Durante 2017 las autoridades fallaron en dar seguridad a la población: continuaron la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de que se promulgó una Ley de Seguridad Interior que carece de parámetros para evitar violaciones a derechos humanos.
Así resumió el año el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar su i
nforme de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, aprovechó para hacer un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República:
“Vale la pena convocar a los contendientes a la reflexión, para desterrar la animadversión de nuestra élite electoral en beneficio del respeto a las personas y la consolidación de la democracia. El intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero para beneficio del país jamás debe ser intransigente o fanático”.
Sobre los delitos de alto impacto que motivaron la apertura de expedientes de la CNDH, afirmó que “se registraron 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319 tratos crueles inhumanos o degradantes; 464 de negligencia médica, 83 de tortura, 25 casos de privación de la vida y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas”.
Las violaciones más graves que se determinaron fueron nueve casos de tortura, otros tantos de “tratos crueles inhumanos o degradantes; en nueve, privación de la vida; y en seis, desaparición forzada o involuntaria de personas”.
González Pérez consideró que “las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”, en parte debido a “la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales”.
Criticó además la Ley de Seguridad Interior aprobada por los legisladores y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual tenía frente a él.
Dijo que, en su parte sustantiva, dicha ley hace posible que, sin parámetros objetivos y ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, “por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual” por cuestiones “imprecisas y subjetivas de interpretación” como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.
La ley carece “de los parámetros adecuados para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”, agregó el presidente de la CNDH.
La ley genera que se vulneren los derechos y libertades básicas, pero no sólo ello, dijo, sino que también “afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la federación y los estados y las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
“Lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, reiteró.
Posteriormente, el ómbudsman mencionó los casos de mayor impacto resueltos en 2017, como la venta de niños en Sonora; las fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León; el uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución del operativo policiaco en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Papantla, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz.
Sostuvo que esos casos conmovieron a la sociedad, “la cual reclama el cumplimiento cabal de los puntos recomendatorios y que las acciones necesarias para que la atención, reparación y justicia llegue a las víctimas, se implementen oportuna e integralmente”.
Después de referirse a los feminicidios, las agresiones a periodistas, el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, los abusos contra migrantes y la trata de personas, González Pérez afirmó que “los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población”, evidencian que “el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad” han generado “un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción” que afecta “especialmente a las poblaciones más vulnerables”.
A ello ha contribuido el abandono de las policías por “el deficiente diseño institucional”, las inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección, la inadecuada formación y capacitación y las fallas de los esquemas de coordinación interinstitucional.
Por ese motivo, enfatizó, urge legislar de manera “oportuna” y acabar con la amplia tolerancia ante el incumplimiento y falta de aplicación de la ley; pero también es prioritario que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública.
“En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó González Pérez.
Con información de
Proceso
