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domingo, 24 de noviembre de 2019

AMLO: En caso Ayotzinapa ya no se puede hablar de un crimen de Estado

Desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que ya no hay corrupción en México, "ni arriba ni abajo" y que "no se protege a nadie". Asimismo, aseguró que no hay impunidad en México. Al referirse a la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, el jefe del Ejecutivo Federal "no se puede hablar de crímenes de Estado.

“Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario.
Al terminar la gira de este fin de semana para visitar comunidades indígenas en Tlapa de Comonfort, López Obrador reafirmó que en el gobierno que encabeza no se permitirán injusticias o actos autoritarios y se comprometió a hacer justicia al activista de derechos humanos, Arnulfo Cerón.
“Tenemos información de la detención de los autores materiales. Se tiene que saber sobre los autores intelectuales. Que les quede claro: en este gobierno no se protege a delincuentes. Sea quien sea el responsable, será castigado”, subrayó.
Criptograma

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Liberación de involucrado en desaparición de normalistas de Ayotzinapa, "precedente muy grave"


Otra vez hay controversia en México por el caso de de la desaparición de 43 los estudiantes de la escuela Normal Rural "Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
El juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dejó en libertad a Gildardo López Astudillo, conocido como "el Gil".
El "impartidor de justicia" desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía contra "el Gil" y, con base en el resto de evidencias, concluyó que no había elementos para condenarlo.
En la conferencia de prensa presidencial, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró que aunque la sentencia puede ser revisada por instancias superiores, se sienta "un precedente muy grave".
"Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada", declaró Encinas.
El funcionario explicó que por este caso hay 142 personas detenidas "particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como policías municipales de Iguala y de Cocula".
Asimismo, a la fecha han sido liberados 53. Muchos de ellos por irregularidades en la investigación, en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales y tortura.

Verdad histórica

Encinas Rodríguez arremetió contra la "verdad histórica" de la PGR, aquel montaje sobre la desaparición de los normalistas considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.
La versión argumentaba que los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron y después quemaron los restos en un basurero del municipio guerrerense de Cocula.
"Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas", aseguró Encinas.
El funcionario añadió que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iniciará una investigación para deslindar las responsabilidades de autoridades "donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito".
No descartó que se investigue a Tomás Zerón, que estuvo a cargo de la investigación y a Jesús Murillo Karam, quien era procurador general de la República y férreo defensor de "la verdad histórica".

Cayó la "verdad histórica

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la "verdad histórica".
Los expertos concluyeron que "no existe ninguna evidencia" para la "verdad histórica" ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos y defensores de los derechos humanos pidieron que se continúe con otras líneas de investigación.
El caso fue reabierto por el gobierno de AMLO y puso en marcha una comisión especial.
Luis Tapia, coordinador del área jurídica del centro Prodh, que representa a los familiares de los desaparecidos, cree que "la 'verdad histórica' ya se cayó".
Tapia declaró al la BBC de Londres que ya fueron liberados desde 2018 los principales detenidos por la supuesta quema de los estudiantes, Agustín García "El Chereje" y Felipe Rodríguez "El Cepillo".
"Ahora preocupa que otros pudieran tener información relevante sobre los estudiantes por su participación en estos primeros momentos de privación ilegal de la libertad también sean liberados y uno de ellos es 'el Gil'", explicó.
Tapia cree que "el Gil" podría estar vinculado o tener información relevante sobre el paradero de los estudiantes.
"'El Gil' era una de los líderes de Guerreros Unidos y también, según unas llamadas que interceptó la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), se le menciona como una personas involucradas en el trasiego de droga entre Iguala y Chicago".
Una línea de investigación que mencionó el GIEI decía que el móvil de la agresión contra los estudiantes podía ser que éstos por error habían tomado un autobús con un cargamento de droga.
Con información de BBC

sábado, 22 de junio de 2019

Video de tortura en caso Ayotzinapa; renuncia subsecretario de Seguridad en Michoacán

El subsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, renunció al cargo luego de que se difundió un video en el que se le escucha interrogar a uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa mientras es torturado.
Carlos Gómez Arrieta era el responsable de la policía ministerial federal durante los primeros días de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
A través de un comunicado, la SSP detalló que Gómez Arrieta había tomado la decisión “a fin de facilitar y atender las investigaciones que, conforme a derecho, de estos se deriven”.
“La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado refrenda su compromiso de seguir trabajando con plena transparencia, institucionalidad, responsabilidad y congruencia, para garantizar la tranquilidad y la paz de las y los michoacanos”, aseguró la dependencia.
En el video al que hacen referencia se puede observar a un detenido sentado y con los ojos vendados con cinta. Se escucha que alguien le hace preguntas sobre la noche de la desaparición, el detenido responde a los cuestionamientos. Sin embargo, en las imágenes se ve que un uniformado lo asfixia.
Según el peritaje realizado por la Comisión presidencial de la Verdad, la voz del interrogador es la de Gómez Arrieta, quien en ese momento estaba a cargo de la Policía Federal Ministerial.
Para el gobernador Silvano Aureoles, el video es "un refrito, muy armado, muy manipulado".

viernes, 16 de marzo de 2018

Autoridades torturaron a detenidos por caso Ayotzinapa para obtener confesiones: ONU


Al menos 34 personas detenidas en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El documento asegura que hay “fuertes evidencias” para afirmar que algunas de las personas detenidas en relación con la investigación de los estudiantes fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas”.
La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que “hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas”.
Asimismo, el texto denuncia que “a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas”.
El informe, titulado “Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, examinó información sobre 63 individuos de un total de 129 personas investigadas en conexión con la desaparición de los estudiantes mexicanos.
La ONU es contundente al señalar que se aplicó “un modos operandi casi uniforme” en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó “para extraer información o confesiones”, así como en que se tardó mucho en presentar los sospechosos ante la Fiscalía, “lo que provocó que estas personas estuvieran fuera de la protección de la ley”.
El informe establece que los casos documentados de violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar después del 5 de octubre de 2014, “cuando la Oficina del Procurador General de la República (PGR) asumió la investigación de los fiscales del estado de Guerrero, donde las desapariciones sucedieron”.
“Los arrestos fueron llevados a cabo por personal de la PGR, de la Policía y de la Armada Mexicana”, subraya el informe.

sábado, 29 de agosto de 2015

"Poner el cuerpo: sacar la voz", un clamor por Ayotzinapa #Fotos



Desnudos con frases plamadas en el cuerpo, tomaron algunas calles en forma de protesta pacífica y una acción artística para denunciar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. 

Édgar Olguín, autor del proyecto Poner el cuerpo: sacar la voz, dice que "en nuestra sociedad es más alarmante ver un cuerpo desnudo que un cadáver calcinado en las notas de ocho columnas", estas son algunas de sus imágenes.








Fotos propiedad de Édgar Olguín/ ponerelcuerpo.tumblr.com

lunes, 17 de agosto de 2015

Gobierno perdió y destruyó evidencias del caso Ayotzinapa: CIDH


Tras informar que el gobierno de México rechazó las entrevistas directas con los militares presentes en los hechos de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) denunció que hubo pérdidas importantes de evidencias videograbadas que pudieron servir en las investigaciones.

"Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso", dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz. 

En el marco de la presentación del 5º informe de labores, los expertos adelantaron que ya presentaron su solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ampliar por un nuevo periodo de seis meses su labor en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Funcionarios del Palacio de Justicia de Iguala, habían declarado a la CIDH que existían grabaciones de vídeo tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de "entre 10 y 16" estudiantes por parte de la policía en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, detalló Paz.
Esa noche, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron e incineraron en el basurero municipal de Cocula, según la "verdad histórica" de la PGR, que los padres rechazan.


El organismo internacional solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR), pero "parece que tales registros videográficos fueron destruidos", continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.

Además, el grupo criticó la postura del Estado mexicano de permitirle a la CIDH únicamente por escrito y dentro del proceso penal, entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los normalistas.

Los investigadores aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.

Sin embargo, la respuesta oficial fue que formularan las preguntas por escrito y que no participaran en la comparecencia, lo que los representantes de la CIDH rechazaron.


"No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración", dijo el experto chileno Francisco Cox, citado por la agencia española EFE.

Cox añadió que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las investigaciones y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".

Además de ello, los expertos denunciaron que las autoridades mexicanas también ocultan evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario halló en el expediente del 27 de septiembre, que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre.


