El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó
que Andrés Manuel López Obrador pueda acudir a las audiencias del juicio contra
la elección presidencial.
Los magistrados negaron por unanimidad la solicitud del candidato
presidencial de la coalición Movimiento Progresista bajo el argumento de que la
petición no fue hecha en tiempo y forma.
López Obrador promovió la solicitud –para acudir en calidad de
‘coadyuvante’- el 8 de agosto cuando el tiempo legal para realizar este trámite
era del 9 al 12 de julio, de manera simultánea a la interposición del juicio de
inconformidad.
Durante la sesión de la Sala Superior, los magistrados reconocieron
que toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías debidas y por un
juez independiente e imparcial; sin embargo, subrayaron, hay plazos
establecidos para solicitar la comparecencia de este tipo.
El magistrado Pedro Esteban Penagos dijo que la decisión del
Tribunal “no significa que se deje al candidato en estado de indefensión porque
la coalición interpuso un juicio de inconformidad (para solicitar se declare la
invalidez de la elección presidencial) y es a ésta a la que corresponde tutelar
los derechos del candidato”.
Agregó que de esta manera se salvaguarda el derecho a la defensa y
se preservan los principios al debido proceso legal.
El Sistema de Medios de Impugnación, en el artículo 54, establece
que el juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por partidos o
coaliciones y, si el candidato quiere acudir como coadyuvante, deberá realizar
un trámite en particular.
El magistrado presidente Alejandro Luna Ramos dijo que apoya el
sentido de la resolución porque, pese a la negativa al perredista, no se le
deja en la indefensión.
En la ponencia aprobada esta tarde, el TEPJF indica que los
candidatos sí pueden acudir a las audiencias, como coadyuvantes en el juicio,
siempre que acrediten por escrito su condición de candidato y entreguen la solicitud
ante el lapso marcado.
La coalición Movimiento Progresista presentó demanda de juicio de
inconformidad el 12 de julio, esto es, cuatro días posteriores a los cómputos
distritales.
“Se considera que Andrés Manuel López Obrador lo hizo fuera del
plazo legalmente establecido porque compareció hasta el 8 de agosto del año en
curso, siendo que lo debió de haber hecho dentro del plazo que transcurrió del
9 al 12 de julio de 2012.
“Por lo anterior, en el proyecto se propone no reconocer a Andrés
Manuel López Obrador el carácter de ayudante de la actora en el juicio de
cuenta. La coalición, al tener reconocido en el juicio de inconformidad el
carácter de actora, es quien es la defensa integral del candidato”, se indica
en el texto aprobado.
La sesión de la Sala Superior continúa y, dentro del cúmulo de
asuntos, los magistrados resolverán la integración de la próxima legislatura,
una vez de que determinen si dan la razón a algún partido o coalición dentro de
los recursos de reconsideración.
La coalición Movimiento Progresista entregó al Instituto Federal
Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuevas
pruebas para que sean agregadas al juicio de inconformidad contra la elección
presidencial.
Entre estos
documentos, denominados supervenientes, se anexaron tarjetas bancarias y
telefónicas presuntamente utilizadas por el Partido Revolucionario
Institucional para comprar y coaccionar el voto.
La coalición dio a
las autoridades electorales los nombres de las siguientes tarjetas: Bancomer de
apoyo a la Mujer, emitida en el Estado de México; Bancomer Contigo, emitida en
Baja California; Bancomer de pagos, emitida en Veracruz; Bancomer Exprés,
emitida en Sinaloa; Santander "Su cuenta universitaria", emitida en
Tabasco; tarjeta de regalo Wal-Mart, de Yucatán; tarjeta de regalo, recargable
Wal-Mart.
De acuerdo con la
izquierda mexicana, estas tarjetas "fueron utilizadas por el Partido
Revolucionario Institucional, tal y como se acredita con los testimonios de los
ciudadanos beneficiarios".
Las pruebas
adicionales incluyen siete tipos distintos de tarjetas de Soriana, denominadas
Soriana Mi Ahorro, Soriana Aprecio por ti, del Estado de México y el Distrito
Federal; Tamaulipas "Siempre gana PRI por Ti"; Mercado Soriana
Tarjeta Buen Vecino Soriana Obsequia Aprecio de Nuevo León; Mi Ahorro Soriana,
Chihuahua, y Soriana CTM. Además, siete tarjetas lealtad Monex repartidas en
las entidades federativas de Puebla, Tabasco y Morelos.
El Movimiento
Progresista entregó a las autoridades electorales el programa de acción
denominado “la Mejor Herramienta de Marketing Político”, Tarjeta Telefónica
Promocional, con la que presuntamente el PRI contrató alrededor de 5 millones
de tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto, entonces candidato
presidencial.
"Estas tarjetas
telefónicas prepagadas, con tiempo aire de 100 pesos cada una, fueron
distribuidas por todo el país, lo cual implica un gasto, sin considerar el
costo de las tarjetas, de 500 millones de pesos", dijo en un comunicado.
Se anexaron además
testimonios notariales mediante los cuales se da fe de la entrega de despensas
en diversas entidades.
El candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador anunció que se entregó este martes al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 fundamentos para la nulidad de la elección.
