En otras palabras: prometió impunidad a las tropas para asesinar o agredir a civiles, o realizar detenciones extrajudiciales.
Este decreto acentúa la brutal represión policiaca y militar que el gobierno "de facto" de Bolivia mantiene desatado contra las manifestaciones que salieron para repudiar el golpe de Estado. Mientras tanto, el pueblo leal a Evo clama por ayuda internacional.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tan solo entre ayer y hoy los policías y soldados asesinaron a nueve manifestantes e hirieron a 122 más, mientras que tres periodistas resultaron agredidos.
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