Gobierno Federal cancela presupuesto para el tren México-Querétaro

El recorte de 124 mil 300 millones de pesos en el gasto público del Gobierno para este 2015 provocó la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro, proyecto que provocó dudas sobre su transparencia, además, se canceló definitivamente el Tren Transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán.

“Se cancelan no solo por el impacto que tendrían en las finanzas publicas, sino por las presiones que tendrían en los gastos públicos por venir”, dijo en rueda de prensa el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

El tren, con un valor de 3 mil 750 millones de dólares, estaba planeado para que iniciara operaciones en el segundo semestre de 2017. Los trenes de pasajeros eran las únicas grandes apuestas del Gobierno federal en materia de infraestructura.

Durante la campaña electoral del 2012, el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador había anunciado la construcción de trenes para comunicar por tierra. Peña Nieto, en busca de la popularidad perdida, copio las propuestas del político tabasqueño.

Ya el 1º de diciembre de 2012, al iniciar su administración, Enrique Peña Nieto anunció: “En México volveremos a tener trenes de pasajeros para conectar nuestras ciudades. He ordenado al Secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013 la construcción del tren México-Querétaro”. 

Su construcción generaría 20 mil empleos directos y 41 mil indirectos, y una vez concluido, recorrería 210 kilómetros a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora desde la Terminal Ferroviaria de Buenavista en la Ciudad de México hasta el centro de Querétaro, transportando a 23 mil pasajeros diariamente.

Sin embargo, la opacidad y la sombra del favoritismo se hizo presente desde el inicio. Perimer, Mitsubishi, Alstom, Bombardier y Siemens informaron que no participarían porque el plazo para preparar el proyecto había sido muy corto.

Sin embargo, corría el mes de noviembre de 2014, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el ganador del proyecto era el consorcio encabezado por China Railway, el único postor de la puja. 

La polémica aumentó cuando se conoció que Grupo Teya, una de las empresas que formaban parte del consorcio liderado por la firma china, es una filial de un contratista del Gobierno dueño de "La Casa Blanca", mansión ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y que la esposa de Peña Nieto estaba en proceso de compra.

El Gobierno Federal revocó el fallo el 6 de noviembre, unos días antes de que las revelaciones fueran publicadas.

Pese a ello, el tren parecía que saldría adelante; la SCT lanzó el 14 de enero las prebases para una nueva licitación y dio 15 días a las empresas para enviar sus comentarios.

Sorpresivamente, el 29 de enero, la SCT canceló la publicación de las bases con el argumento de que se tomaría el tiempo suficiente para conocer y considerar las opiniones de empresas interesadas.

RECORTAN PRESUPUESTO A PEMEX Y CFE

A 124 mil 300 millones de pesos asciende el recorte al gasto público 2015, que representa 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, anunció este viernes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Los presupuestos de Pemex y la CFE resultarán afectados por ello.

Pemex tendrá que recortar 62 mil millones de pesos de su presupuesto. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad deberá recortar 10 mil millones de pesos.

Redacción Criptograma Noticias

Las 10 razones para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa

La organización defensora de los derechos humanos, Centro Prodh señala 10 puntos para no dar carpetazo al caso Ayotzinapa:

• Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
• Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
•  Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
• Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
•  Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
•  Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
•  Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
• Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
•  Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
•  Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

Gobierno mexicano socava Estado de Derecho al cerrar caso Ayotzinapa: WOLA

Criptograma Noticias reproduce el documento íntegro publicado por WOLA en su sitio de Internet:

La investigación sobre Ayotzinapa no se puede cerrar: Posicionamiento del gobierno mexicano socava el Estado de Derecho

28 ene 2015

Washington, D.C.—El 27 de enero, cuatro meses después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam, se paró frente a las cámaras de televisión y declaró que la investigación sobre estos estudiantes estaba concluida. Presentó un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, y que incluyó las confesiones grabadas en vídeo de algunos de los supuestos perpetradores. Sin presentar nuevas pruebas, el Procurador revisó el acervo probatorio existente y dijo que el gobierno estaba seguro de que los estudiantes habían muerto y que su teoría del caso era correcta.

WOLA considera que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas. Mientras que el presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso. 

Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho.”