El escrito, dijo, tiene el propósito resumir las pruebas "contundentes,
plenas que hemos aportado, pidiendo la invalidez de la elección presidencial".
Entre los fundamentos que el candidato de las izquierdas presentó están:
El primero tiene que ver con la actitud “tendenciosa de los medios de
comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto”.
Explicó: “Estamos presentando como prueba el
reporte de la UNAM al IFE sobre el monitoreo que se llevó a cabo durante la
campaña. Con ese estudio se prueba, con claridad, que no hubo equidad en uso de
tiempos y espacios en radio y televisión, además, como es sabido, la mayoría de
los medios de televisión, en particular Televisa y Milenio, han tenido como
propósito el imponer a Peña en la Presidencia de la República”.
El segundo fundamento es el de manejo de encuestas
en medios de comunicación para hacer propaganda a favor de Peña Nieto.
“Estamos presentando un estudio al respecto de cómo la Asociación de
Empresas Encuestadoras de Medios de Comunicación falsificaron la realidad, para
favorecer al PRI y a Peña Nieto.
“Baste decir que el día 27 de junio, el último día de campaña, Milenio
dio como nota principal la información de que Peña Nieto me aventajaba con 18.4
por ciento, es decir tres veces más que el resultado oficial y, desde luego,
que estamos probando que se violó la Constitución y la ley de la materia, incluso
el Acuerdo General del Instituto Federal Electoral que estableció los
lineamientos y criterios de carácter científico que deberán observar las
personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar
encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el
proceso electoral 2011-2012, explicó.
El tercer fundamento tiene que ver con el gasto excesivo en propaganda y
en movilización en los actos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Detalló que “desde el 26 de abril, casi iniciando la campaña, se
advirtió que ya se habían rebasado los gastos de campaña establecidos por la
ley, que ya se había rebasado el tope de gastos de campaña”.
“Se presentaron otras quejas. Al final, como
ustedes saben, se llegó a probar hasta el 12 de julio un gasto de alrededor de
cuatro mil 500 millones de pesos. Y, repito, que este gasto se ejerció hasta el
12 de julio, mejor dicho se pudo demostrar que se gastaron esa cantidad”, explicó
en el recuento.
El punto cuatro es el uso de tarjetas Soriana para
la “compra del voto”. Refirió: “Estamos presentando otras pruebas. Ya en el
juicio de inconformidad se presentaron pruebas, pero ahora estamos entregando
con este escrito al Tribunal siete tipos de tarjetas Soriana, distintas”.
El punto cinco se refiere a la distribución de “miles
de monederos del Banco Monex con dinero de procedencia ilícita. En este caso
aportamos nuevas tarjetas Monex, también damos a conocer que hay tres tipos de
tarjeta Monex que obran en nuestro poder y que vamos a entregar al Tribunal.
“Es Monex Recompensa. Esta tarjeta fue la que dio a
conocer el PAN en su denuncia. Ustedes recuerdan que entregaron dos tarjetas
Monex Recompensa con actas notariales. Ahora ya nos llegaron también a nosotros
Monex Recompensa, del estado de Morelos”, explicó.
Describió la operación con otro tipo de tarjeta
Monex o monedero electrónico que es Monex Lealtad, “que nos han hecho llegar
estas tarjetas de Tabasco, ahora nos entregaron nueve más, de Puebla, de
Veracruz y del estado de México y tenemos también una tarjeta Monex Lealtad
Internacional”.
Asimismo, reveló que se están entregando al
Tribunal otras tarjetas Bancomer y Santander, anexando los testimonios de los
ciudadanos que se las hicieron llegar.
“En uno de estos testimonios se relata que se
entregó una tarjeta Bancomer a cada representante de casilla propietario del
PRI, por la cantidad de cuatro mil pesos, y otra de dos mil pesos, por suplente
en las casillas electorales. Consideramos que este asunto amerita otra
investigación”, dijo AMLO.
El punto seis se refiere a la compra y distribución
de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto. “De esas tenemos muchas,
creo que ustedes las conocen, creo que se conocen en todo el país, son las
tarjetas con la foto de Peña Nieto”.
Describió que en esas tarjetas se cargaron con 100
pesos del llamado tiempo aire. “Tenemos información de que se emitieron cinco
millones de estas tarjetas, sin considerar el costo de la tarjeta, estamos
hablando de 500 millones de pesos”.
Anunció que se está solicitando al TEPJF solicite a
la empresa MarkCom Tech Solutions y a Telmex el contrato que debieron suscribir
en esta compra-venta.
En el punto siete está la utilización de los
gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto, en especial el caso de Zacatecas,
que se tiene bien documentado.
Denunció: “No se ha hablado mucho de este asunto,
porque ustedes saben en qué circunstancias se dan las cosas en nuestro país,
con un control casi absoluto de los medios de información”.
“En cualquier otro país, sólo este caso hubiese
significado una gran noticia y creo que se hubiese actuado de inmediato por la
autoridad correspondiente. Aquí, todo se apuesta a ocultar las cosas, todo es a
tapar todo este tipo de violaciones”, dijo.
Comentó que se está insistiendo sobre el tema, “entregando
cheques, chequeras y hago este énfasis porque se escucha en la radio, en la
televisión, y se lee en los periódicos de que no son pruebas contundentes las
que presentamos, no son pruebas plenas”.