Dichas evidencias "no eran conocidas por los familiares, ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma", explicó Paz.

El grupo afirmó que este hecho es "grave", tanto "para la investigación" como por la importancia que tiene para los familiares.

Por ello, pidió a la PGR tomar las muestras genéticas de la ropa y resguardar de forma adecuada la misma, que será identificada en estos días por los familiares.

A su vez, el experto español, Carlos Beristain, dijo que la ropa había sido guardada en "malas condiciones", por lo que presenta "un cierto deterioro" que puede contaminar los análisis que se realizará en un laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria.

En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, los expertos dijeron no temer por su seguridad ni haber pedido medidas de protección tras el asesinato a tiros a principios de agosto de Miguel Ángel Jiménez, un policía comunitario implicado en la búsqueda de los desaparecidos.

Al cumplirse su mandato inicial de seis meses, que arrancó el 2 de marzo, el grupo de expertos presentará el 6 de septiembre sus conclusiones sobre lo ocurrido con los estudiantes, sobre las cuales no quisieron avanzar detalles este jueves.
Los expertos, también apoyados por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, solicitaron al gobierno ampliar su mandato para continuar con la investigación.

Al respecto, sólo falta la respuesta de aceptación del gobierno mexicano, que podría darse en los próximos días. El GIEI se reunió el domingo 17 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar el tema.

En conferencia de prensa los expertos Claudia Pérez, Alejandro  Valencia, Francisco Cox y Carlos Beruatain, explicaron que el argumento del gobierno mexicano para impedir las entrevistas directas con los militares es que una acción como esta "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".

En la sesión de preguntas y respuestas, Francisco Cox, señaló que con la información que se tiene "hasta el momento todavía se desconoce el destino de los chavos".

Con información de La Jornada y EFE

viernes, 24 de julio de 2015

Promete Osorio Chong "llegar a la verdad" del caso Ayotzinapa


El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el gobierno federal debe revisar a profundidad su investigación del caso Ayotzinapa.
El objetivo es “llegar a la verdad y que los responsables sean castigados”, dijo el funcionario al diario La Jornada.
–¿Eso significa reconocer errores en la indagatoria que hizo la Procuraduría General de la República, la cual presentó como verdad histórica?, se le preguntó.
–Eso significa llegar a la verdad, a partir de lograr ver todas, todas las investigaciones, revisarlas a profundidad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan. 

Más allá de eso -comentó- lo estamos haciendo por convicción. “Queremos la verdad y que los responsables sean castigados”. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el jueves un avance de la investigación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 cuyo saldo es seis muertos, 43 desapariciones forzadas y 33 heridos.

En el reporte del organismo se detallan fallas y omisiones de las diligencias ministeriales del caso, cuya investigación está a cargo de la PGR. 

Osorio Chong fue entrevistado en el Museo Memoria y Tolerencia, al término del "acto público de reconocimiento de responsabilidad", de dos casos de militares que fueron despedidos - en hechos ocurridos en 1998 y 2001, respectivamente- por ser portadores de VIH.
Con información de La Jornada

Exhibe CNDH omisiones de PGR en caso Iguala


Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comentó que en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados, “se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad”.

“No es momento de callar ni de olvidar”, afirmó el titular de la CNDH al presentar el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” que sugiere, entre otras cosas, la comparecencia de nueve elementos militares y la obtención de las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el Río San Juan.

“En seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en este asunto”, la comisión estimó convenientes las comparecencias de “cuatro elementos militares cuya actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública”, para precisar el contenido de los reportes generados sobre el caso.

Además sugirió la comparecencia de “los tres militares que con posterioridad acudieron a los lugares de las agresiones”, y de “dos elementos militares, uno que rendiría testimonio relacionado con actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que sucedieron los hechos y, otro, que podría rendir declaración sobre las circunstancias tangenciales”.

La Comisión advirtió en el documento “la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales y la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de Iguala”, después de la tragedia.

En total, la CNDH realizó 32 observaciones y propuestas a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y el ayuntamiento de Iguala.

A la FGE, por ejemplo, la Comisión le recomienda “determinar, en definitiva, a través de un dictamen en materia de mecánica de lesiones, el origen de las lesiones que presentó el rostro de Julio César Mondragón Fontes, “ya que existen dos peritajes contradictorios entre sí dentro del expediente”.

