Sergio
Valls y Fernando Franco, ministros de la Suprema Corte de Justicia dictaron una
suspensión para que el Ejecutivo se abstenga de publicar, por tiempo
indefinido, la Ley General de Víctimas.
Ambos
ministros, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte, concedieron la
suspensión como parte de la controversia constitucional promovida la semana
pasada por el Ejecutivo para impugnar la orden de publicación de esta ley que
le giró el presidente del Senado, José González Morfín.
Según
la Secretaría de Gobernación, no hay fundamento para la orden de publicación,
ya que el 1 de julio el Ejecutivo presentó a tiempo sus observaciones a la ley
que le envió el Congreso.
Esta
suspensión por parte de la SCJN era inevitable, ya que de no haber sido
concedida, la ley tendría que ser publicada, lo que dejaría sin materia a la
controversia.
Ahora,
lo que la Corte tendrá que resolver es si efectivamente las observaciones
fueron presentadas dentro del término de 30 días que marca el artículo 72 de la
Constitución, lo que obligaría al Congreso a procesar el veto, es decir, a
aceptar las modificaciones sugeridas por el Presidente Felipe Calderón o a
superarlas mediante votación calificada de ambas Cámaras.
Para
el Legislativo, las observaciones no fueron presentadas en tiempo y, por tanto,
la ley se debe tener por promulgada en el primer caso de aplicación de la
reforma de agosto de 2011 al artículo 72, que buscó eliminar el llamado
"veto de bolsillo" que el Ejecutivo podía imponer al retrasar la
publicación de normas.
El
máximo tribunal no analizará ningún tema relacionado con el contenido de la
ley, que según el Ejecutivo tiene serios defectos, empezando por el hecho de
que la Constitución no faculta al Congreso para expedir una ley general en
materia de víctimas del delito obligatoria para Federación, Estados y Municipios.
El
trámite y resolución de la controversia tomará entre seis meses y un año, por
lo que fuentes del Gobierno han afirmado que presentarán la iniciativa para una
nueva ley, de la que quedarían excluidos algunos puntos polémicos que
provocaron el veto, y que podría ser aprobada durante el periodo de sesiones de
la nueva Legislatura que arranca en septiembre.
"Institucionalmente,
no era posible aceptar la orden de publicación porque sería tanto como aceptar
que las observaciones se presentaron fuera de tiempo", explicó una fuente
oficial.
"La
minuta se recibió por primera vez en mayo, pero la Cámara de Diputados la pidió
de vuelta el mismo día, y fue hasta el 1 de junio cuando la devolvieron, por lo
que el veto sí se aplicó a tiempo".
El
único precedente similar a este litigio es la disputa por el Presupuesto de
Egresos de 2005, cuando la Cámara de Diputados se negó a aceptar observaciones
formuladas por el Presidente Vicente Fox en diciembre de 2004.
En
aquella ocasión, la Comisión de Receso de la Corte suspendió el ejercicio de
partidas por alrededor de 6 mil millones de pesos, y cinco meses después, el
Pleno de ministros resolvió por 6 votos contra 5 que el Ejecutivo sí tenía
derecho a vetar el Presupuesto.
Con
información de Reforma.
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