Una jueza federal abrió la puerta a la detención del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, al retirar la suspensión definitiva que impedía su detención, según información del diario Reforma.
Luego de la resolución, Lozoya en este momento podría ser capturado, si fuera localizado, con base en la orden de aprehensión que fue girada en su contra por lavado de dinero.
Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la protección para el ex funcionario debido a que incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso.
También porque incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.
Lozoya anunció la semana pasada que pese a contar con una suspensión definitiva no se presentaría ante el juez de Control para enfrentar la imputación, debido a que no había garantías para conservar su libertad.
En una carta difundida a través de redes sociales, el ex director de Pemex aseguró que el delito que se le imputa no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa y sin embargo el juez federal de control ante el cual debería presentarse libró orden de aprehensión en su contra.
Asimismo, reclamó que la Fiscalía General de la República le ha negado copias de los registros de la carpeta de investigación abierta en su contra y denunció ser objeto de una persecución mediática desde 2017, motivada por “intereses de poder los cuales serán develados en su momento”.
Lozoya anunció que en cuanto existan garantías legales comparecerá ante la justicia y aclarará “qué funcionarios del nivel que sea intervinieron en lo que hoy se investiga”.
La Interpol detuvo en Mallorca, España, a Alonso Ancira Elizondo, el dueño de Altos Hornos de México, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le giró una orden de aprensión por lavado y daño patrimonial.
Presentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 5 de marzo, la denuncia contra el empresario es por una serie de delitos que provocaron daño patrimonial a la paraestatal.
En un comunicado, Altos Hornos señaló que desconoce los motivos de la detención, pero tomó medidas para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Asimismo, fue girada una orden de captura contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Su defensa interpuso un recurso de amparo ante un juzgado federal para conocer si la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra su cliente.
Por la noche, autoridades federales catearon dos casas vinculadas a Lozoya, pero no pudieron localizarlo. Una de las propiedades ya fue asegurada.
El lunes 27, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Altos Hornos y de Lozoya, derivado de una investigación por corrupción.
Aprehenden al dueño de AHMSA
Lavado de dinero y daño patrimonial son las acusaciones por las que la FGR obtuvo la orden de captura contra él y Emilio Lozoya.
Un juez concedió a la FGR órdenes de aprehensión en contra Emilio Lozoya y también contra el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira por presunto lavado de dinero.
La noche del 28 de mayo, la FGR detalló que se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, “como resultado de más de dos meses de diversas diligencias, siendo la última de éstas, la querella que se le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley y a la secrecía correspondiente”.
Ancira Elizondo ya fue detenido por la Interpol en Mallorca, España, después de que por las autoridades mexicanas solicitaran que se difundiera una ficha roja para su localización a nivel internacional.
Esto fue confirmado por la propia AHMS mediante un comunicado en el que se expuso que la empresa ha activado de inmediato los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones.
“La tarde de hoy (martes) fue detenido en España el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, licenciado Alonso Ancira Elizondo, por razones que hasta el momento se desconocen”, se señaló.
A su vez, la empresa expuso que se encuentran en espera de una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la solicitud presentada para el descongelamiento de las cuentas bancarias.
Javier Lozano Alarcón, vocero de la campaña presidencial de la coalición Todos por México, acusó al candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés de mentir en el caso de lavado de dinero por el cual enfrenta acusaciones, y dio a conocer un video a través de redes sociales donde plantea tres datos para refutar las afirmaciones de Anaya sobre el caso, en el que presuntamente es partícipe y beneficiario.
El ex panista explicó en el video que Anaya dice que quien firma —a nombre de Manhattan Masterplan Development— la compraventa de su nave industrial en Querétaro es el señor Juan Carlos Reyes, "lo que es falso" porque de acuerdo con la escritura pública el verdadero firmante es Luis Eduardo López López, quien a decir de los involucrados en el caso es el chofer de Manuel Barreiro.
Lozano aseguró que la empresa Manhattan Masterplan Development fue declarada el 16 de febrero pasado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una “empresa fantasma", que se usa para evadir impuestos y lavado de dinero.
Agregó que, también con información pública, el capital de dicha empresa es de 10 mil pesos: 5 mil aportados por Luis Alberto López López, chofer de Barreiro, y otros 5 mil pesos aportados por María Amada Ramírez Vega, también empleada de Barreiro.