Familiares y compañeros del normalista fallecido denunciaron que un peritaje de la fiscalía concluyó que el desollamiento que sufrió el rostro de Mondragón se debió a la acción de "fauna nociva" y no era producto de la tortura.

“Para este organismo nacional la investigación sobre el ‘Caso Iguala’ no ha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos”, concluyó el documento presentado.

sábado, 18 de julio de 2015

Intelectuales apadrinan a estudiantes graduados de Ayotzinapa

Foto: Aissa García

Se graduaron 119 alumnos de la generación Sangre, Resistencia y Esperanza 2011-2015 de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero. 
En el acto estuvieron presentes Elena Poniatowska, Juan Villoro,  Armando Bartra, el cineasta Gabriel Retes, Marta Lamas, Luis Hernández Navarro, Héctor Bonilla y Rafael Barajas El Fisgón.
En el evento, la dirigencia estudiantil de la normal reiteró su exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. 
En general los padrinos coincidieron en señalar que la normal de Ayotzinapa representa una esperanza en la lucha por las libertades de México.

jueves, 2 de julio de 2015

Hallan nueva fosa clandestina en Cocula, Guerrero

Foto: Archivo
Fue hallada una nueva fosa clandestina en el municipio de Cocula, en el costeño estado de Guerrero, México, área en donde desaparecieron hace más de nueve meses los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, "Isidro Burgos" de Ayotzinapa. Policías comunitarios reportaron sobre este caso.

De acuerdo a una nota publicada por la cadena CNN, Felipe de la Cruz, vocero de los 43, informó que la agrupación de Desaparecidos en Iguala les notificó que desde el inicio de esta semana, se encontró la fosa, ubicada entre los límites de ese municipio y el de Cocula.

De la Cruz comentó a CNN que los invitaron a participar en las tareas de localización y rescate de los cuerpos de esa nueva fosa, por lo que se sumarán a estos esfuerzos los próximos días de búsqueda. Piensan que puede tratarse de algunos de los normalistas cuyos cuerpos siguen sin aparecer.

"Hoy los compañeros de Iguala que tienen a otros desaparecidos iban a estar en Cocula, nosotros hoy tenemos estas actividades, no pudimos asistir pero sí sabemos eso, que van para allá y nos vamos a sumar. No podemos decir nada mientras no sepamos la verdad, pero la realidad es que van más de nueve meses y los seguimos buscando, seguimos buscando la verdad", dijo.

Es en Cocula en donde se localiza el basurero donde, según la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en manos de miembros del grupo criminal conocido como Los Rojos.

Una nueva fosa clandestina fue hallada en el municipio de Cocula, en el costeño estado de Guerrero, México, área en donde desaparecieron hace más de nueve meses los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Un grupo de policías comunitarios reportaron sobre este caso.
Felipe de la Cruz, vocero de los 43, informó que la agrupación de Desaparecidos en Iguala les notificó que desde el inicio de esta semana, se encontró la fosa, ubicada entre los límites de ese municipio y el de Cocula.

De la Cruz dijo a CNN que los invitaron a participar en las tareas de localización y rescate de los cuerpos de esa nueva fosa, por lo que se sumarán a estos esfuerzos los próximos días de búsqueda. Piensan que puede tratarse de algunos de los normalistas cuyos cuerpos siguen sin aparecer.
Lea: Lluvia de solidaridad y ayudas para los padres de los 43 estudiantes desparecidos
"Hoy los compañeros de Iguala que tienen a otros desaparecidos iban a estar en Cocula, nosotros hoy tenemos estas actividades, no pudimos asistir pero sí sabemos eso, que van para allá y nos vamos a sumar. No podemos decir nada mientras no sepamos la verdad, pero la realidad es que van más de nueve meses y los seguimos buscando, seguimos buscando la verdad", dijo en entrevista con CNN.
Lea: Más protestas en Ciudad de México y Guerrero por los 43 estudiantes desaparecidos
Es en Cocula en donde se encuentra el basurero municipal, en donde según la Procuraduría General de la República (PGR), sostiene que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en manos de miembros del grupo criminal conocido como Los Rojos.