En el punto ocho tocó el tema que tiene que ver el
manejo de una cuenta del gobierno del Estado de México por Luis Videgaray Caso,
coordinador de Campaña de Enrique Peña Nieto.
“Aquí se molestaron muchísimo cuando se presentó
esta denuncia, cuando Ricardo Monreal dio a conocer que existía esta cuenta del
gobierno del estado de México, administrada y manejada por Luis Videgaray”,
dijo.
“Me llamó mucho la atención, en una de esas estamos
ante otro José Córdoba Montoya, porque se ofendieron mucho, si se está
presentando una prueba, pues lo que se tiene que hacer es que la autoridad
competente haga la investigación”, dijo.
El punto nueve tiene que ver con la compra de votos
en todo el país. “Testimonios de cómo entregaron dinero en efectivo, despensas,
materiales de construcción, fertilizantes, comida, pollos rostizados,
cochinita, carne de res y todo lo que significó el trafico con la pobreza de la
gente”, describió.
Y en el punto diez se refiere a la compra de votos
y tráfico con la pobreza en el medio rural. “Sin duda fue la mayor inmoralidad
en la elección presidencial, el tráfico con la necesidad y la pobreza de la
gente”.
“Peña Nieto obtuvo los votos porque compraron
lealtades y se valieron de la necesidad del pueblo, del hambre del pueblo y
esto es gravísimo, porque si esto se permite, nunca va a haber democracia
plena, auténtica, en nuestro país”, comentó el candidato de las izquierdas.
El ex
candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, afirmó que la demanda del Movimiento Progresista
para que se invalide la elección presidencial se encuentra apegada a derecho,
por lo que es deseable que el juicio tenga éxito.
“Yo respaldo que se siga el proceso con todo apego
a derecho y esperaría que se diera la nulidad, vamos a ver qué sucede”, comentó.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal dijo
que se aceptará el resultado de acuerdo a la calificación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero advirtió: “Si se
hace con apego a derecho, sí; si se hace de manera arbitraria, no”.
Tras participar en el seminario para legisladores
federales electos de su partido, el michoacano destacó que las demandas de la
izquierda están apegadas a derecho lo mismo en la impugnación que en el plan de
defensa que se realiza.
Por ello, agregó, no hay motivos para que algunas
personas u organismos se quejen que se esté llevando un proceso dentro de lo
que demanda el derecho electoral, sin embargo, puntualizó, debe respetarse la
libertad de expresión.
En ese sentido, descartó que la postura de los
empresarios pueda mermar los logros de la izquierda, como el alcanzado de
colocarse como segunda fuerza política en el Congreso.
Tras la serie de desplegados publicados por cámaras
y organismos empresariales, donde se critica la postura de los partidos de
izquierda por alegar, entre otras cosas, la compra de votos por parte del PRI
en la elección presidencial, Cárdenas indicó que en la política es normal que
haya posiciones distintas y puntos de vista diferentes.
“(Hay que respetar) el derecho de expresión que
todo mundo tiene, todos tenemos derecho a expresarnos, podemos no estar de
acuerdo con lo que dicen, pero eso es otra cosa”, apuntó.
El proceso y calificación de la elección presidencial del pasado primero de julio será transparente y abierta a la sociedad, aseguró la comisión calificadora de la elección presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En una entrevista transmitida por el Canal Judicial, los magistrados Salvador Olimpo Nava, Flavio Galván y Constancia Carrasco resaltaron la “transparencia y publicidad” con la que se conduce el proceso de calificación presidencial, haciendo público todos los documentos y acuerdos que adopta dicha comisión, y que deberá concluir a más tardar el 6 de septiembre con una resolución de sentencia que será definitiva, inapelable e inatacable.
-¿Es decir, en el Tribunal nada en lo oscurito?
-Absolutamente nada-, respondió el magistrado Galván.
Según el magistrado Galván, este es un Tribunal que “se caracteriza por la publicidad, por la transparencia, y estamos empeñados que todo, en tanto no haya un obstáculo jurídico, esté de conocimiento de todo mundo”.
En tanto, el magistrado Nava señaló que la comisión calificadora estudiará “a fondo” todas las pruebas y cada uno de los agravios que ha hecho valer la coalición Movimiento Progresista, que ha demandado la invalidez de la elección presidencial. “No podrán decir que en la sentencia que preparemos se dejó algo de lado. Estudiaremos a fondo y pueden estar seguros de ello”.
Aunque el magistrado Galván admitió que “estudiar las pruebas no significa que todas las pruebas hagan prueba, ese es el problema de la connotación. Vamos a analizar, vamos a valorar, vamos a llegar a la conclusión de qué elementos nos llevan a la convicción de alguna de las afirmaciones (presentadas) y qué elementos no llevan a la convicción para una determinada afirmación o un determinada hecho controvertido”.
Los magistrados explicaron las características que deben tener las llamadas pruebas supervinientes para ser aceptadas, y que son aquellas de las que aquel que las ofrece no pudo hacerse al momento de presentar la demanda original.
“Sabemos que es uno de los actos (la calificación de la elección presidencial) más importantes de la historia nuestra y de la historia del Tribunal. La sociedad puede estar segura de que vamos a juzgar conforme a derecho, dijo el magistrado Galván.