Lozano Alarcón sostuvo que a los 51 días de haberse fundado, la empresa consiguió un crédito para comprar la nave industrial a Ricardo Anaya Cortés, en 54 millones de pesos, propiedad por la cual el abanderado de Por México al Frente pagó 10.7 millones de pesos.
“Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero", dijo Javier Lozano, quién a lo largo de un minuto 50 segundos de su exposición en el vídeo difundido en su cuenta de Twitter @JLozanoA mostró documentos para respaldar sus dichos.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la lista definitiva de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que figura Manhattan Master Plan Developmente, que le compró al precandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés su nave industrial.
“Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales […] detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes sin contar con los activos, , personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios […] que amparan tales comprobantes”, indicó el DOF.
“Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega el Diario Oficial.
La lista, de 49 “factureras” fechada el 16 de febrero, incluye la empresa que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
Según el SAT, Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”, es decir, expide facturas por servicios inexistentes que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
De acuerdo con la indagatoria, el capital social de dicha firma es de 10 mil pesos aportados por Luis Alberto López López y por María Ramírez Vega, ambos supuestamente empleados del empresario queretano Manuel Barreiro, visto recientemente en Canadá y contra quien pesa una alerta migratoria emitida por la Procuraduría General de República (PGR).
El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que entre 2016 y 2017, Barreiro Castañeda contrató a sus clientes –de quienes se reservó su identidad– para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.
La empresa de Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
Ricardo Anaya se presentó ayer ante la PGR para exigir al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, que aclare de manera inmediata si realiza una investigación en su contra. De lo contrario, dijo, se estaría confirmando que la dependencia encargada de procurar justicia está operando a favor del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), y su candidato, José Antonio Meade Kuribreña.
En respuesta “inmediata”, la Procuraduría dio a conocer que se ha “invitado” a Ricardo Anaya a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero que él se negó.
Esta mañana, en entrevista con Radio Fórmula, Diego Fernández de Ceballos, asesor legal de Anaya, lamentó que el Gobierno federal “esté usando a la PGR para manchar la imagen” del candidato panista, quien, aseguró, está bien posicionado y puede llegar a la Presidencia”.
“Lo que está investigando la PGR son transferencias de terceras personas. Si el dinero venía de Singapur o del Polo Norte, que investiguen y sancionen a los responsables, no tienen por qué manchar con una hipotética corrupción”, explicó “El Jefe Diego”.
Fernández de Ceballos acusó que la Procuraduría difunde información cuando le conviene, “para seguir favoreciendo la difamación y la calumnia. No sé vale lo que están haciendo contra Ricardo Anaya. Él dijo que todo lo que tenía que decir estaba en el escrito que entregó y la PGR difunde que no quiso declarar”.
En su defensa también salió el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, quien condenó al Gobierno federal por “golpear políticamente a los aspirantes” a la Presidencia de la República a través de las instituciones y dependencias como es el caso del candidato de “Por México al Frente”, Anya Cortés.
En un comunicado el perredista señaló que en particular el PRI y el Gobierno de Peña Nieto deben dejar de utilizar a las instituciones, tal es el caso de la PGR, como armas políticas durante la contienda electoral.
“Hoy vemos como la PGR es utilizada para golpear políticamente a Ricardo Anaya, puntero en las encuestas. Hacemos un llamado a que la autoridad detenga esta acción facciosa de la PGR y no se quiera manipular a la opinión pública”, subrayó Ángel Ávila.
El dirigente reprochó que la PGR actúe con fines políticos en sus investigaciones y deje de lado indagatorias como en el caso la empresa brasileña Odebrecht, que hasta la fecha no se tiene avance y no vemos detenciones por el desvió de 10 millones de dólares que ésta otorgó a la campaña presidencial del PRI en el 2012.
Por otra parte resaltó la falta de una Ley de la Fiscalía General para que sea autónoma del Poder Ejecutivo con el fin del que el Ministerio no sea utilizado con fines políticos.
“La PGR debe dejar de depender del Poder Ejecutivo, por eso la Ley de la Fiscalía es urgente que se apruebe, para otorgarle verdadera autonomía al Ministerio Público Federal”, concluyó.