Criptograma Noticias, con información de CNN

jueves, 18 de junio de 2015

Revela Sedena que uno de los 43 de Ayotzinapa era soldado en activo


Uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa está dado de alta como soldado en activo, pero su identidad fue catalogada como “confidencial”, reveló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Proporcionar la información representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra”, informó la Sedena a la agencia Apro del semanario Proceso.

A mediados de abril, el reportero Ezequiel Flores realizó una solicitud de información a dicha dependencia federal –folio 77315– en la que preguntó si entre los normalistas desaparecidos se encontraban soldados en activo.

Ello debido a una línea de investigación seguida sobre el nivel de infiltración del gobierno en la esfera de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, considerada por autoridades y políticos como “semillero de guerrilleros”.

La semana pasada, la Sedena emitió una respuesta oficial donde hace la siguiente revelación:

“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”.

Lo anterior se indica en el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova Campos.
La resolución denominada “confidencial”, justifica la reserva del nombre del militar en activo que era estudiante en la Normal de Ayotzinapa y forma parte del grupo de 43 jóvenes desaparecidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Ello debido a que el proporcionar el nombre del soldado, “potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, seguridad y salud de su familia”, señala la resolución de la Sedena.

Luego, agrega: “Ya que la información podría ser utilizada por grupos desafectos a las fuerzas armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”.

Este hecho aporta una nueva línea en el caso Ayotzinapa; incluso, ni siquiera había sido abordada por el gobierno federal para explicar la causa por la que autoridades coludidas con la delincuencia actuaron en contra de los 43 normalistas desaparecidos, entre ellos un soldado en activo.

Al respecto, el estudiante Omar García, de la normal rural de Ayotzinapa, comentó en su cuenta de Facebook:

SOBRE El MILITAR EN ACTIVO ENTRE LOS 43

A ver: en primera ningún alfilerazo del Estado minará la unidad en las familias de nuestros 43; en segunda, porque por el camino mediático no se llega nunca a la verdad, si no a los chismes.
Pero veamos.
¿Recuerdan haber leído, visto u oído alguna vez historias sobre "agentes secretos" de "súper países" que se infiltraban en los "súper países" enemigos para realizar labores de inteligencia desde dentro?

Pues resulta que a casi nueve meses del 26/09/14, la Secretaria de la Defensa Nacional Mx "revela" ¡¡que "hay un militar en activo entre los #43 desaparecidos" de nuestra normal rural de Ayotzinapa!!

Esto significa ni más ni menos que estábamos infiltrados por un agente de inteligencia militar del Estado, cosa que todas las organizaciones de oposición al régimen nos esperamos siempre y lo tomamos como algo obvio.

Aquí lo que hay que destacar son unas cuantas cosas, para ello preguntamos: ¿por qué hasta ahora lo dicen? Se supone que siendo un agente suyo lo habrían reivindicado como tal desde el principio. Además de que cualquiera sabe que dichos agentes operan en coordinación con los organismos de inteligencia del estado y que por lo tanto, estaba en comunicación constante con sus superiores.

Al estar en coordinación sabían de cada movimiento y actividad nuestra.
Recuerdo que del movimiento de 2011 "diversas personas se acercaban a nuestros compañeros y les ofrecían trabajo", este trabajo consistiría en proporcionar información acerca de las actividades a realizar por el movimiento y el pago serían 1000 cada semana a aquel estudiante que quisiera hacerlo.
Esto lo pongo como ejemplo, porque hay niveles de infiltración.. Pero una cosa es tener a alguien del movimiento que "por dinero" les pasa información y otra muy distinta es tener a un "agente en activo". Las diferencias, la forma de operar distan mucho en parecerse. 

Por otro lado es importante destacar que el Estado mexicano ha sido totalmente irresponsable: QUE EN LUGAR DE REALIZAR LA BÚSQUEDA DE NUESTROS COMPAÑEROS SE DEDICA PRINCIPALMENTE A DENIGRAR EL MOVIMIENTO. Ya sus metas no son encontrar a nuestros compañeros, tal vez nunca lo fueron, su meta es vencernos. 

Recordemos también que durante ocho meses no nos han bajado de "narcos". Ahora vienen con el cuento de que no, que en todo este tiempo lograron infiltrar un agente suyo. Ya no discutamos que de por sí son un NARCOESTADO, solo preguntemos si ¿nos dirán luego que hay un destacado periodista de Televisa entre los 43? ¿Acaso un sacerdote?