Frente al anuncio hecho por el Procurador, las familias de los estudiantes y sus representantes legales realizaron una conferencia de prensa. Rechazaron categóricamente la posición del gobierno y listaron varias razones por las cuales no se puede dar por concluido la investigación, como la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero donde supuestamente los jóvenes fueron quemados, la falta de investigación sobre la responsabilidad del Ejército y las alegaciones de corrupción política de otras autoridades del estado de Guerrero, las alegaciones de que algunos de los inculpados hayan sido torturados, y el hecho de que solamente se han identificado los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Los familiares declararon que continuarán buscando a sus hijos hasta que se presentaran con pruebas convincentes de que están muertos.

“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para certificar la versión del caso del gobierno.

Otro aspecto preocupante del anuncio del gobierno es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.

El caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que, “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña Nieto.”

Al gobierno le urge dar carpetazo al caso Ayotzinapa: Padres

Foto: Twitter

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en los hechos de Iguala, Guerrero, del pasado 26 de septiembre, rechazaron la versión dada a conocer este martes 27 de enero, por la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que sus hijos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, por considerar que hay muchos puntos de la investigación que no han sido resueltos, y adelantaron que van a llevar el caso ante la justicia internacional.

En el marco de su participación en la conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, los padres afirmaron que al gobierno le urge dar carpetazo al caso ante la proximidad de la elecciones estatales en Guerrero.

En rueda de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una “prisa e intencionalidad política” del gobierno federal para cerrar el caso a pesar de que no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan.

El abogado explicó que el tema no se puede cerrar debido a que hay una gran cantidad de aspectos que aún no han sido esclarecidos, entre ellos que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados, y señaló el testimonio del presunto delincuente apodado "El Cepillo" no es concluyente, ya que no vio los hechos de violencia contra los jóvenes de principio a fin.

Asimismo, resaltó que otros puntos que impiden el cierre de la indagatoria son que hay denuncias de tortura de algunos detenidos, no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón, y aún sigue prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que le ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa.

Además, no hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada, existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido esclarecidas, y no hay certeza legal de la muerte de los jóvenes para afirmar que se está investigando un homicidio.

Por último, el litigante expuso que desde 2003 había testimonios de que el Ejército estaba en complicidad con el cártel de Guerreros Unidos y no se ha esclarecido que otros funcionarios estaban en complicidad con los delincuentes, no sólo a nivel municipal sino también federal y estatal.

Por todo ello, el representante legal de los familiares subrayó que desconfían del informe que dio a conocer la PGR e impedirán que el gobierno cierre el caso. Para ello dijeron que los llevarán ante diversos organismo internacionales con el objetivo de que sigan investigando lo ocurrido hasta llegara la verdad.

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio a la manera en que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karama, busca cerrar “de manera descarada” lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre, y deploró que las autoridades violen los acuerdos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto que obligan al gobierno a dar a conocer primero a los padres cualquier avance en las investigaciones.

“La postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar”.

Uno de los padres de los normalistas dijo que no se pueden ir a casa con "este dolor" y advirtió que continuarán la lucha hasta el final, "hasta que todo se aclare".

La madre del estudiante Benjamín Ascencio Bautista dijo que  harán actividades hasta que les entreguen a sus hijos.

La madre de Jorge Anibal, reiteró que "No puede tener más valor la palabra de un delincuente que la palabra de nosotros" y agregó que la PGR en un principio les dijo que quemaron los celulares, sin embargo, aclaró que de acuerdo al último reporte de las autoridades le indicaron que el teléfono de su hijo registró actividad días después de que supuestamente fueron incinerados.

Pidió la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.

El padre de otro de los estudiantes dijo que los tres poderes son "una bola de corruptos y asesinos, por eso nos quieren callar".

Los padres enumeraron por lo menos 10 razones por las cuales no se puede cerrar el caso, además reiteraron que el caso de los estudiantes desaparecidos, no es un hecho atípico, ya que hay muchos casos más de desapariciones forzadas en el país.

El incumplimiento por parte del presidente, Enrique Peña Nieto, de dos promesas firmadas con los familiares de los estudiantes es otra de las razones por las cuales no se puede cerrar el caso, reiteraron.

Con información de La Jornada.