La PGR informó que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”.
Se presume que la empresa de Ricardo Anaya adquirió un inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El abogado Adrián Xamán McGregor acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano Manuel Barreiro encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
El día de ayer la Ricardo Anaya se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero no rindió ninguna declaración ministerial y acusó a la dependencia de dañar su imagen al afirmar que ya investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa de el panista.
“Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI”, aseveró Anaya Cortés.
El grupo financiero Scotiabank admitió que
solicitó al Banco de México (Banxico) corregir un comprobante
electrónico de pago que según el senador Ricardo Monreal habría sido alterado
para ocultar movimientos financieros y presunto “lavado” en la campaña del candidato
del PRI, Enrique Peña Nieto.
En
un comunicado, la institución bancaria aclaró que “en referencia a las
recientes declaraciones que han circulado en los distintos medios de
comunicación, Scotiabank informa que: el día 19 de junio del año en curso operó
la transferencia electrónica interbancaria, con clave de rastreo
CASH0100120619043424, con base en las instrucciones recibidas y los recursos
fueron depositados a la cuenta CLABE 044420038008069350, cuyo titular es el
Gobierno del Estado de México”.
El
día 13 de agosto de 2012, Scotiabank solicitó al Banco de México corregir la
información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la transferencia mencionada.
Scotiabank
emitió el comunicado para responder a las afirmaciones del senador Monreal,
quien este martes presentará una demanda contra Agustín Carstens, gobernador
del Banco de México, al considerar que “hay elementos que demuestran la
alteración de un comprobante electrónico de una transferencia para proteger a
Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto”.
La estrategia de seguridad
del gobierno de Felipe Calderón sigue sin dar resultados. Muestra de ello, es
el incremento de la violencia en gran parte del territorio nacional. Como respuesta
a los índices de criminalidad, la autoridad federal insiste en mantener la
fallida estrategia y anuncia el despliegue de 15 mil elementos del Ejército
Mexicano y policías federales en siete entidades del país.
Michoacán, Nuevo León,
Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, serán los
estados que tendrán mayor presencia policiaca y militar, informaron las secretarías
de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
A Michoacán fueron enviados
este lunes 600 elementos de la Policía Federal que partieron del centro de
mando de Iztapalapa y debido a las características de los enfrentamientos del
viernes pasado, serán apoyados por 30 patrullas, dos helicópteros y 20 vehículos
blindados, informó la corporación federal.
Además, la Policía Federal
desplegará un total de tres mil 900 elementos a las siete entidades del país,
con lo cual se proyecta lograr un reforzamiento de la seguridad aunado a las
acciones del Ejército Mexicano.
Los 11 mil 835 elementos militares
que serán enviados en total, han comenzado a ser desplegados en diversas
locaciones, especialmente zonas rurales y urbanas donde se registraron
incidentes de quema de vehículos, quema de gasolineras, así como donde se han
concentrado las principales acciones de los cárteles el narcotráfico en esas
entidades, se indicó.
El despliegue policiaco se realiza mientras el presidente
Felipe Calderón declara en Michoacán que el país no podrá tener seguridad
mientras no seamos capaces de tener policías confiables que hayan pasado los
exámenes de control de confianza.
"Si no estamos seguros que un policía va ayudar a la
ciudadanía, sino que a lo mejor va estar del lado de los delincuentes, es mejor
que se vaya", señaló el mandatario.
Apenas la semana pasada, se suscitaron
tres enfrentamientos en el municipio michoacano de Apatzingán, donde presuntos
miembros de la Familia Michoacana incendiaron vehículos para evitar el arribo
de miembros de la Policía Federal.
Además, quemaron
gasolineras, al igual que en Guanajuato, mientras que en Zacatecas, San Luis
Potosí, Veracruz los enfrentamientos aumentaron durante el fin de semana.
Como resultado de esos
enfrentamientos fueron detenidos supuestos miembros de los Zetas, el Cártel
Jalisco Nueva Generación, y se registró el deceso de integrantes del crimen
organizado, la mayoría realizadas por grupos rivales. Del lado de las fuerzas
federales sólo se reportaron dos heridos.