Debe entenderse que si de verdad hay un militar en activo entre los 43, entonces el Estado mexicano estaría más implicado en la tragedia, por la naturaleza del tipo de infiltración. Ellos al dar a conocer esto pretenden ponerse en el lugar de los padres de familia, es decir, hacerse las víctimas de desaparición forzada. Secuestro y asesinato dirán ellos. 

Pero en el fondo es JUEGO SUCIO. Ellos quieren meter dudas, sembrar la división. Meter miedo. Como si al saberlo nosotros actuaríamos contra las familias. NOSOTROS NO VIOLAMOS LOS DERECHOS HUMANOS DE NADIE, señoritos de la SEDENA.

El país está jodido, ustedes los del Estado están implicados y hoy por hoy se ponen a dar patadas de ahogado. No pretendamos buscarle tres pies al gato. Sostenemos una
Y mil veces que FUE EL ESTADO

¡VIVOS SE LOS LLEVARON!
¡VIVOS LOS QUEREMOS!
¡Nosotros no descansaremos hasta encontrarlos!
Omar García Velásquez
18/06/15

Criptograma Noticias. 

martes, 10 de febrero de 2015

Responden peritos argentinos a PGR

Foto: PGR
El Equipo Argentino de Antropología Forense reviró a la PGR, y marcó un capítulo más del choque entre ambos, que prácticamente comenzó desde que los primeros revelaron que no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, en Cocula, los cuales según la investigación oficial, pertenecen al menos a 1 de los normalistas de Ayotzinapa.

El sábado pasado, los peritos argentinos pusieron en duda la “verdad histórica” -como le llamó la PGR a su propia investigación- sobre el caso Ayotzinapa, al revelar que en el basurero de Cocula fueron encontrados restos que no pertenecen a los jóvenes estudiantes, además de que hay evidencias de incendios en ese lugar, al menos desde 2010.

Uno de los expertos del Equipo Argentino comentó el fin de semana, en entrevista para el portal Aristegui Noticias, que “forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”. 

Posteriormente, en entrevista con Marcela Turati, periodista de Proceso, consultó a un integrante del equipo internacional de expertos designado por los familiares de los 43 para que participe con la PGR en las investigaciones, como coadyuvantes independientes.

Respondió así a la PGR:

-“Nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”.

-“Nosotros tenemos un área de criminalística en la que típicamente está incluida balística. Incluso uno de los integrantes es uno de los expertos en balística muy experimentado y fue por más de una década jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos. Esta persona tuvo reuniones con los expertos en balística de la PGR en sus laboratorios y participó con la PGR en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas, también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”.

-“No es correcto que hubiera habido un acuerdo común para dejar el basurero sin vigilancia; al contrario: tardaron por lo menos 20 días en volver a cerrar el basurero que estaba abierto al público cuando recogieron las evidencias balísiticas y muestras de tierra. ¿Cómo saber que no afectó a la investigación? Nosotros reiteramos lo dicho sobre la importancia de mantener cerrado el sitio por ser un lugar clave para la investigación”.

-“Cuando llegó el EAAF (al basurero) estaba el procurador (director de la Agencia de Investigación Criminal de PGR), Tomás Zerón, una perito en antropología y mucha gente de seguridad. Cuando llegamos había ya todo un operativo”.

-“Una cosa es decir que encontraron ‘tres zonas de ceniza’ en ese terreno (el basurero de Cocula) y otra distinta es asegurar cuándo ocurrieron esos incendios. Ellos hablan de un tema espacial y no incluyen el factor cronológico; las imágenes satelitales que incluimos muestran que desde el 2010 el basurero ha sido lugar de incendios. La PGR no indica esos tres focos de ceniza a qué incendios corresponden y los presenta así en la conferencia sobre Ayotzinapa.

“¿Cómo están seguros de que el aluminio fundido presentado, por ejemplo, forma parte de los hechos del 26 y 27? Esa es una interpretación unidireccional. ¿Cómo se relaciona lo hallado con los eventos? ¿Cómo establecieron que eso se quemó esa noche si en ese lugar se quemaba permanentemente basura?”. 