Por su parte, el magistrado Nava señaló: “Habrá transparencia y publicidad, y por lo tanto habrá profesionalismo, habrá certeza, habrá seguridad jurídica, y habrá una sentencia apegada a derecho y a la Constitución”.
“No
vamos a permitir ningún acuerdo que se construya sobre el pantano, la
inmundicia de un fraude electoral”, advirtió el candidato presidencial del
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador.
El
político tabasqueño agregó: “no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir”, y advirtió
al Partido Revolucionario Institucional “que se toparon con un pueblo y
dirigentes que no tienen precio. ¡México no se vende!”.
Al
participar en Puebla en una de las asambleas informativas que este domingo se
realizan en todo el país para continuar recabando pruebas sobre la presunta
compra de votos, López Obrador anunció que esta semana entregarán a los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación un
documento que sintetiza todas la violaciones a la Constitución y a las leyes
que se presentaron durante el proceso electoral, y que incluirán “pruebas
plenas, contundentes, para que no quede ningún pretexto ni se pueda utilizar
ninguna argucia legal que declare las elecciones como válidas”.
Detalló
que el documento que se elabora para los magistrados se entregará a mediados de
la semana que inicia para dejar en claro “que estas elecciones ni fueron libres
ni auténticas”. Ante miles de ciudadanos que participaron en el zócalo de la ciudad
de Puebla en la asamblea informativa, señaló se mantendrán la lucha por la
defensa del voto después de que alrededor de 16 millones de mexicanos
sufragaron por él el pasado 1o de julio “y los vamos a defender”.
En
referencia a Enrique Peña Nieto y al PRI dijo "no se van a poder sentar en
la silla presidencial porque no los quiere el pueblo de México”.
AMLO
explicó que siguen ”saliendo por todos lados evidencia que utilizaron empresas
fantasma para financiar todo lo referente a la promoción (de Enrique Peña
Nieto), para la compra del voto en favor del PRI y tenemos ya todas las pruebas
y vamos a seguir presentando más evidencias al tribunal electoral porque
estamos pidiendo la invalidez de la elección presidencial”.
El
aspirante presidencial dijo que ni con la presión que el 1o de julio realizaron
otros candidatos presidenciales para que se aceptara que Peña Nieto era el
puntero en la jornada electoral, ni con la campaña de desprestigio pudieron
hacerlos a un lado. Tengan confianza, les dijo a sus simpatizantes.
“Ahora
como no llamamos a ninguna movilización y decidimos actuar por la vía legal
están preocupados, nerviosos porque estamos presentando pruebas. Ellos quisieran,
anhelan que dijéramos que ya se acabó, para hacer y deshacer. Pero eso no,
jamás a vamos a traicionar al pueblo”.
Y
tampoco “le vamos a dar pretexto de que nos acusen de violentos porque este
movimiento es, ha sido y seguirá siendo pacífico”.
De
acuerdo con la reportera Alma Múñoz, de La Jornada, mientras AMLO daba su
discurso, la gente empezó a hacerle llegar tarjetas Monex y sobre todo tarjetas
telefónicas con imágenes de Peña Nieto y el logotipo del PRI que habrían sido
entregadas durante el proceso electoral.
“Tenemos
información de que se repartieron 5 millones de esas tarjetas”, dijo en
referencia a las telefónicas e hizo la cuenta de si a cada uno de esos
plásticos la cargaron con 100 pesos de tiempo aire, por lo menos los priístas
se habrían gastado 500 millones de pesos, monto que por sí solo representaría
el tope de campaña establecido en 336 millones de pesos.
López
Obrador agradeció el apoyo que hasta el momento le han brindado y también el
que le otorgado los dirigentes de los partidos que integran la coalición
Movimiento Progresista Jesús Zambrano del PRD; Alberto Anaya, del PT, y Luis
Walton, de Movimiento Ciudadano, que lo acompañaron en el templete junto con
Ricardo Monreal.
“Para
mí es muy importante que los tres partidos del Movimiento Progresista estén
respaldando, que no hay fisuras, divisiones, a diferencia de otros aquí hay
unidad y vamos a seguir en unidad. Por eso mi agradecimiento a los dirigentes
de los tres partidos porque no me han regateado apoyos, lo digo de manera
abierta.
Especial
mención hizo a los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional y dijo
que ese respaldo siempre lo ha dado por hecho.
El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó ordenar al Instituto Federal
Electoral (IFE), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
apresurar las investigaciones sobre Monex y Soriana.
De esta manera, los
magistrados dieron así respuesta a la excitativa de justicia presentada por la
coalición Movimiento Progresista.
El proyecto elaborado por
los magistrados Flavio Galván, Constancio Carrasco y Salvador Nava, integrantes
de la comisión encargada de formular el dictamen de calificación de la elección
presidencial, consideró que el Consejo General del IFE es el único que tiene la
facultad de aprobar la realización de un procedimiento extraordinario de
fiscalización.
El magistrado Flavio Galván dijo
que el TEPJF no tiene facultades para ordenar "de manera arbitraria" al IFE
lo que debe hacer.
