Legales, inspecciones policiacas sin orden judicial, avala la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de las inspecciones policiacas en personas y vehículos sin mediar orden judicial, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con ocho votos a favor y tres en contra, fue avalado el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.

Se trata de los artículos 132, fracción VII; el párrafo tercero del 147; las fracciones III y V del artículo 251 y los artículos 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impugnados por la Comisión de Derechos Humanos que consideró violentaban los derechos a la libertad de tránsito de las personas, a la seguridad jurídica, privacidad, integridad personal y vida privada. 

El ministro José Fernando Franco González destacó en su argumentación en contra, que se trata de “figuras excepcionales” y advirtió que en realidad “el problema radica para mí, en un tema de seguridad jurídica para las personas que pueden verse sujetas a estos actos de molestia”.

“El Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece ni siquiera lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras”, expuso.

Por su parte, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, consideró que las normas impugnadas son idóneas, necesarias y proporcionales, “pues buscan proteger los derechos humanos de la colectividad por razones de seguridad jurídica”, así como proteger los derechos a la verdad, justicia y la reparación de las víctimas.

La medida, abundó, es idónea en virtud de que la intervención de los derechos fundamentales es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, porque permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir a la investigación de delitos. Agregó que es “la menos invasiva”, pues en este caso la inspección personal y de vehículos se limita a una revisión superficial.

Mientras que al discutir el contenido del artículo 148 del mismo ordenamiento jurídico, por unanimidad, los ministros declararon la constitucionalidad de la detención en flagrancia para los delitos que necesitan querella.

Según el proyecto de Laynez Potisek, los argumentos de la CNDH fueron infundados ya que la Constitución no distingue los delitos que están “cubiertos bajo la excepción de la excepción de flagrancia”.

“Además, al darse la comisión en el momento del delito, la persona que descubre al infractor en flagrancia, no está en aptitud en ese mismo momento, aunque se tratara de un policía capacitado, de conocer con exactitud la clasificación de los delitos para saber si los hechos delictivos que están aconteciendo requieren o no de un requisito de procedibilidad”, señaló.

Será el próximo jueves cuando el Pleno de la SCJN continúe el análisis y discusión del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnado por la CNDH, el que considera inconstitucional el aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras sin autorización judicial.

Con información de El Economista

“Índices históricos de violencia en 2017; autoridad falla en seguridad”: CNDH

Durante 2017 las autoridades fallaron en dar seguridad a la población: continuaron la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de que se promulgó una Ley de Seguridad Interior que carece de parámetros para evitar violaciones a derechos humanos.

Así resumió el año el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, aprovechó para hacer un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República:

“Vale la pena convocar a los contendientes a la reflexión, para desterrar la animadversión de nuestra élite electoral en beneficio del respeto a las personas y la consolidación de la democracia. El intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero para beneficio del país jamás debe ser intransigente o fanático”.

Sobre los delitos de alto impacto que motivaron la apertura de expedientes de la CNDH, afirmó que “se registraron 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319 tratos crueles inhumanos o degradantes; 464 de negligencia médica, 83 de tortura, 25 casos de privación de la vida y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas”.

Las violaciones más graves que se determinaron fueron nueve casos de tortura, otros tantos de “tratos crueles inhumanos o degradantes; en nueve, privación de la vida; y en seis, desaparición forzada o involuntaria de personas”.

González Pérez consideró que “las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”, en parte debido a “la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales”.

Criticó además la Ley de Seguridad Interior aprobada por los legisladores y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual tenía frente a él.

Dijo que, en su parte sustantiva, dicha ley hace posible que, sin parámetros objetivos y ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, “por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual” por cuestiones “imprecisas y subjetivas de interpretación” como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.

La ley carece “de los parámetros adecuados para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”, agregó el presidente de la CNDH.

La ley genera que se vulneren los derechos y libertades básicas, pero no sólo ello, dijo, sino que también “afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la federación y los estados y las instituciones, órganos del Estado y Poderes.

“Lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, reiteró.

Posteriormente, el ómbudsman mencionó los casos de mayor impacto resueltos en 2017, como la venta de niños en Sonora; las fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León; el uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución del operativo policiaco en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Papantla, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz.

