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Según González Oropeza, el TEPJF no investiga,
ese trabajo lo hace el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya lo hizo.
En contraposición, el diputado
federal por el Partido del Trabajo (PT) y ex consejero del IFE de 1996 a 2003,
Jaime Cárdenas Gracia, quien encabeza el equipo de abogados de la coalición que
impugnó la elección, y que elaboró el proyecto presentado por el Movimiento
Progresista, declaró a la revista Proceso que si el Trife se asume como
autoridad administrativa, resolverá solamente conforme a las pruebas que se
presenten, “pero si se asume como Tribunal tomará en cuenta no sólo lo que
presentemos, también podrá requerir a otras autoridades información o pruebas y
dictar medidas para mejor proveer”.
El magistrado Manuel González Oropeza
fue entrevistado en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmitió
este lunes 16 en el Canal Judicial. Ahí, declaró que los recortes de prensa en
los que se denunciaron irregularidades durante el proceso electoral pueden ser
una prueba si se relacionan con otros medios de convicción más sólidos.
No basta que se hayan mencionado en
la prensa, se tienen que demostrar, dijo en alusión a los informes
periodísticos presentados por el Movimiento Progresista ante el TEPJF.
“No basta con decir o descalificar,
por ejemplo, que se deben anular casillas por el hecho de que se permitió que
votaran personas que no estaban en el listado nominal. Finalmente eso se tiene
que probar”, dijo.
Explicó que muchas veces se tiende a
generalizar irregularidades, a enunciarlas de manera abstracta y genérica, y al
TEPJF le toca decir si la denuncia en realidad existió, pero sólo lo puede
hacer con las pruebas aportadas, añadió.
Redacción, con información de
Proceso.
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