Siempre polémica, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, fue absuelta el 6 de febrero pasado por el Segundo Tribunal Unitario con sede en Jalisco del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue ordenada su libertad.
Ávila Beltrán fue detenida en septiembre de 2007 en la Ciudad de México junto con su pareja, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa alias El Tigre.
Apodada por el gobierno mexicano, como la “Reina del Pacífico”, familiar de los capos José Quintero Payán, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, fue acusada de ser enlace entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, con Colombia.
Según datos dados a conocer por la periodista Anabel Hernández, la PGR le fincó el cargo de delincuencia organizada. Fuentes cercanas al caso señalan que el gobierno federal torturó a Paulo Espinosa, sobrino de El Tigre, para involucrar a Ávila Beltrán en el caso del buque El Maciel incautado en 2001 en México con 9 toneladas de cocaína.
En diciembre de 2010 el juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, la absolvió por falta de pruebas. El gobierno federal apeló la sentencia y al ver pocas posibilidades de éxito, en febrero de 2011 la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR presentó cargos en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la adquisición de dos seguros de vida-inversión de Seguros Monterrey, uno a nombre de ella y otro a nombre de su hijo José Luis Fuentes Ávila, supuestamente con dinero de procedencia ilícita.
En agosto de 2011 el magistrado del Tribunal Unitario del DF, José Guadalupe Luna Altamirano, ratificó la sentencia absolutoria la cual fue una de las razones por las que la PGR abrió una investigación en contra del magistrado.
Vinculada a El Tigre, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2009, Ávila Beltrán también fue extraditada en 2012 a petición de la corte federal de distrito para el Distrito Sur de Florida acusada de supuestamente haber conspirado para el tráfico de más de 100 kilos de cocaína.
Los pronósticos eran de una sentencia que podía llegar hasta la cadena perpetua, se declaró culpable del delito menor de haber asesorado a Espinosa y logró una sentencia negociada de 70 meses de prisión.
La corte tomó en cuenta sus años de prisión en México y en agosto de 2013 fue deportada a México donde volvió a ser detenida por los cargos pendientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la causa penal 46/2011 y recluida en el Centro Federal de Readaptación Social 4 en Tepic, Nayarit.
Pese a la petición de la PGR de que se girara orden de aprehensión contra su hijo José Luis por los mismos delitos, un juez concedió el amparo contra la orden de captura porque la PGR nunca pudo acreditar el delito.
En septiembre de 2014 el Séptimo Juzgado de Distrito la condenó a cinco años de prisión por el delito que no pudo acreditarse contra su hijo. A través de sus abogados de defensa Jorge Hernández Altamirano, Julissa Camacho y Jorge Espinoza Santillán interpuso un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito el cual dictó una sentencia absolutoria porque la PGR no pudo fundamentar que en la compra de los seguros se usó dinero de procedencia ilícita.
Fuentes consultadas vinculadas al proceso contra Ávila Beltrán señalan que no existe ya ningún otro proceso en su contra.
Se espera que la liberación de Beltrán se concretará a más tardar la noche del 7 de febrero.
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