-“Si la PGR no tiene datos ante mórtem es algo que excede al EAAF porque fue decisión de las familias. En el análisis minucioso salió la mandíbula con las prótesis dentales. Esto significa que hay restos de otras personas, más allá de los normalistas, lo que puede implicar otras temporalidades. Con la evidencia física que estamos obteniendo se puede saber si tienen relación con el evento que estamos investigando, si parcialmente tienen relación, si eso ocurrió a una parte de los estudiantes y no a todos o si les ocurrió a todos; se abren muchas posibilidades. Por eso insistimos todo el tiempo en no interpretar evidencias unidireccionalmente, pues hay más de 200 personas desaparecidas en Iguala, la mayoría hombres. Mientras no se encuentre algo conclusivo o se pueda recuperar el ADN, no es posible asegurar que los restos del basurero correspondan a los 43 normalistas”.

Con información de Proceso

lunes, 9 de febrero de 2015

Alejados de la realidad, dichos de los peritos argentinos, revira PGR

Criptograma Noticias reproduce el comunicado íntegro que la Procuraduría General de la República emitió para responder a los peritos argentinos.
Con relación al Comunicado de Prensa emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el que se manifiestan diversas imprecisiones, la Procuraduría General de la República señala lo siguiente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense, en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento, se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos, no obstante, por el interés de los familiares y defensores autorizados en la investigación, se les hizo entrega, en todo momento, de los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso.
Con relación al señalamiento, de que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, se señala que no estuvieron presentes en el momento del hallazgo, (que fue realizado dentro de una diligencia Ministerial) a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior, por parte del equipo de la Procuraduría General de la República. La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él en lugar de al Río San Juan, aun cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia.
Además del Agente del Ministerio Público de la Federación que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un Fiscal de la Procuraduría General de la República, buzos de la Secretaría de Marina Armada de México y más de cien personas de diversas instituciones del Gobierno Federal resguardando la zona. Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF.
Con relación al señalamiento del EAAF respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la Procuraduría General de la República señala que el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el Agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados.
Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera Antropología, Criminalística y Genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República señala que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el EAAF participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas.
En todo caso, se les exhorta a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la Averiguación Previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa.
Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el Basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la Procuraduría General de la República determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación, por tal razón, pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares; cabe recordar que dicho lugar fue localizado después de un mes de sucedido el evento criminal. Sin embargo, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.
Cabe hacer mención de que quienes llegaron primero al lugar fueron los miembros del EAAF, y quien los recibió fue el Procurador General de la República, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.
Respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de transcripción, fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que "no hubo una explicación clara al respecto". Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones.
Respecto de la aseveración realizada en el comunicado en la que señalan que "la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014", en la Conferencia de Prensa del 27 de enero de 2015, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.
La conferencia íntegra puede ser consultada en las cuentas de la Procuraduría General de la República en internet.
Al especular que "los elementos tomados como diagnóstico por la PGR -aluminio, vidrio, dientes, etc.- en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero y mencionados en la conferencia de prensa de 27 de enero del 2015, pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores", el EAAF emite un criterio aislado y la Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la Conferencia de Prensa referida, y los que integran la Investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría.
De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad.
Las prótesis dentales halladas en el Basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos. Hoy la Procuraduría General de la República ha trabajado únicamente con información de perfiles genéticos aportados por la Fiscalía del Estado y por el propio EAAF. Sin omitir que de las declaraciones de los propios autores materiales del multihomicidio se desprende que en dicho lugar habían realizado ejecuciones previamente.
Como fue informado en la conferencia del 27 de enero pasado, la Procuraduría General de la República no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos, y reitera, que se ejerció acción penal en contra de quienes confesaron con detalles el secuestro y homicidio de los estudiantes normalistas, en los plazos que marca la ley y que son irreductibles, con base en todas las evidencias encontradas, las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas. Por el contrario, de atender los argumentos poco sustentados que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha publicado, no se habría podido ejercer acción penal en contra de los autores de este trágico evento, lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad mexicana.
La Procuraduría General de la República ha actuado, en todo momento, con transparencia y profesionalismo, permitiendo que los familiares y sus representantes, así como el propio EAAF colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos que comprenden la Investigación, y manifiesta que seguirán haciéndolo, porque lo que la Procuraduría busca es que se haga justicia.