También como parte de los
operativos, efectivos de la Armada de México arrestaron en Veracruz a Juan
Carlos Hernández Pulido, “La Bertha”, presunto jefe del cártel Jalisco Nueva
Generación, a quien encontraron en posesión de identificaciones de Ana Irasema
Becerra Jiménez, asesinada con fotoperiodistas el 3 de mayo.
Cabe señalar que apenas el
mes pasado, el Senado de los Estados Unidos reveló que el banco británico HSBC,
en su filial México habría estado lavando miles de millones de dólares del
narcotráfico desde 2002 hasta 2009, dinero con el cual se habrían comprado
miles de armas y contratado a centenares de sicarios, entre otros ilícitos, lo
que habría causado miles de muertes. El caso quedó “cerrado”, después de que
HSBC pagó una multa de 379 millones de dólares.
Pese a todo esto, no ha
habido ninguna declaración en el gobierno sobre una estrategia real para atacar
el financiamiento de los cárteles del crimen organizado.
El
candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,
solicitó al Banco de México (Banxico) que informe si el gobierno del Estado de
México transfirió 50 millones de pesos, en beneficio de un estudiante de 25
años de edad, desde la cuenta que maneja Luis Videgaray, excoordinador de la
campaña de Enrique Peña Nieto.
El político tabasqueño puso en duda que Banxico sea
cómplice de la red de intereses “y lavado de dinero” creada entre bancos y
funcionarios priistas mexiquenses para favorecer al priísta.
A través de mensajes escritos en su cuenta de Twitter,
AMLO reveló que tiene en su poder las pruebas que niega el secretario de Finanzas
del gobierno del Estado de México, René Murrieta.
“El Banco de México confirma la transferencia de 50
millones del Gob. del Edo. Mex. que tiene como beneficiario a Marcos González
Pak…”, escribió.
“Tengo en mis manos el comprobante electrónico de
pago, pero lo niega el secretario de finanzas del Edomex”, agregó en otro
mensaje.
“Quién miente? Es fácil saber: Que el Banco de
México informe porque no creo que esté metido en la red de complicidades y
lavado de dinero”, añadió.
Más
pruebas
La mañana
de este 9 de agosto, el senador Ricardo Monreal mostró un comprobante
electrónico referente a la transferencia de 50 millones de pesos desde una
cuenta de Bancomer a una de Scotiabank a nombre del gobierno mexiqunse, cuyo
titular es Luis Videgaray Caso, desde la cual se hizo un depósito en el mismo
banco a la cuenta de Marco Antonio González Pak, un estudiante de 25 años y
gerente de ventas de la empresa “Industrias Gil & Tagle”.
Monreal presentó la copia del comprobante emitido
por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la cual indica que
el 19 de junio de 2012 el gobierno del Estado de México recibió ese dinero de
BBVA a Scotiabank y luego lo transfirió a González Pak.
“Industrias Gil & Tagle” tiene como
representante legal a Jorge Ayala; el director general es Cosme Quintana.
La firma comenzó
a operar el 1 de noviembre de 2007 y continúa activa. Se dedica al ensamble de
carrocerías, remolques, autos y camiones.
En sus declaraciones anuales de Impuesto Sobre la
Renta (ISR) la empresa declaró el ejercicio 2007 en ceros; en 2008, ingresos
por casi 20 millones de pesos y pérdidas por 409 mil 917 pesos; pero en el
ejercicio del 2011 se declaró en ceros.
Los priistas, dijo Monreal, “mintieron; el
secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México, mintió. Hay lavado de
dinero, evasión fiscal, peculado y delincuencia organizada, además del uso
indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos y otros
delitos financieros”.
Se
presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República
(PGR), contra el priista Luis Videgaray, quien fungió como coordinador general
de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, anunció este jueves el senador
por Zacatecas, Ricardo Monreal.
En rueda de prensa, Monreal Ávila, también asesor
jurídico en la solicitud de impugnación de la elección presidencial presentada
por la coalición Movimiento Progresista, aseguró que la demanda contra
Videgaray será por la probable comisión del delito de delincuencia organizada,
lavado de dinero y los que resulten.
Ante el candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador y de los presidentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano; del PT,
Alberto Anaya; y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, el senador con licencia
presentó como pruebas de sus acusaciones presuntos estados de cuenta del banco
Scotiabank, desde donde se habrían transferido en cinco meses, según Monreal, 8
mil 681 millones 734 mil 25.14 pesos.
