“Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que le corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y diversas empresas involucradas en la investigación”, a esta conclusión llegó el titular de la Secretaría de la Función Pública Virgilio Andrade, pese a que Grupo Higa tiene 22 contratos con el Gobierno de México y esta empresa fue la que vendió la Casa Blanca de la primera dama Angélica Rivera.
Al dar a conocer los resultados de las investigaciones relacionadas con la denominada Casa Blanca y de la propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Virgilio Andrade anunció que de los expedientes abiertos se desprende que “no existieron violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tanto de Peña Nieto como de Videgaray".
En rueda de prensa, Andrade dijo que se investigaron todas las empresas relacionadas con Juan Armando Cantú y también con Ricardo Arturo San Román.
Detalló que en conjunto, en las diversas empresas en que ambos participan como accionistas o miembros de su consejo de administración, identificaron 33 contratos, 13 por adquisiciones de bienes y servicios y 20 por obra pública con un monto de mil 600 millones de pesos.
“Se investigó en primer lugar qué empresas”, de Hinojosa Cantú, “tienen contratos con dependencias de la administración pública federal”, inició.
Y detalló el número de contratos que obtuvieron las filiales de Higa:
-Eolo Plus, 11 contratos
-Concretos y Obra Civil del Pacífico, 6 contratos
-Constructora Teya, 3 contratos
-Publicidad y Artículos Creativos, 2 contratos
Andrade informó que investigó la conducta de 111 servidores públicos que intervinieron en alguno de los 33 contratos ya referidos.
En el desglose de las tres investigaciones que forman parte de un expediente de 6 mil fojas, se refirió, en primer término, a la denominada Casa Blanca, misma que fue adquirida por Angélica Rivera el 12 de enero de 2012, ubicada en Sierra Gorda 150.
Al respecto, comentó que se pactó un precio de 54 millones de pesos que se iban a pagar en plazos según el acuerdo entre Rivera e Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Sobre los primeros tres años, señaló que la primera dama pagó 14 millones de pesos que, de acuerdo al contrato, se estableció que correspondían en primer término al pago de interés.
De acuerdo con la indagatoria, Rivera expidió 36 cheques a la citada inmobiliaria hasta el año 2015 provenientes de su cuenta personal. Andrade, dijo que entre otros ingresos reportados por la esposa del mandatario destacan el finiquito de la relación contractual con Televisa Talento en junio de 2010, mediante el cual se otorgó pagar 88.6 millones de pesos.
Además, comentó que se tienen acreditados el pago e impuestos, el deposito de la empresa Televisa y que de esa cuenta personal salieron los pagos para la liquidación de la casa.
Señaló que en diciembre de 2014 ambas partes acordaron dar por concluido el contrato y establecieron un acuerdo mediante el cual la señora Rivera pagaría 10.5 millones de pesos como concepto de arrendamiento y que le fueron devueltos los 14 millones que habría pagado como parte del contrato original.
Al justificar la exoneración de conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto en este caso -dada su relación familiar- Andrade dijo que se investigó la conducta de Angélica Rivera en su carácter de particular por estar casada con un servidor público, lo que permitió concluir que el Presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones de la ley correspondiente ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compra-venta con reserva de domino de la casa de Sierra Gorda, “el cual fue celebrado antes de que asumiera su carácter como servidor público federal el señor Enrique Peña Nieto”.
Además, dijo, se comprobó el pago de las obligaciones derivadas de dicho contrato hasta que se dio por terminado de forma anticipada en diciembre pasado.
También se acreditó que con motivo del inicio del encargo de Peña Nieto como presidente de México no hubo modificación alguna a los términos originales del contrato de compra-venta con reserva de dominio que implicara condiciones favorables derivadas del carácter de esposa y servidor público”.
El funcionario -que el mismo Peña Nieto designó para investigarlo- señaló que comparecieron de manera oral o por escrito 111 funcionarios de gobierno involucrados en la entrega de contratos de las empresas de los particulares mencionados, y que acreditaron no haber sido presionados de forma alguna en la asignación de dichos contratos.
Respecto al caso de Videgaray, se informó que el 10 de octubre de 2012 celebró con la empresa bienes raíces HIC un contrato de compra-venta de una casa de club de golf en Malinalco a un precio de 7.5 millones de pesos con interés anual de 5.31 por ciento.
El funcionario mencionó que se acreditó que el contrato ha sido liquidado ya, a pesar de que estaba pactado a 18 años pues Videgaray cubrió anticipadamente los adeudos en algún caso incluso con obras de arte valuadas en 1.8 millones de pesos.
Dijo que de las investigaciones realizadas se desprendió que Videgaray no incurrió en conflicto de interés alguno.
Durante la rueda de prensa, el secretario mencionó que a fin de que pueda ser verificado por cualquier persona, determinó que el expediente no será asignado a un conjunto de expertos como originalmente había propuesto Peña Nieto a Andrade y que optó por decisión propia que se difunda a través de la página de internet de la Secretaría de la Función Pública.
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