Normalistas fueron incinerados en Cocula, insiste PGR

Foto: PGR

Fue a cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, que la PGR dio a conocer la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, detenido hace unos días, quien confesó su participación en los hechos, y la orden de asesinar a los jóvenes.

En rueda de prensa, Tomás Zerón -director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, leyó algunas partes de la declaración de Rodríguez Salgado: “(Los normalistas) Venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados y ensangrentados... algunos ya estaban muertos“.

El Cepillo aseguró que los jóvenes fueron entregados por policías de Iguala y Cocula, quienes los transportaron en camionetas.

En sus declaraciones, "El Cepillo" expone que el 26 de septiembre, recibió una llamada en la que le informaron que un “grupo antagónico estaba atacando” en Iguala.

A él le entregaron un “grupo numeroso de estudiantes”, en camionetas que condujeron hasta el basurero de Cocula, donde se les ejecutó e incineró.

Incluso, ordenó que quemaran sus celulares, la ropa… todo. Y después pidió comprar bolsas para recoger las cenizas y arrojarlas al río.

A continuación puntos de la declaración dada a conocer por la PGR: 

Foto: PGR

Foto: PGR

Presidencia: Peña Nieto compró legalmente su casa en Ixtapan

Foto:granreserva.com

“El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como Gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República. Dicha casa la ha utilizado de forma pública y notoria“, respondió la Presidencia de México en un comunicado.

Esto, tras la nota publicada por el prestigiado diario estadounidense The Wall Street  Journal, que reveló que, semanas después de haber asumido el cargo de gobernador del Estado de México, a finales del 2005, el hoy presidente Enrique Peña Nieto compró una propiedad en un exclusivo club de golf de un empresario, quien ha sido beneficiado con contratos estatales y federales.

El vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan, Roberto San Román Widerkehr, fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, detalló el diario. Además, la empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder.

Al respecto, desde Los Pinos afirmaron que “las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el gobierno federal. La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”.

Y mencionó que “al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.

Compró EPN casa en Ixtapan de la Sal a otro contratista de obra pública: WSJ

Foto: WSJ

Una semanas después de haber asumido el cargo de gobernador del Estado de México, a finales del 2005, el hoy presidente Enrique Peña Nieto compró una propiedad en un exclusivo club de golf de un empresario que ha sido beneficiado con contratos estatales y federales.

El diario The Wall Street Journal publicó este martes que la residencia de fin de semana, ubicada en Ixtapan de la Sal, fue vendida a Peña Nieto por Roberto San Román Widerkehr, desarrollador de un club de golf exclusivo que posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares.

La empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan fue fundada en 1998 y antes de la gubernatura de Peña Nieto, sólo había obtenido varios contratos públicos menores en el Estado de México, detalló el diario estadounidense.

El mismo diario, The Wall Street Journal,  publicó a inicios de diciembre que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa a  Juan Armando Hinojosa, contratistaseñalado por Aristegui Noticias como el constructor de la “casa blanca” de Angélica Rivera.

Criptograma Noticias reproduce la traducción realizada por el diario Reforma.

La casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal que el Presidente Peña compró en 2005 era propiedad de un empresario que posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares en el Estado de México, reveló The Wall Street Journal.

Roberto San Román Widerkehr, el vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan, fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, detalló el diario.

Ésto se da a conocer en medio de la polémica por la casa que la Primera Dama Angélica Rivera compró al contratista Juan Armando Hinojosa, quien también vendió una casa a Luis Videgaray, titular de Hacienda.

Pero su negocio se disparó entre 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, según registros del Gobierno estatal.

Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente, en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder.

También recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca. El Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al WSJ que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.

Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 38 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.

Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés.

“La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó.

Los San Román han sido desde hace mucho tiempo cercanos a altos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto.

El ex gobernador Alfredo del Mazo González, que tiene lazos familiares con Peña Nieto, fue durante un tiempo accionista de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, la firma de bienes raíces controlada por los San Román, según documentos públicos.

El diario agregó que San Román Widerkehr murió en 2010 y su hijo Ricardo San Román Dunne tomó el control de los negocios.

En el resort de golf, la casa más barata a la venta, de 210 metros cuadrados, tiene un precio de 241 mil dólares o 3.5 millones de pesos, dijo un vendedor del resort.

El terreno más barato, de 400 metros cuadrados, está a la venta por 88 mil dólares.