Este movimiento de recursos no sería extraño, dijo
Monreal, si no se hubiera hecho una triangulación de recursos de febrero a
junio de 2012, en periodo de precampaña y de campaña presidencial.
Explicó Monreal que se hacían depósitos en una
cuenta de Bancomer que transfería los recursos a la cuenta 038008006935 del
Banco ScotiaBank a nombre del Luis Videgaray Caso, quien tendría el número de cliente 123941073.
Lo increíble, dijo Monreal, es que este mismo
número de cuenta, a nombre de Videgaray Caso, “pertenece al Gobierno del Estado
de México” y es el mismo número de la cuenta oficial de la campaña presidencial
de Peña Nieto.
El senador señaló que “no existe justificación
alguna para un ciudadano, menos el coordinador general de campaña del PRI,
maneje recursos públicos”.
Agregó que antes de ser el coordinador de campaña
de Peña Nieto, Videgaray Caso fue secretario de Finanzas (2005 a 2009) en la
etapa en que el primero fue gobernador del Estado de México. Después saltó como
diputado federal y en marzo de 2011 coordinó la campaña a la gubernatura del
mexiquense Eruviel Ávila.
Monreal dijo que las supuestas pruebas que
presentará ante la PGR para demostrar la presunta responsabilidad de Videgaray,
fueron recabadas en las asambleas distritales, donde la gente la ha hecho
llegar.
“Son múltiples evidencias y las presentaremos ante
el IFE como pruebas supervinientes”, destacó.
Según los estados de cuenta exhibidos, el saldo
promedio fue de 153 mil millones de pesos. En cuanto a la triangulación se
realizó en varios depósitos de entre 50 y 250 millones de pesos de diferentes
cuentas.
Este manejo de recursos evidencia el origen ilícito
del dinero, por lo que afirmó que, además de la PGR, el PRD pedirá una
indagatoria a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“No hay delincuencia ni delito perfecto. Sería
irresponsable e inmoral dar carpetazo a las investigaciones sobre la
triangulación de recursos a través de Monex. Hay otra cuenta alimentadora de
Bancomer hacia Scotiabank y otra adjunta. Esto es de una gravedad mayúscula. Al
PRI y al banco les decimos que no borren los expedientes porque tenemos más
pruebas”, advirtió Monreal.
Finalmente, el senador por Zacatecas pidió que se
investigue a nombre de quién está la cuenta de Bancomer.
Grupo KoleosyGrupo Empresarial Tiguan,
empresas señaladas por la Coalición Movimiento Progresista de participar en la
presunta compra de votos del PRI a favor de Enrique Peña Nieto, en las pasadas
elecciones del 1 de julio, sí tienen una relación mercantil con el tricolor.
Información dada a conocer por el diario Reforma, señalan que las firmas
se dedican a la comercialización de productos publicitarios para campañas
políticas y trabajaron para el PRItanto en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto,
como en del actual gobernador del Estado de México,Eruviel
Ávila, ello, fue confirmado por Víctor Hugo Granillo,
arrendador del inmueble en donde funcionan ambas empresas.
En Cholula 10, colonia México Nuevo en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, domicilió fiscal que comparten las dos empresas Víctor
Hugo Granillo confirmó que el arrendatario es Juan Antonio Hodrogo Guerra,
accionista de ambas empresas.
Además se reveló que Koleos
y Tiguan, que se dedican a comercializar los promocionales sí trabajaron para la campaña de
Enrique Peña Nieto, sin embargo, también dijo que hacían
productos para el Partido Acción Nacional (PAN) y eventualmente para el Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
El periódico Reforma también informó que en dicha colonia donde se
ubican las empresas hay dos inmuebles con el número 10, en una de ellas están
las oficinas de las compañías y en la otra una casa de asistencia social para
niños, la cual tienen 15 años de funcionar y en la que también se encuentra un
aplaca de los “Compromisos” del Gobierno mexiquense, que caracterizó al
gobierno de Peña Nieto. En este lugar dijeron desconocer la existencia de las
firmas publicitarias.
