La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al presidente mexicano Vicente Fox Quesada, y los de su hijo, Rodrigo Fox de la Concha por el delito de defraudación fiscal.
Según datos revelados en "Historias de Reportero" de El Universal, el columnista Carlos Loret de Mola asegura que existen al menos 13 empresas vinculadas con el guanajuatense y su hijo –Centro Fox, Fundación Fox, entre ellas-, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un período de cuatro años.
Esta cantidad no habría sido declarada en su totalidad ante el SAT, por lo que la dependencia dirigida por Santiago Nieto, está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal, para proceder penalmente contra Vicente Fox.
En julio de este año, tanto como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) revelaron que un ex presidente estaría en la mira del gobierno.
“Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT… Tanto decían que de qué vivía yo, pero yo sí pago mis impuestos”, dijo entonces AMLO.
Loret de Mola, en su texto, escribe que considera que la UIF se ha convertido en un organismo que intimida a los críticos del nuevo gobierno.
El Traidor
Según las declaraciones del hijo de “El Mayo”, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” en el libro más reciente de la periodista Anabel Hernández El traidor: El diario secreto del hijo del “Mayo”, Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García, entregó tres millones de dólares al Gobierno de Vicente Fox.
Esta transacción se habría llevado a cabo a través del titular de la AFI, Genaro García Luna, para que se nombrara a Norbeto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, refiere la publicación.
Además, en mayo de este año Fox fue acusado por delitos de lesa humanidad junto con Felipe Calderón, así como del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias llevadas a acabo en 2006 y 2007, durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La organización Fundar dio a conocer otras 12 empresas a quienes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les condonó impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entre los consorcios a las que el SAT les perdonó los impuestos por 3 mil 972 millones de pesos están dos transnacionales: la estadounidense Hewlett Packard (HP) y la alemana Volkswagen, según Proceso.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Grupo Proeza y Meltasa de Enrique Zambrano Benítez condonó 642 millones 682 mil pesos; en tanto que a la trasnacional Cargill, le perdonó 171 millones 535 mil pesos.
En total, se condonaron 4 mil 786 millones 217 mil pesos.
En 2013, el gobierno peñista privilegió a Productos Roche, Grupo Lala, Sabritas, Fármacos Especializados, a las empresas energéticas Noble y Halliburton, y a Banco Monex o IUSA por un monto de entre mil y 2 mil 874 millones de pesos.
En este último caso, la empresa es de Carlos Peralta, pero el director general adjunto es Raúl Salinas de Gortari.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que “se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de Estados Unidos Mexicanos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente”.
De acuerdo con fuentes de la Presidencia citadas por la revista Proceso, Vicente Fox Quesada es el expresidente al que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron impuestos.
Medios de comunicación detallaron que los impuestos no pagados por el guanajuatense corresponden a tres empresas en las que tiene participación.
Según el SAT, la institución “está realizando las acciones y procedimientos jurídicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018”.
Eso sí, no se dio a conocer el monto de lo condonado, por tratarse de datos confidenciales.
“Con lo anterior, el SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican a todos, sin excepción alguna, aunque garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales”, señaló el organismo en un comunicado.
En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó: “Tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes en decir: ‘¿Y de qué vive el opositor AMLO? y ¿sí paga impuestos?’”.
De acuerdo con el tabasqueño, ya se está procediendo en contra de quienes evaden impuestos, “sea quien sea”.
“Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares, se creaban sistemas especiales para deducir o no pagar impuestos, era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica. Ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas; ahora es que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley, Estado de derecho, auténtico Estado de derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie”, remató el mandatario.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la lista definitiva de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que figura Manhattan Master Plan Developmente, que le compró al precandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés su nave industrial.
“Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales […] detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes sin contar con los activos, , personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios […] que amparan tales comprobantes”, indicó el DOF.
“Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega el Diario Oficial.
La lista, de 49 “factureras” fechada el 16 de febrero, incluye la empresa que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
Según el SAT, Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”, es decir, expide facturas por servicios inexistentes que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
De acuerdo con la indagatoria, el capital social de dicha firma es de 10 mil pesos aportados por Luis Alberto López López y por María Ramírez Vega, ambos supuestamente empleados del empresario queretano Manuel Barreiro, visto recientemente en Canadá y contra quien pesa una alerta migratoria emitida por la Procuraduría General de República (PGR).
El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que entre 2016 y 2017, Barreiro Castañeda contrató a sus clientes –de quienes se reservó su identidad– para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.
