La Coordinadora de Universitarios en Lucha
(CUL) desconoció el Acuerdo por Morelia y por Michoacán, documento que asumió y
confirmó que continuará con movilizaciones para exigir mejoras para los
habitantes de las llamadas casas del estudiante, cuyos líderes cada año reciben
al menos 175 millones de pesos sin rendir cuentas sobre la forma en que los
ejercen.
De esta manera continúa la toma de Ciudad
Universitaria y de las preparatorias, escuelas, facultades e institutos de
investigación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y a sus
demandas sumaron la petición de renuncia del rector Salvador Jara.
Los representantes de las 10 casas del
estudiante, repudiaron el pacto con los gobiernos de Morelia y de Michoacán,
así como con los empresarios, bajo el argumento de que solo fue suscrito por
representantes de cuatro de esos albergues, que además no estaban facultados
para ello, sino nada más para negociar el pliego petitorio que dio origen a
esta nueva escalada de manifestaciones.
En conferencia de prensa, advirtieron:
“nuestra lucha no se negocia, no nos pueden impedir el derecho a manifestarnos,
no aceptamos este documento porque coarta el derecho a la libre manifestación.
El compromiso lo hizo Fausto Vallejo (el gobernador) con los empresarios y no
con el movimiento estudiantil que pretenden desarticular.
Fausto no hizo un
pacto con nosotros, sino con los que manejan toda la ciudad, por este pacto no
salieron libres los compañeros, sino por la presión y manifestación”.
Retadores, pese a la liberación de la decena
de estudiantes que fueron detenidos tras los disturbios de los pasados 27 y 28
de abril, los representantes estudiantiles aseguraron que la toma que permanece
en la Ciudad Universitaria es en protesta por la posición de la autoridad
universitaria de proporcionar datos personales de los alumnos matriculados a
las autoridades judiciales, por lo que exigieron la salida definitiva del
rector Salvador Jara.
En este sentido, anunciaron la posibilidad de
presentar esta petición ante el Consejo Universitario y las instancias que
correspondan para lograr la destitución del rector. Además dijeron: “estamos
inconformes con las autoridades que nos representan, sobre todo el de Asuntos
Estudiantiles, Dolores Govea, y vamos a ir por la renuncia de Jara”.
Reiteraron, sin mencionar nombres, que los
firmantes del pacto no representan a la totalidad de quienes conforman la CUL y
menos a los integrantes del movimiento popular y organizaciones que se
expresaron de manera continua para exigir la excarcelación de los detenidos.
Aseguraron que la liberación de los
estudiantes fue resultado de las distintas movilizaciones y no del pacto
firmado con el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por el priista
Fausto Vallejo.
Por
su parte, el rector Salvador Jara señaló que algunos de las personas que
encabezaban la toma en la Universidad no son estudiantes universitarios, sino que
pertenecen a grupos normalistas y organizaciones sociales, de las cuales no
especificó su procedencia.
Ante
esto, anunció que se iniciaría un proceso legal en contra de los que mantienen
la toma de las instalaciones y que no son universitarios, asimismo en contra de
los que si son universitarios posiblemente se entable un proceso pero ante el
Tribunal Universitario.
Redacción con información de Milenio y Cambio
de Michoacán.
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