En conferencia de prensa, los representantes del organismo y de Equipo Pueblo, Beatriz Camacho y Héctor Díaz Santana, así como Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), resaltaron que las irregularidades detectadas en 21 entidades, sobre todo la compra y condicionamiento del voto, no pueden atribuirse a un solo partido.
Aunque establecieron que la gravedad de las irregularidades ameritaría que se anulara la elección presidencial. "La equidad en la elección está rota, habría lugar a una anulación”, dijo Huchim May.
Huchim recordó que, por resoluciones anteriores que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre todo la Sala Superior, “ni siquiera va a intentar anular la elección presidencial”.
Los observadores coincidieron en que las anomalías registradas en 2012 fueron mayores a las de 2006 y, frente a la dificultad de cuantificarlas, el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF “resultan autoridades insuficientes para corregir tan grave problema”.
Según reportes de 500 observadores que monitorearon casillas en 21 entidades, se detectó que en una encuesta aplicada a tres mil 158 electores, cerca de 28.4 por ciento aceptó que estuvo expuesto al menos a una práctica de compra o coacción del voto.
Redacción, con información de Proceso.
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