Koleos
y Tiguan son empresas que han sido señaladas por el equipo de
AMLO de haber realizado transferencias y depósitos durante los meses de la
campaña electoral en el banco Monex.
Los partidos de las izquierdas argumentaron queKoleos habría realizó un depósito
a Monex por la cantidad de 3.2 millones de pesos, mientras queTiguan hizo un depósito por 9.2
millones de pesos.
Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. se
constituyeron con fecha 11 de septiembre de 2008, mediante escrituras
consecutivas, 72764 y 72765 ante el notario 44 del Distrito Federal, Carlos
Hermosillo Pérez.
En ellas participan como únicos accionistas Juan Antonio Hodrogo Guerra,
Luz María Viveros y Demetrio Jordenn Sabat, quien funge como comisario de ambas.
Las acusaciones de lavado de dinero que involucran a HSBC no sólo
están relacionadas con el crimen organizado, también son parte de una red
política que une al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó
Reporte índigo.
En el reportaje se señala que la historia del lavado de dinero de
los políticos pudo haber surgido vía fondos que tienen como origen las
comisiones generadas por los contratos de las grandes paraestatales, de la
“ordeña” que los gobernadores hacen de las haciendas estatales.
Personajes
Entre los nombres que se revelan está el de Enrique de la Madrid,
hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, y director de Relaciones
Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC, y el de Esteban Levín
Balcells, director de Banca de Inversión, quien es hijo del legislador priista
Oscar Levín Coppel y primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel.
Ambos tienen relación y se han desempeñado en puestos tanto de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), PRI, HSBC y Pemex.
Otro personaje señalado por la publicación es Antonio del Valle
Ruiz, fue el banquero que en 2002 vendió Banco Bital al Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC) y que, posteriormente, fundó Mexichem, corporación
modelo de la petroquímica en México, la cual creció gracias a Pemex.
Otros personajes involucrados con el banco HSBC son el empresario
chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, quien presuntamente utilizó los
servicios de la institución para transferir recursos de su empresa Unimed Pharm
Chem México, S.A. de C.V, vinculada con la producción de metanfetaminas.
También el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington,
actualmente es investigado por presunto lavado dinero producto de sobornos que
le habría pagado el Cártel del Golfo. El priista habría abierto varias cuentas
para concentrar grandes cantidades de dinero en diferentes bancos, entre ellos
HSBC, y desde esas cuentas habría transferido los recursos ilícitos a Estados
Unidos a través de Grupo Financiero Monex.
Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio
Chong, coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del equipo de transición del
priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hidalgo, utilizaron diversas
cuentas en HSBC para acumular 100 millones de pesos y enviarlos a una filial
del banco en el paraíso fiscal de Panamá.
El triángulo de las empresas
Gabriel Reyes Orona, consultor en temas financieros y ex procurador
Fiscal de la Federación señaló que no “no hay casualidades ni coincidencias”,
Estados Unidos conocía muy bien el problema del llamado “Triángulo de las
Bermudas” integrado por HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultoría Internacional,
motivo por el que desde hace años eran vigiladas sus operaciones y las
notificaba a México.
Reyes Orona explicó que la información que entregaba HSBC a la
Comisión era capturada por intermediarios que se encargaban de analizar y, “descremarla”
para presentarla a los vicepresidentes de la CNBV”.
El objetivo era eliminar los hallazgos encontrados por los
auditores, a sabiendas que la Comisión no daba seguimiento a las operaciones
cambiarias en efectivo.
También, negó que los recursos de dudosa procedencia vengan de
2002 cuando HSBC adquirió Banco Bital, como lo aseguró la CNBV, ya que la
acumulación de dinero se dio después del 2006. Desde este año se tenía
conocimiento de los sucesos, sin embargo, no se hicieron las indagaciones
correspondientes para detectar la procedencia del dinero.
La CNBV tampoco impuso sanciones y no actuó en otro operativo como
en el del 2001, denominada Operación Marquís que se realizó en junio del 2001
en 16 ciudades de Estados Unidos, para detener a narcotraficantes del Cártel de
Juárez que lavaban dinero en centros cambiarios de Monterrey, Guadalajara y
Nayarit.
Sin embargo, la situación se agravó cuando dos casas de cambio,
Monex y Consultoría Internacional, observadas y anuladas por las autoridades de
Estados Unidos, fueron recibidas en México.
