La Secretaría de la Función Pública (SFP) acusa a Felipe Calderón de encubrir actos de corrupción de su antecesor Vicente Fox relacionados con la remodelación y adquisición de bienes de la residencia Los Pinos.
Irma Eréndira Sandoval señaló a través de su cuenta de Twitter que la SFP que encabeza no desapareció el expediente de Fox Quesada, presidente de México del 2000 al 2006, luego de acusaciones en medios.
La revista Contralínea detalla que Función Pública encontró oficios que evidencian la destrucción de cuando menos 50 cajas con documentos de una investigación de fiscalización, misma que recabó irregularidades como:
Tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación del gasto público y ausencia de bienes, entre otros.
“Los documentos relacionados a la auditoría fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008”, es decir, el segundo año de gobierno de Calderón Hinojosa.
La Oficialía Mayor de la Función Pública solicitó en noviembre de 2007 al Archivo General de la Nación la autorización para dar de baja 308 expedientes correspondientes a los años 1993, 1998, 2000 y 2001, entre los que se encontraba la auditoría 2015.
Según la información aportada por la SFP en esa cajas se encontraban documentos certificados por el auditor encargado de la fiscalización de la remodelación de Los Pinos, el contador Roberto Muñoz Leos.
La destrucción del archivo se justificó en la administración de Felipe Calderón “por haber suscrito su plazo de conservación precaucionan”, a pesar de que el plazo de conservación establecido en la administración De Vicente Fox había sido de 5 años.
Fue el 17 de abril de 2008 cuando el Archivo General de la Nación aceptó la solicitud para que los documentos fueran desaparecidos para siempre.
La millonaria remodelación
Al llegar a la Presidencia, Fox ordenó una millonaria remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y favoreció a Humberto Artigas, con quien sostuvo una amistad valuada en mas de 60 millones de pesos.
A la firma del arquitecto adjudicó un contrato para remodelar la residencia Miguel Alemán por 30 millones 88 mil 782 pesos. También le benefició con tres contratos más por un total de 31 millones 807 mil 173 pesos.
A otra empresa llamada MYO le adjudicó dos contratos para la adquisición de muebles, equipos, enseres, accesorios y blancos por casi 4 millones de pesos. A ese escándalo se le conoció como el toallagate, pues contempló compras de artículos como toallas de baño de 7 mil pesos.
Con información de Contralínea
