“En la contratación de este producto no se aseguraron las mejores condiciones para el Estado, se violaron procedimientos establecidos en la norma, y se provocaron pagos en demasía, lo que generó un adeudo de mil 300 millones de pesos”, refirió.
Por esta contratación, el pasado 7 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades.
“La Consejería Jurídica de Presidencia presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable”, destacó.
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