El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, revelaron fiscales federales estadounidenses en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas el martes 23 de mayo.
Aunque
aun no se ha imputado ningún cargo penal al ex mandatario de extracción priista,
las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario
público, recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y
de varios esquemas de extorsión o soborno”.
En
ese entonces, Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004,
utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran
inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”,
dicen los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de
confiscación fue presentado en San Antonio.
Las
autoridades de los Estados Unidos intentan decomisar un condominio en la isla
South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.
Un
abogado de Yarrington en Houston, Texas, dijo que se encontraba revisando los documentos
que fueron divulgados. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington
fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas,
entre 1992 y 1995.
De
acuerdo al caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un
empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que
fuese el comprador oficial del condominio de 450 mil dólares en South Padre en
1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección
de la Policía.
Los
fiscales agregan que Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los
narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado
desde 1998.
Respecto
a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la
transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del
Departamento de Justicia estadounidense dijo que la propiedad también habría
sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos ilícitos”.
Los
fiscales federales también difundieron la acusación en contra del empresario
mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero
del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios en Tamaulipas a fin de
garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
La
acusación contra Cano Martínez en Brownsville, por cargos de lavado de dinero,
se basa en que tanto él como ''uno o más socios de la confabulación no acusados
formalmente'' utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para
comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San
Antonio forma parte.
Cano
era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, la capital de
Tamaulipas, en donde su compañía recibió varios contratos de una serie de
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo menos desde
1993.
Uno
de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009, para una sección
de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto
industrial de Altamira.
Un
auditor federal lo obligó a regresar 2 millones de pesos por tramos de ese
proyecto que fueron pagadas pero que quedaron sin pavimentar.
Cano
está prófugo y no tiene abogados que lo representen en el caso.
Redacción
con información de AP
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