Durante 2017 las autoridades fallaron en dar seguridad a la población: continuaron la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de que se promulgó una Ley de Seguridad Interior que carece de parámetros para evitar violaciones a derechos humanos.
Así resumió el año el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, aprovechó para hacer un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República:
“Vale la pena convocar a los contendientes a la reflexión, para desterrar la animadversión de nuestra élite electoral en beneficio del respeto a las personas y la consolidación de la democracia. El intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero para beneficio del país jamás debe ser intransigente o fanático”.
Sobre los delitos de alto impacto que motivaron la apertura de expedientes de la CNDH, afirmó que “se registraron 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319 tratos crueles inhumanos o degradantes; 464 de negligencia médica, 83 de tortura, 25 casos de privación de la vida y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas”.
Las violaciones más graves que se determinaron fueron nueve casos de tortura, otros tantos de “tratos crueles inhumanos o degradantes; en nueve, privación de la vida; y en seis, desaparición forzada o involuntaria de personas”.
González Pérez consideró que “las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”, en parte debido a “la falta de estrategias objetivas y eficaces en el combate a las organizaciones criminales”.
Criticó además la Ley de Seguridad Interior aprobada por los legisladores y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual tenía frente a él.
Dijo que, en su parte sustantiva, dicha ley hace posible que, sin parámetros objetivos y ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, “por causas y materias que trascienden por mucho el ámbito de la seguridad individual” por cuestiones “imprecisas y subjetivas de interpretación” como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.
La ley carece “de los parámetros adecuados para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”, agregó el presidente de la CNDH.
La ley genera que se vulneren los derechos y libertades básicas, pero no sólo ello, dijo, sino que también “afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la federación y los estados y las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
“Lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, reiteró.
Posteriormente, el ómbudsman mencionó los casos de mayor impacto resueltos en 2017, como la venta de niños en Sonora; las fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León; el uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución del operativo policiaco en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Papantla, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz.
Sostuvo que esos casos conmovieron a la sociedad, “la cual reclama el cumplimiento cabal de los puntos recomendatorios y que las acciones necesarias para que la atención, reparación y justicia llegue a las víctimas, se implementen oportuna e integralmente”.
Después de referirse a los feminicidios, las agresiones a periodistas, el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, los abusos contra migrantes y la trata de personas, González Pérez afirmó que “los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población”, evidencian que “el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad” han generado “un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción” que afecta “especialmente a las poblaciones más vulnerables”.
A ello ha contribuido el abandono de las policías por “el deficiente diseño institucional”, las inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección, la inadecuada formación y capacitación y las fallas de los esquemas de coordinación interinstitucional.
Por ese motivo, enfatizó, urge legislar de manera “oportuna” y acabar con la amplia tolerancia ante el incumplimiento y falta de aplicación de la ley; pero también es prioritario que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública.
“En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó González Pérez.
Con información de Proceso
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