El consejo general del Instituto Federal
Electoral (IFE) descartó la solicitud del Movimiento Progresista para ordenar un
procedimiento extraordinario de fiscalización del que resulte un dictamen
parcial de los gastos de campaña del candidato priísta Enrique Peña Nieto.
En su petición, la coalición recalcó que
hay rezagos en las indagatorias de al menos once quejas vinculadas a presuntas
erogaciones irregulares e ilegales del abanderado priísta.
El representante del PRD ante el IFE, Camerino
Márquez, explicó que el procedimiento extraordinario que propone la coalición
no significa vulnerar la fiscalización en curso (revisión de los informes de
partidos) y tampoco interfiere en el programa de fiscalización que acordó el
consejo general en mayo pasado sino sería un mecanismo de información,
fundamental en el juicio de inconformidad -contra la elección presidencial- que
se desarrolla actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Leonardo Valdés, consejero presidente del
IFE, aseveró que no hay fundamento “constitucional ni legal” para aceptar el
planteamiento de la coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés
Manuel López Obrador. Por el contrario, advirtió, una auditoría acelerada
“vulneraría el marco legal”.
“Con base en lo anterior, el proyecto de
acuerdo que está a nuestra consideración no genera certeza jurídica. Su
aprobación modificaría procedimientos que ya están en curso y que, al no ser
impugnados, han quedado en firme… Por ello, considero que existe un impedimento
jurídico para alterar los plazos que este mismo consejo general aprobó”, señaló
durante la sesión extraordinaria.
Dijo que el proyecto de acuerdo en
referencia no genera certeza jurídica en la aplicación del acuerdo del consejo
general, de mayo pasado, con base en el cual se fijaron las fechas para que los
partidos y coaliciones entregaran informes de ingresos y egresos de campaña.
Además, se autorizó que los informes de la Unidad de Fiscalización del IFE
emita los resultados de sus indagatorias a más tardar el 30 enero de 2013.
Con información de La Jornada
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