"El IFE es el órgano del
Estado mexicano a través del cual se lleva a cabo la función estatal electoral.
Es un órgano que por disposición de la Constitución tiene autonomía y en
consecuencia un ámbito de facultades para actuar. El tribunal no puede
interferir de manera indebida (en las competencias del instituto", comentó Galván
Rivera.
Por su parte, el magistrado
Manuel González Oropeza dijo: “Si no dejamos que el IFE lleve a cabo las
atribuciones que la Constitución le otorga lo estaríamos haciendo a un lado por
completo. Estaríamos nulificando un órgano de Estado”.
Los magistrados tampoco
reconocieron que medios de comunicación como Televimex, Milenio, Excélsior,
Grupo Imagen, Grupo Fórmula, entre otros, pudieran presentar escritos en
calidad de terceros interesados en el caso.
Lo anterior, porque no
demostraron tener interés jurídico relacionado con la solicitud de nulidad de
la elección presidencial, presentada por la coalición Movimiento Progresista.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) le envíe información relacionada con
las indagatorias que realiza la Unidad de Fiscalización acerca de presuntas
irregularidades de gastos de la campaña del priísta Enrique Peña Nieto.
El IFE deberá entregar este reporte al tribunal en un plazo de 48
horas, contado a partir del momento en que reciban el documento de los
magistrados.
Lo anterior se deriva de una petición del Movimiento Progresista
para que el IFE “realice y/o concluya” las investigaciones pendientes y subsane
inconsistencias.
En un documento del Tribunal Electoral, con fecha 26 de julio de
2012, se precisa que los magistrados que integran la comisión calificadora de
la elección presidencial (Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava),
recibieron la solicitudes del Movimiento Progresista el pasado 23 de julio en
el cual exigen se realice esta petición el IFE (excitativa).
Con base en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y
el reglamento interno del Tribunal Electoral, los magistrados acordaron la
recepción del escrito de la coalición de partidos de izquierda y dar trámite a
la petición de información para que el Consejo General, el secretario ejecutivo
y la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, todos
del IFE, “realicen y/o concluyan las investigaciones y subsanen inconsistencias
en el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores electorales
de su conocimiento, así como asuntos vinculados, respecto de los cuales
refieren, no ha recaído de resolución alguna”.
El Movimiento Progresista presentará ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una excitativa de justicia*, para que el
IFE resuelva varios procedimientos sobre rebase y financiamiento ilegal contra
el candidato priista Enrique Peña Nieto.
Los representantes ante el IFE, Camerino
Eleazar Márquez, del PRD; Ricardo Cantú Garza, del PT, y Juan Miguel Castro Rendón,
del Movimiento Ciudadano, promoverán el recurso.
A través de este medio legal contra la demora
para dictar sentencia se intentará que el IFE resuelva los procedimientos
relativos al rebase de tope de gastos de campaña y
al posible financiamiento encubierto del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) para impulsar ilegalmente la candidatura de Peña Nieto.
También el caso Monex, la
distribución de tarjetas de la cadena de tiendas de autoservicio Soriana y
otros asuntos que el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene pendientes por
resolver y que podrían impactar en la validez de la elección, abundó en un comunicado.
Entre las quejas que se solicita resuelva el
IFE a través de sus direcciones correspondientes, se encuentran la Q-UFRPP
15/12 y sus acumulados Q-UFRPP 16/12, Q-UFRPP 22/12, Q-UFRPP 41/12 y Q-UFRPP
78/12, instaurados por un posible rebase de tope de gastos de campaña contra EPN.
La Q-UFRPP 42/12 y su acumulado Q-UFRPP 43/12
se refieren a la presunta contratación de propaganda en el extranjero a favor
del ex gobernador mexiquense.
La Q-UFRPP 58/12 es relativa a la presunta
distribución de tarjetas Monex; la Q-UFRPP 61/12, por las tarjetas Soriana; la
Q-UFRPP 144/2012,
por las tarjetas “Premium Platino”, y la Q-UFRPP 147/2012,
respecto a tarjetas de prepago para realizar llamadas telefónicas denominada
“La Tamaulipeca”
También la Q-UFRPP 234/2012 y la Q-UFRPP 233/2012,
por la presunta aportación de recursos del Estado de Zacatecas, detalló el
Movimiento Progresista.
*Excitativa de justicia.- herramienta legal
que se puede presentar cuando el magistrado instructor del caso no dicta
sentencia dentro del plazo establecido por ley.
Pedro Penagos, magistrado del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que las resoluciones de ese órgano no tienen
colores de partido y se rigen exclusivamente por las disposiciones de la
Constitución, por lo que las manifestaciones de ciudadanos en las calles en pro
o en contra de determinado sentido de la resolución no influyen, pues “lo único
que puede presionar la decisión de un juzgador es la Constitución”.
En entrevista concedida al canal Judicial, Penagos reconoció que “los
magistrados también somos sujetos de responsabilidad si no actuamos conforme a
derecho. En contra de nosotros procede el juicio de responsabilidad y el juicio
político, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y habremos de
cumplir en los términos que establece la Constitución y la Ley”.
Agregó
que tanto los magistrados de la Sala Superior como de las cinco salas
regionales están conscientes de su responsabilidad en el proceso de
calificación de los comicios federales y actuarán en consecuencia.