Sostuvo que esos casos conmovieron a la sociedad, “la cual reclama el cumplimiento cabal de los puntos recomendatorios y que las acciones necesarias para que la atención, reparación y justicia llegue a las víctimas, se implementen oportuna e integralmente”.

Después de referirse a los feminicidios, las agresiones a periodistas, el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, los abusos contra migrantes y la trata de personas, González Pérez afirmó que “los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población”, evidencian que “el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad” han generado “un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción” que afecta “especialmente a las poblaciones más vulnerables”.

A ello ha contribuido el abandono de las policías por “el deficiente diseño institucional”, las inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección, la inadecuada formación y capacitación y las fallas de los esquemas de coordinación interinstitucional.

Por ese motivo, enfatizó, urge legislar de manera “oportuna” y acabar con la amplia tolerancia ante el incumplimiento y falta de aplicación de la ley; pero también es prioritario que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública.

“En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó González Pérez.

Con información de Proceso

Atacan oficinas del diario "Presente" de Poza Rica, Veracruz

Foto: E-consulta

Este lunes 3 fueron atacadas las instalaciones del periódico Presente de Poza Rica, Veracruz, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento inmediato de los hechos y castigo a los responsables.

En un comunicado,  la CNDH expresó su “rechazo total a la violencia contra los medios informativos y sus instalaciones” y consideró que “la mejor medida para frenar la escalada de violencia y agresión contra el gremio es que las autoridades esclarezcan los casos que aún no han sido resueltos, ya que sólo de esa manera se abatirá la impunidad”.

En el ataque, tres vehículos fueron incendiados y la fachada principal del diario recibió por lo menos 18 disparos de arma de fuego, sin que se reportaran lesionados, informó E-consulta.

Visitadores de la CNDH se desplazarán hacia el lugar de los hechos para obtener testimonios e indicios y personal de la comisión se comunicó con los directivos del periódico Presente, a quienes expresó su solidaridad.

Por su parte,  Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó en un boletín, que investiga los hechos ocurridos, y que “de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y a petición del dueño del medio de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispuso de vigilancia permanente para custodiar el domicilio del periodista y las oficinas del diario”.

La FGE dijo que “hará uso de todos los medios jurídicos y materiales a su alcance para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia”.

Exhibe CNDH omisiones de PGR en caso Iguala

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comentó que en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados, “se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad”.

“No es momento de callar ni de olvidar”, afirmó el titular de la CNDH al presentar el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” que sugiere, entre otras cosas, la comparecencia de nueve elementos militares y la obtención de las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el Río San Juan.

“En seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en este asunto”, la comisión estimó convenientes las comparecencias de “cuatro elementos militares cuya actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública”, para precisar el contenido de los reportes generados sobre el caso.

Además sugirió la comparecencia de “los tres militares que con posterioridad acudieron a los lugares de las agresiones”, y de “dos elementos militares, uno que rendiría testimonio relacionado con actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que sucedieron los hechos y, otro, que podría rendir declaración sobre las circunstancias tangenciales”.

La Comisión advirtió en el documento “la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales y la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de Iguala”, después de la tragedia.

En total, la CNDH realizó 32 observaciones y propuestas a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y el ayuntamiento de Iguala.

A la FGE, por ejemplo, la Comisión le recomienda “determinar, en definitiva, a través de un dictamen en materia de mecánica de lesiones, el origen de las lesiones que presentó el rostro de Julio César Mondragón Fontes, “ya que existen dos peritajes contradictorios entre sí dentro del expediente”.

Familiares y compañeros del normalista fallecido denunciaron que un peritaje de la fiscalía concluyó que el desollamiento que sufrió el rostro de Mondragón se debió a la acción de "fauna nociva" y no era producto de la tortura.

“Para este organismo nacional la investigación sobre el ‘Caso Iguala’ no ha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos”, concluyó el documento presentado.

