Tras informar que el gobierno de México rechazó las entrevistas directas con los militares presentes en los hechos de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) denunció que hubo pérdidas importantes de evidencias videograbadas que pudieron servir en las investigaciones.
"Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso", dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz.
En el marco de la presentación del 5º informe de labores, los expertos adelantaron que ya presentaron su solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ampliar por un nuevo periodo de seis meses su labor en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Funcionarios del Palacio de Justicia de Iguala, habían declarado a la CIDH que existían grabaciones de vídeo tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de "entre 10 y 16" estudiantes por parte de la policía en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, detalló Paz.
Esa noche, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron e incineraron en el basurero municipal de Cocula, según la "verdad histórica" de la PGR, que los padres rechazan.
El organismo internacional solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR), pero "parece que tales registros videográficos fueron destruidos", continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.
Además, el grupo criticó la postura del Estado mexicano de permitirle a la CIDH únicamente por escrito y dentro del proceso penal, entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los normalistas.
Los investigadores aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.
Sin embargo, la respuesta oficial fue que formularan las preguntas por escrito y que no participaran en la comparecencia, lo que los representantes de la CIDH rechazaron.
"No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración", dijo el experto chileno Francisco Cox, citado por la agencia española EFE.
Cox añadió que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las investigaciones y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".
Además de ello, los expertos denunciaron que las autoridades mexicanas también ocultan evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario halló en el expediente del 27 de septiembre, que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre.
Dichas evidencias "no eran conocidas por los familiares, ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma", explicó Paz.
El grupo afirmó que este hecho es "grave", tanto "para la investigación" como por la importancia que tiene para los familiares.
Por ello, pidió a la PGR tomar las muestras genéticas de la ropa y resguardar de forma adecuada la misma, que será identificada en estos días por los familiares.
A su vez, el experto español, Carlos Beristain, dijo que la ropa había sido guardada en "malas condiciones", por lo que presenta "un cierto deterioro" que puede contaminar los análisis que se realizará en un laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria.
En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa, los expertos dijeron no temer por su seguridad ni haber pedido medidas de protección tras el asesinato a tiros a principios de agosto de Miguel Ángel Jiménez, un policía comunitario implicado en la búsqueda de los desaparecidos.
Al cumplirse su mandato inicial de seis meses, que arrancó el 2 de marzo, el grupo de expertos presentará el 6 de septiembre sus conclusiones sobre lo ocurrido con los estudiantes, sobre las cuales no quisieron avanzar detalles este jueves.
Los expertos, también apoyados por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, solicitaron al gobierno ampliar su mandato para continuar con la investigación.
Al respecto, sólo falta la respuesta de aceptación del gobierno mexicano, que podría darse en los próximos días. El GIEI se reunió el domingo 17 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar el tema.
En conferencia de prensa los expertos Claudia Pérez, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beruatain, explicaron que el argumento del gobierno mexicano para impedir las entrevistas directas con los militares es que una acción como esta "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".
En la sesión de preguntas y respuestas, Francisco Cox, señaló que con la información que se tiene "hasta el momento todavía se desconoce el destino de los chavos".
Con información de La Jornada y EFE
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