Monex: sus personajes y su historia
La publicación también menciona a la empresa Monex, actualmente
involucrada en la presunta compra de votos a favor del PRI. Publica que durante
la elección pasada de 2006 estuvo vinculada al presidente Felipe Calderón y se
presume que este es el motivo por el que los panistas han obtenido información
privilegiada y que por ello no toman acciones contra Monex.
“Es prácticamente intocable para este gobierno”, dijo Gabriel
Reyes Orona.
Pablo Gómez del Campo, sobrino de Calderón y Margarita Zavala, fue
vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV durante cinco
años, con ello se muestra “que este gobierno no tiene ninguna intención de
llevar a cabo una lucha contra el combate al lavado de dinero”.
Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que la unidad de fiscalización que se encargará de realizar una investigación sobre los recursos utilizados en las campañas electorales tiene las herramientas suficientes para darle curso a casos como el de Monex, pero tiene hasta enero para resolver al respecto y no de manera “exprés” como lo solicitaron la mañana de este jueves PAN y PRD.
Según el funcionario electoral, la unidad del IFE “no ha sido omisa, está trabajando y dependiendo de la complejidad de la queja, resolverá en los plazos de la ley", al tiempo que rechazó que el consejo general le pueda ordenar que realice sus investigaciones de forma inmediata.
“El Instituto Federal Electoral no es rehén de nadie", comentó sobre los llamados de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para que agilicen las investigaciones sobre los recursos utilizados en la campaña del PRI.
“Quienes hoy pretenden que se apresuren los procedimientos de investigación saben bien cuáles son los plazos”, advirtió.
Valdés se mostró“sorprendido”porque se haya hecho público un informe circunstanciado que el instituto entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cualdesestimó el uso de tarjetas para la compra del voto.
De izquierda a derecha: Sergio García Ramírez, Consejero Electoral; Francisco Javier Guerrero Aguirre, Consejero Electoral; Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del IFE y María Marván Laborde, Consejera Electoral.
Leonardo
Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), aclaró que
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha sido exonerado por el caso
Monex y sigue abierta la investigación sobre el origen y presunto uso de recursos
procedentes de lavado de dinero en la campaña del priísta Enrique Peña Nieto.
“No
rotundo, por supuesto que no, el asunto de la queja respecto del caso Monex
está abierto, la Unidad de Fiscalización está realizando sus investigaciones, y
cuando tenga la evidencia suficiente para poder ofrecer un proyecto de
resolución al Consejo General, así lo hará”, dijo.
Agregó
que si la Unidad de Fiscalización del IFE encuentra que hubo infracciones a la
ley así lo hará del conocimiento y si eso implica una sanción, el IFE aplicará
la sanción correspondiente.
En
conferencia de prensa tras la sesión del IFE realizada la tarde de este jueves,
Valdés hizo las declaraciones, luego de que los líderes de los partidos Acción
Nacional (PAN), Gustavo Madero y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús
Zambrano pidieran concluir las indagatorias antes de que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección presidencial.
A esto, el consejero electoral les pidió tranquilidad.
Valdés
Zurita solicitó no adelantar vísperas y estar “tranquilos” pues la Unidad de
Fiscalización cuenta con elementos suficientes para detectar posible uso
irregular de recursos o rebase de topes de campaña.
Sin
embargo, advirtió que las indagatorias se realizarán en el tiempo normal, sin
plazo especial.
El
resultado se dará a conocer “en términos y los plazos de la ley, no en los
términos en los que alguien se le ocurra que son mejores que los que establece
la ley. Nosotros somos un órgano de legalidad... Quienes hoy pretenden que se
apresuren los procedimientos de fiscalización, saben bien porque sus
representantes ante los órganos legislativos así lo aprobaron, cuáles son los
plazos específicos que la ley establece para la realización de las actividades
de fiscalización”.
Recordó
que la Unidad de Fiscalización no ha sido omisa en sus tareas, pero como goza
de autonomía técnica del Consejo General del IFE, éste no puede darle órdenes.
“El
Consejo General no le puede ordenar a la Unidad de Fiscalización que realice
sus investigaciones fuera del marco de la ley”, reiteró.