Documento íntegro: Estado de la investigación del ‘Caso Iguala’

Envía CNDH brigada a Michoacán para verificar condiciones de normalistas

Foto: Especial

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a consecuencia de los hechos ocurridos la madrugada del lunes en las escuelas normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga, en Michoacán, Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo, instruyó que una brigada del Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVICTIMA), conformada por abogados, médicos y psicólogos se trasladaran a dicha entidad para verificar la existencia de víctimas y revisar las condiciones de salud y situación jurídica de las personas detenidas.

En un comunicado, precisó que los visitadores adjuntos de la CNDH, recabarán información, testimonios, videos y fotografías; además de consultar las averiguaciones previas que la autoridad ministerial competente hubiera iniciado, todo ello, con el objetivo de revisar  que los derechos humanos de las personas detenidas y de terceros no hubiesen sido vulnerados.

"Para tal efecto, la CNDH desde la primeras horas de hoy abrió el expediente de queja respectivo y se  puso en contacto con el ombudsman del estado de Michoacán, a fin de establecer acciones de coordinación y apoyo institucional", detalló.

Agregó que de acuerdo con informes dados a conocer por los medios de comunicación, elementos de la Policía Federal y otros cuerpos de seguridad pusieron en marcha un operativo simultáneo en tres planteles de la entidad, con el objetivo de recuperar vehículos que, al parecer, estudiantes tenían retenidos sin autorización de sus propietarios desde el pasado 4 de octubre.

Explicó que dicho operativo, "comenzó poco después de las 02:00 horas de este lunes y terminó tres horas más tarde, cuando se reportó que los uniformados habían tomado el control de las citadas escuelas normales rurales, registrándose mayor resistencia en la de Tiripetío.

"Las versiones periodísticas indican que como resultado de estos sucesos, hay más de un centenar de estudiantes detenidos, autobuses y patrullas incendiadas y un número indeterminado de personas lesionadas".

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice el comunicado, es muy importante que los particulares manifiesten sus demandas a las autoridades con respeto y sin vulnerar la ley, ni derechos de terceros; y en ese contexto, hace un llamado a las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno que están participando, a que lleven a cabo todas las acciones para que se garantice el respeto de los derechos humanos de los habitantes de la 

entidad.

Criptograma Noticias. 

Confía CNDH que próximo gobierno contenga violencia

Archivo

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confió en que el próximo sexenio se contenga la ola de violencia que ha dejado más de 95 mil víctimas en México, en la guerra del gobierno de Felipe Calderón.

En entrevista con el periódico La Jornada, tras ofrecer una cátedra en la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan, Estado de México, confió en que el gobierno que fungirá a partir de diciembre próximo también haga cumplir las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.

el ombudsman habló de las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que indican que durante 2011 fueron asesinadas 27 mil 199 personas y que en los últimos cuatro años ya suman 95 mil 632.

Dijo que si bien es parte de un reflejo de la inseguridad que se vive en los últimos años, “esperemos que el nuevo gobierno pueda tomar acciones para prevenir que se siga repitiendo y sobre todo para contener esta ola de violencia”.

Agregó que durante esta administración, que está por concluir, tampoco se resolvió el tema de desapariciones y por el cual hay sentencia de la CIDH. En el caso de la CNDH, “seguramente enviaremos recomendaciones a propósito”.

Redacción. 

PGR, IMSS y Sedena encabezan lista de quejas en CNDH

El mayor número de recomendaciones emitidas en los 22 años de vida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido para la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un comunicado, el organismo señaló que los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán y el estado de México son las entidades con más recomendaciones desde el 30 de junio de 1990 al 31 de mayo de 2012.

Agregó que a lo largo del cumplimiento de sus funciones ha emitido un total de dos mil 257 recomendaciones, dirigidas a dos mil 739 autoridades derivadas de los expedientes de queja recibidos.

La CNDH explicó que en este periodo también se han emitido 19 recomendaciones generales, 30 informes especiales, una recomendación por violaciones graves y 23 demandas de acción de inconstitucionalidad, “las recomendaciones a 371 autoridades permanecen en trámite”, de ellas, “302 continúan pendientes de observar y 69 lo hicieron con otros motivos de acatamiento”.

Redacción.