Sandra Ávila Beltrán, “La
Reina del Pacífico”, presunta operadora del cártel de Sinaloa, que ha
trascendido a expresiones de la cultura popular, es identificada como una de
las pocas mujeres que ha logrado destacar en el ámbito del narcotráfico.
Es sobrina de Miguel Ángel
Félix Gallardo, fundador del extinto cártel de Guadalajara y el máximo capo en
el país en la década de 1980. Sus padres son María Luisa Beltrán Félix y
Alfonso Ávila Quintero, familiar del también exlíder del cártel de Guadalajara,
Rafael Caro Quintero.
La presunta
narcotraficante fue detenida en 2007, en compañía del colombiano Juan Diego
Espinosa, “El Tigre”, quien era su pareja. Se les acusó por trasladar al menos
nueve toneladas de cocaína en el buque Macel, decomisadas en 2002 en el puerto
de Manzanillo, en el Pacífico Mexicano. Aunque ella decía que se dedicaba a
vender ropa.
Las autoridades señalaron
que fungía como intermediaria entre narcotraficantes colombianos y el cártel
mexicano de Sinaloa, que dirigen: Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo
Guzmán Loera.
A partir de su
aprehensión, “La Reina del Pacífico” estuvo inmersa en un intrincado proceso
judicial, que incluyó el reclamo de las autoridades de Estados Unidos para
extraditarla.
"Ahora tropiezo con
los muros de mi celda entre la depresión y el ánimo, medio muerta y medio viva,
caída y vuelta a levantar. Estoy aquí sin delito y esto ya va para 10
meses", expresó Ávila Beltrán en el libro La Reina del Pacífico: es la
hora de contar, de Julio Scherer.
"Fui capturada y los
medios me exhibieron con todo su poder. Narcotraficante, peligrosa, es lo menos
que han dicho de mí en su gritería", agregó Ávila Beltrán en un diálogo
con Scherer. Ahí dijo que rechaza el apodo de “La Reina del Pacífico”.
Aunque en un inicio la
acusación de la justicia mexicana estuvo relacionada con narcotráfico y
delincuencia organizada, a finales de 2010 un juez la absolvió de esos cargos.
Tiempo después, la
Procuraduría General de la República (PGR) inició un procedimiento, por lavado
de dinero, y un juez le dictó formal prisión en marzo de 2011.
Un Tribunal Colegiado en
México autorizó la extradición a Estados Unidos de Sandra Ávila Beltrán en
junio de 2012.
El Poder Judicial de la
Federación explicó en ese momento que uno de los cargos por lo que Estados
Unidos reclama su extradición, relacionado con el aseguramiento de nueve
toneladas de cocaína en costas mexicanas, ya había sido considerado en un
juicio que tuvo Ávila Beltrán en territorio mexicano.
En cambio, un segundo cargo,
relacionado con la entrega de 100 kilogramos de cocaína en la ciudad de
Chicago, Estados Unidos, en 2001, es el que permitiría su extradición sin que
se violen sus derechos.
En febrero de 2011,
autoridades del Distrito Federal iniciaron una investigación en el penal
femenil de Santa Martha Acatitla, porque trabajadores de esa instalación
supuestamente permitieron a Ávila Beltrán realizarse un tratamiento estético
con botox.
Más adelante, las
autoridades reportaron que la persona que se inyectó botox dentro del penal no
fue Ávila Beltrán, sino la directora de la cárcel, que fue destituida.
Versiones periodísticas
indicaron que La Reina del Pacífico tuvo privilegios en esa prisión, como el de
usar zapatillas, gorras y lentes oscuros.
Poco después de ese
incidente, Sandra Ávila fue trasladada de Santa Martha Acatitla al Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 del estado de Nayarit, en el
norte de México.
La imagen de su rostro
sonriente, en el momento en que le tomaron la foto de registro para ingresar a
prisión, llamó la atención de medios y de algunos especialistas que
consideraron que era un gesto desafiante.
En el ámbito de la
literatura, se menciona que Sandra Ávila inspiró la novela de La Reina del Sur,
escrita por Arturo Pérez-Reverte, que a la postre inspiró una telenovela
protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo, además de varios
corridos.
El gobierno mexicano
entregó este jueves a Sandra Ávila Beltrán a las autoridades estadounidenses en
el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
Comparecerá ante la corte
federal del Distrito Sur de Florida para enfrentar un par cargos: conspiración
para importar cocaína, y conspiración para poseer e intentar distribuir
cocaína. Ambos pueden tener como pena máxima la cadena perpetua.
Redacción, con información
de CNN
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