, se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos.

Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.

El esquema que ha sido investigado por periodistas y que una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Animal Político denominó “La Estafa Maestra” también ampara falsos servicios de supervisión en obra pública y la realización de estudios técnicos que incumplen con sus objetivos o que son inservibles.

De acuerdo con la ASF, los programas presupuestales que más se han prestado a este esquema de presunta corrupción son los destinados al desarrollo social, agrario o territorial, es decir, que los desvíos se dan en programas de combate a la pobreza, de apoyo al campo y de atención a núcleos poblacionales en zonas agrarias y urbanas.

Hasta el año 2015, la ASF había denuncia que en este tipo de esquemas participaban sobre todo universidades públicas estatales, pero en la Cuenta Pública del 2016 se detectó que las televisoras públicas de los estados como el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación y la Televisora de Hermosillo en Sonora se han sumado a este esquema.

Con información de Aristegui Noticias