Aseguró que el reto del TEPJF es actuar con transparencia y en los
plazos legales que rigen el proceso electoral, por lo que todos los magistrados
están dedicados de tiempo completo al estudio de los juicios de inconformidad.
El
magistrado insistió que “por lo que debe velar este Tribunal es precisamente
porque se respete el voto ciudadano emitido legalmente, para eso sirven los
medios de impugnación, para cuando hay inconformidad de alguna de las partes,
como consecuencia intervenga el árbitro jurisdiccional y resuelva lo que
conforme a derecho proceda”.
El movimiento interuniversitario #YoSoy132 exigió
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que “limpie”
e invalide la elección presidencial en la que el ganador, de acuerdo con los
resultados del Instituto Federal Electoral (IFE) sería el priista mexiquense
Enrique Peña Nieto. De lo contrario, dice, habría un “grave riesgo de estallido
social”.
El pronunciamiento denominado “estrategia #132
por la democracia y contra la imposición”, refiere que el movimiento busca “proteger
la democracia, exigir la limpieza de todo el proceso electoral, demandar la
invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”.
“La calificación del proceso electoral en su
conjunto ya la hizo la sociedad mexicana y no favorece al candidato del PRI. La
estabilidad política y social de este país se encuentra ahora en manos del
TEPJF”, advierten.
En rueda de prensa, miembros de la Comisión de
Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídico, dieron a conocer un plan de
acción, que consiste en los siguientes puntos.
La realización de una marcha, que salga de Los
Pinos hacia el Zócalo para el próximo domingo 22.
La presentación del Informe General de Delitos e
Irregularidades Electorales de #YoSoy132 ante las autoridades electorales, la
semana del 23 al 27 de julio.
El Proyecto Internacional en Defensa de la
Democracia y por la Invalidez de la Elección durante la semana del 30 de julio
al tercer día de agosto, que comprende la recolección de firmas a lo largo del
país para ser presentadas con las irregularidades recabadas ante la ONU y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Campaña Nacional de Difusión e Información que
desnude las violaciones “sistemáticas” que existieron a lo largo del proceso
electoral en México.
Con excepción de la presentación del Informe de
Irregularidades, previamente consensuado por la Asamblea Interuniversitaria,
las demás propuestas serán discutidas por los voceros del movimiento, en la
asamblea general de Michoacán.
El magistrado Manuel González Oropeza dio a conocer que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no hará ninguna
investigación sobre las irregularidades denunciadas por los comicios
presidenciales y reveló que resolverá las impugnaciones sólo con las pruebas
que hayan aportado los denunciantes.
Según González Oropeza, el TEPJF no investiga,
ese trabajo lo hace el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya lo hizo.
En contraposición, el diputado
federal por el Partido del Trabajo (PT) y ex consejero del IFE de 1996 a 2003,
Jaime Cárdenas Gracia, quien encabeza el equipo de abogados de la coalición que
impugnó la elección, y que elaboró el proyecto presentado por el Movimiento
Progresista, declaró a la revista Proceso que si el Trife se asume como
autoridad administrativa, resolverá solamente conforme a las pruebas que se
presenten, “pero si se asume como Tribunal tomará en cuenta no sólo lo que
presentemos, también podrá requerir a otras autoridades información o pruebas y
dictar medidas para mejor proveer”.
El magistrado Manuel González Oropeza
fue entrevistado en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmitió
este lunes 16 en el Canal Judicial. Ahí, declaró que los recortes de prensa en
los que se denunciaron irregularidades durante el proceso electoral pueden ser
una prueba si se relacionan con otros medios de convicción más sólidos.
No basta que se hayan mencionado en
la prensa, se tienen que demostrar, dijo en alusión a los informes
periodísticos presentados por el Movimiento Progresista ante el TEPJF.
“No basta con decir o descalificar,
por ejemplo, que se deben anular casillas por el hecho de que se permitió que
votaran personas que no estaban en el listado nominal. Finalmente eso se tiene
que probar”, dijo.
Explicó que muchas veces se tiende a
generalizar irregularidades, a enunciarlas de manera abstracta y genérica, y al
TEPJF le toca decir si la denuncia en realidad existió, pero sólo lo puede
hacer con las pruebas aportadas, añadió.
Una y otra vez el PRI insiste en que los ciudadanos hicieron
un voto razonado.
“Es insultante para los mexicanos
argumentar que los medios tienen el poder para imponerle un candidato a los
votantes”, argumenta.
Defiende casas encuestadoras. "Es impensable que todas ellas se hubieran
prestado a la manipulación”, estima.
Acusaciones al Grupo Soriana son falsas, dice. “Las
tarjetas forman en realidad, parte de un programa de puntos y descuentos,
vigente desde 2010, para los trabajadores a los que no se les puede depositar
dinero”.
Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que su representación en el
IFE acompañada del senador Jesús Murillo Karam, coordinador Jurídico de la
oficina del candidato Enrique Peña Nieto, entregó el escrito de tercero
interesado ante las impugnaciones presentadas por el Movimiento Progresista
respecto a la elección presidencial con lo que inició la defensa legal de la “victoria
electoral” priista del 1º de julio.