La empresa de Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
Ricardo Anaya se presentó ayer ante la PGR para exigir al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, que aclare de manera inmediata si realiza una investigación en su contra. De lo contrario, dijo, se estaría confirmando que la dependencia encargada de procurar justicia está operando a favor del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), y su candidato, José Antonio Meade Kuribreña.
En respuesta “inmediata”, la Procuraduría dio a conocer que se ha “invitado” a Ricardo Anaya a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero que él se negó.
Esta mañana, en entrevista con Radio Fórmula, Diego Fernández de Ceballos, asesor legal de Anaya, lamentó que el Gobierno federal “esté usando a la PGR para manchar la imagen” del candidato panista, quien, aseguró, está bien posicionado y puede llegar a la Presidencia”.
“Lo que está investigando la PGR son transferencias de terceras personas. Si el dinero venía de Singapur o del Polo Norte, que investiguen y sancionen a los responsables, no tienen por qué manchar con una hipotética corrupción”, explicó “El Jefe Diego”.
Fernández de Ceballos acusó que la Procuraduría difunde información cuando le conviene, “para seguir favoreciendo la difamación y la calumnia. No sé vale lo que están haciendo contra Ricardo Anaya. Él dijo que todo lo que tenía que decir estaba en el escrito que entregó y la PGR difunde que no quiso declarar”.
En su defensa también salió el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, quien condenó al Gobierno federal por “golpear políticamente a los aspirantes” a la Presidencia de la República a través de las instituciones y dependencias como es el caso del candidato de “Por México al Frente”, Anya Cortés.
En un comunicado el perredista señaló que en particular el PRI y el Gobierno de Peña Nieto deben dejar de utilizar a las instituciones, tal es el caso de la PGR, como armas políticas durante la contienda electoral.
“Hoy vemos como la PGR es utilizada para golpear políticamente a Ricardo Anaya, puntero en las encuestas. Hacemos un llamado a que la autoridad detenga esta acción facciosa de la PGR y no se quiera manipular a la opinión pública”, subrayó Ángel Ávila.
El dirigente reprochó que la PGR actúe con fines políticos en sus investigaciones y deje de lado indagatorias como en el caso la empresa brasileña Odebrecht, que hasta la fecha no se tiene avance y no vemos detenciones por el desvió de 10 millones de dólares que ésta otorgó a la campaña presidencial del PRI en el 2012.
Por otra parte resaltó la falta de una Ley de la Fiscalía General para que sea autónoma del Poder Ejecutivo con el fin del que el Ministerio no sea utilizado con fines políticos.
“La PGR debe dejar de depender del Poder Ejecutivo, por eso la Ley de la Fiscalía es urgente que se apruebe, para otorgarle verdadera autonomía al Ministerio Público Federal”, concluyó.
La PGR informó que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”.
Se presume que la empresa de Ricardo Anaya adquirió un inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El abogado Adrián Xamán McGregor acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano Manuel Barreiro encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
El día de ayer la Ricardo Anaya se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero no rindió ninguna declaración ministerial y acusó a la dependencia de dañar su imagen al afirmar que ya investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa de el panista.
“Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI”, aseveró Anaya Cortés.
Autoridades federales detectaron en Manzanillo, Colima 24 mil kilos de pulpa de mora natural en los que se ocultaba un cargamento de cocaína diluida proveniente de Colombia.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que la pulpa de mora natural se intentaba introducir al país congelada y empacada en 120 tambos.
En un comunicado, detalló que una vez que la sustancia pasó a estado líquido, fue posible sustraer muestras, encontrando que la mercancía de 16 tambos estaba conformada por pulpa de mora, agua y pasta de cocaína.
El SAT precisó que este método de ocultamiento es de difícil detección, pero las nuevas tecnologías y el intercambio de información entre instancias del gobierno federal permiten alertas preventivas.
Agregó que la empresa que pretendía importar la mercancía tiene actividad preponderante de prestación de servicios de agricultura y horticultura, y está registrada en Zamora, Michoacán.
Sin embargo, en el lugar del domicilio fiscal sólo hay una obra abandonada en zona habitacional; no realiza operaciones con terceros, ni operaciones de comercio exterior y su declaración anual 2014 está presentada en ceros.
Para la detección fue necesario el intercambio de información entre la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, quienes determinaron el embargo precautorio de la totalidad de la mercancía, que está disposición del Ministerio Público de la Federación.
El SAT indicó que contra el importador se inició procedimiento legal por contrabando y delitos contra la salud.
