Autoridades ejidales de Galeana, municipio de La
Independencia, en Chiapas, impusieron una multa de 30 mil pesos a cada uno de
los 14 pobladores que votaron por Andrés Manuel López Obrador y por los demás
candidatos del Movimiento Progresista en las elecciones del primero de julio,
denunció Miguel Ángel Aguilar Vázquez, vocero de los afectados.
Detalló que el argumento de las autoridades es que no
cumplieron el acuerdo de la asamblea del 27 de mayo pasado de que en ese ejido
todos estaban obligados a votar por los candidatos del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para
presidente, Enrique Peña Nieto; gobernador, Manuel Velasco Coello, y para
alcalde, Salomón Hernández Álvarez.
En compañía de los demás pobladores afectados, Aguilar
Vázquez afirmó que cinco de ellos fueron encarcelados 62 horas, del 10 al 12 de
agosto, y otros cinco que se entregaron voluntariamente pasaron 24 horas en
prisión, en represalia porque se han negado a pagar los 30 mil pesos.
“Hoy hicieron una reunión y exigían que lleváramos el
dinero, pero de dónde vamos a sacar 30 mil pesos si somos campesinos, además de
que es totalmente injustificado pagar por no votar por los candidatos que las
autoridades pretendían obligarnos”, aseveró.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La
Jornada, el orquestador del acuerdo en la asamblea en que la mayoría convino
votar por los abanderados de PVEM y PRI fue el comisario ejidal, Raúl Jiménez
Pérez, quien el pasado 10 de julio concluyó su cargo, junto con el ex
presidente municipal, Armando Aguilar Jiménez.
“Nuestra decisión personal fue votar por López Obrador
y por los demás candidatos del Movimiento Progresista, porque somos libres de
votar por quien queramos y la ley nos protege, pero estos señores no nos
perdonan que no hayamos votado por los candidatos de PVEM y PRI”, manifestó.
Agregó que debido a las presiones y amenazas, el pasado
viernes los acusados salieron de la comunidad, porque la exigencia era que este
domingo entregaran el dinero. “Nuestros familiares nos acaban de avisar que en
la junta de hoy amenazaron con que van a cortar los servicios de luz y agua en
nuestras casas si no pagamos”, comentó.
“Pedimos la intervención de las autoridades y de los
organismos de derechos humanos porque no es justo lo que nos están haciendo”,
subrayó el ejidatario.
El acuerdo de multar a los 14 pobladores fue tomado
pasadas las elecciones, durante una reunión a las que los afectados no
asistieron.
Octavio Pérez Espibis, 66 años, otro de los afectados,
aseveró que fue encarcelado durante 62 horas luego de ser agredido por el ahora
ex presidente del comisariado ejidal y su sucesor, Delmar Aguilar Alfaro, y sus
policías. “Sin importarles mi edad me sacaron de mi casa y me aventaron a la
camioneta, a mi esposa Estela Santiago, de 67 años, la jalonearon y
reprimieron; todavía tiene los brazos morados”, denunció.
Con información de La Jornada.
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