El dirigente del PRI definió la postura del priismo
al leer un documento en el que, según el partido acusado de comprar votos en
todo el país, “México vivió una auténtica fiesta democrática. Por primera vez
en nuestra historia, más de 50 millones de ciudadanos manifestaron su voluntad
en las urnas (63.34% de la lista nominal)”.
Agregó que “fue un proceso electoral plenamente
ciudadano. Entre funcionarios de casillas, observadores y representantes de los
partidos, más de 3 millones de ciudadanos organizaron, cuidaron y certificaron
la elección”.
Para el PRI, “el voto de los mexicanos fue
informado y razonado. La mejor evidencia de ello es que fue diferenciado. Un
considerable número de electores votaron por un partido para presidente, y por
otro para senadores o diputados o gobernador, presidentes municipales y diputados
locales”.
Y pese a las irregularidades que se han
documentado en las redes sociales y que el Movimiento Progresista denunció
insistió en que fue “el proceso electoral más limpio y con mayor participación
ciudadana de nuestra historia”.
En el comunicado, en el que se reitera el mismo
discurso que se ha manejado en el PRI tras la elección, el PRI manifiesta que
confía en que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hará
lo propio y será respetado el voto razonado de millones de ciudadanos”.
Sobre la defensa legal que harán para defender
su triunfo, aseguran que no permitirán “que se acuse de corruptos a millones de
ciudadanos, por el simple hecho de haber votado en secreto, en libertad y con
dignidad”.
Por ello, la Coordinación de Asuntos Jurídicos,
a cargo del senador Jesús Murillo Karam, así como el grupo de especialistas que
lo está apoyando, presentarán toda la información y las pruebas concretas que
acreditan la validez de su “triunfo electoral”.
Calificaron de “mentiras” las pruebas
presentadas por el Movimiento Progresista, a lo que respondieron:
“Primera Mentira: Supuesto Rebase del Tope de
Gastos de Campaña. Desde el inicio de la campaña, la Coalición Compromiso por
México solicitó la auditoría anticipada de sus gastos. Fuimos los únicos que
así lo hicimos.
“Las autoridades competentes cuentan y seguirán
contando con toda la información que confirma que no se rebasaron los topes de
campaña”.
Continúa: “Segunda Mentira: Supuesta Inequidad
en Medios Electrónicos. Todos los candidatos tuvieron abundante acceso a los
medios de comunicación, y lo siguen teniendo ahora.
“La Reforma Electoral de 2007-2008 reguló
estrictamente el acceso equitativo a los medios electrónicos. Además, el
monitoreo realizado por la UNAM demuestra que hubo equidad en la cobertura.
“En todo caso, al candidato presidencial
perdedor, le molesta la diversidad de los medios; quisiera que todos estuvieran
exclusivamente a su servicio. Ya vimos que si lo apoyan, son medios
“progresistas”, pero si lo critican, son “colonizantes””, esto último, en referencia
a la respuesta que AMLO dio al agresivo Editorial cargado de calificativos que
el derechista diario El País presentó en su edición del domingo.
Para el PRI “es insultante para los mexicanos
argumentar que los medios tienen el poder para imponerle un candidato a los
votantes”.
Agrega: “Tercera Mentira: Supuesta Manipulación
de Encuestas. El Movimiento Progresista denunció el supuesto uso de las
encuestas para manipular a la opinión pública. Sin embargo, todas ellas
previeron el orden final de los candidatos, así como el crecimiento que el
Movimiento Progresista tuvo a lo largo de la campaña para quedar en segundo
lugar.
“Las empresas encuestadoras han ofrecido
explicaciones técnicas sobre la diferencia de sus diagnósticos con respecto a
los resultados finales. Es impensable que todas ellas se hubieran prestado a la
manipulación”.
“Cuarta Mentira: Supuesta Compra y Coacción de
Voto. López Obrador se ha obstinado en reclamar la compra de 5 millones de
votos, una cifra acomodada al tamaño de sus necesidades”.
“Esta acusación es falsa y cae por sí sola.
Equivale al absurdo de que uno de cada diez votos hubiera sido comprado. Habría
millones de testigos, cuando lo único que hay, son 50 millones de electores que
ejercieron sus derechos políticos con dignidad”, refiere.
Asegura que “contrario a lo que López Obrador
afirma, en las últimas dos décadas se ha fortalecido el marco institucional
para limitar las prácticas antidemocráticas y así preservar la autenticidad y
libertad del voto”.
En la defensa a la cadena de tiendas de autoservicio
señala que “Acusaciones como las que implican al Grupo Soriana son falsas. Sus
propios directivos han aclarado que las tarjetas presentadas forman en
realidad, parte de un programa de puntos y descuentos, vigente desde 2010, para
los trabajadores a los que no se les puede depositar dinero”.
“No sólo eso, el propio directivo recordó que
durante la administración de López Obrador, Soriana emitió tarjetas donde los
adultos de la tercera edad recibían depósitos de las pensiones que otorgaba el
Gobierno del Distrito Federal”.
Añade: “Quinta Mentira: Supuesta Intervención
de Gobernadores. La denuncia afirma también, que los gobernadores priistas
fueron claves en la compra de voto. Esto es falso. Si así fuera, ¿cómo explicar
que el PRI no ganó en Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y
Veracruz, estados gobernados por militantes de nuestro partido? ¿Cómo explicar
también, que Enrique Peña Nieto ganara en la mitad de los estados gobernados
por miembros de otros partidos políticos?
“Argumentar que el Estado de México
supuestamente tenía una cuota de 2 millones 900 mil votos, es tan falso e
insultante para los mexiquenses”, y entra en el terreno de las especulaciones
al señalar que “sería (falso e insultante) para los capitalinos decir que el
Jefe de Gobierno del DF cumplió con una cuota de 2millones 569 mil sufragios
para el candidato de la izquierda”.
“Sexta Mentira: Supuestas Estructuras Paralelas
de Financiamiento. En el caso particular de Monex, los propios directivos de la
empresa han negado categóricamente la existencia de esquemas de financiamiento
paralelos que lo relacionen con los partidos políticos, asimismo le ha
presentado a las autoridades competentes la documentación que lo demuestra.
Sobre este particular, afirmamos lo siguiente:El origen de todos los recursos de campaña
es lícito. Nos ajustamos estrictamente a los topes de campaña que marca la ley.
La aplicación de los recursos se llevó a cabo conforme al marco legal y no se
desviaron para compra de votos como falsamente se nos imputa”.
Finalmente aclara que el “PRI niega
categóricamente todas las acusaciones que se han realizado sobre este tema. Tal
y como se demuestra en el escrito que se está entregando a la autoridad
electoral”.
Y arremete: “El contraste entre la magnitud de
las acusaciones y la pobreza de las pruebas del Movimiento Progresista, deja en
evidencia que no hay interés en que se actúe conforme a la ley, sino lo que se
busca es contar con una justificación mediática para que su excandidato siga vigente.
“El único fraude en esta elección es pretender
invalidar sin pruebas y sin razón legal, el voto legítimo, libre y secreto de
más de 50 millones de mexicanos”, insiste.
“Por eso, hacemos un llamado a todos los
actores políticos a que nos sometamos al imperio de la Ley y a las resoluciones
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Los priístas acudimos al proceso electoral,
con una auténtica determinación para enfrentar los desafíos del país, y
convocar a los mexicanos a luchar para superarlos juntos”, explica
decididamente.
Y tras recodar que “el PRI demostró su vocación
democrática al reconocer el triunfo de sus adversarios en los años 2000 y 2006”,
demandan que sea “el mismo comportamiento democrático de quienes se rehúsan a
reconocer los resultados avalados por las autoridades electorales”, concluye el
extenso documento con los alegatos.
Redacción
Criptograma Mx, descifrando la realidad.
Miguel Eraña, doctor
en derecho y académico en la Universidad Iberoamericana declaró a la revista
Proceso, en un amplio reportaje que los comicios del domingo 1 de Julio pasado,
confirman que en México no existe la democracia, sino una simulación en la que
los árbitros electorales vieron impasibles cómo se fraguó el fraude mediante la
compra y coacción del voto.
El profesor
universitario agregó que además las autoridades encargadas de garantizar la
legitimidad e imparcialidad de los comicios no actuaron ante la construcción de
la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte de Televisa ni ante la utilización
descarada de las encuestas como propaganda política.
En opinión de Miguel
Eraña, lo que hace falta al país es una reforma que implique la desaparición
del IFE, la Fepade y el TEPJF, pues sólo son comparsas de las élites del poder.
Explicó que los llamados árbitros del sistema electoral mexicano están
rebasados. No pueden con los grupos de poder formales yde facto que
eluden cuanta reforma electoral se realice con tal de evitar un triunfo de la
izquierda en México.
Explicó al influyente semanario, fundado por don
Julio Scherer, que desde la reforma electoral de 1990 obligada por el fraude de
Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, se ha ido
conformando un sistema que sólo permite el traspaso del poder entre el PRI y el
PAN.
Se trata
de una simulación de democracia, dijo el doctor en derecho constitucional,
especializado en derecho electoral y parlamentario, Miguel Eraña, profesor de
posgrado en la UNAM y de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana.
El académico recordó que hace seis años el Instituto Federal Electoral
(IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
dejaron pasar la intromisión ilegal del entonces presidente Vicente Fox y del
Consejo Coordinador Empresarial, respaldados por la televisión, para franquearle
el camino a Felipe Calderón, por lo que para Eraña “hoy subsiste un presidente de facto, en lugar
uno de jure”.
Pese a
calificar esa intromisión como grave, el TEPJF validó la elección de 2006.
Ahora los árbitros contemplaron cómo Televisa construía un candidato, avalaron
la compra y coacción del voto, callaron ante la utilización de las encuestas
como propaganda y con el recuento “legaloide” de la mitad de los votos de la
elección presidencial terminarán por validar a ese candidato, Enrique Peña Nieto,
como presidente de la república.
“Este sistema electoral –apunta Eraña– tiene más
sombras que luces. Se parece más a un sistema de liberalización política que a
uno democrático. Pasamos de un sistema de régimen autoritario a otro con un
pluralismo deficitario, en el que en lugar de libre juego hay un recambio
periódico de titulares del poder con un déficit de legitimidad democrática. Es
menos malo que el anterior, pero no pasa la prueba de un régimen democrático”.
